FAPMI alerta de aumento «alarmante e invisible» de violencia infantil en España

La Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil presentó en noviembre un panorama inquietante: las consultas que recibe sobre violencia contra menores han crecido un 18% durante 2021 en comparación con el año anterior. No se trata de un aumento marginal en un servicio de orientación. Es un incremento que refleja, según los expertos convocados para debatir el problema, apenas la punta visible de una crisis mucho más profunda.

Los casos que llegan a FAPMI se concentran en dos categorías: maltrato físico y violencia psicológica. Pero aquí está el nudo del asunto. María Dolores López, directora general de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación, lo expresó con claridad: quienes ejercen violencia prosperen precisamente porque consiguen mantenerse invisibles, amparados en el silencio. Esa invisibilidad no es accidental. Es el mecanismo que permite que la violencia continúe.

Los números que los investigadores aportan son aún más perturbadores. Noemí Pereda, profesora de victimología en la Universidad de Barcelona, ha estudiado directamente a menores de entre 12 y 17 años en Cataluña, la Comunidad Valenciana y País Vasco. Su hallazgo: más del 80% de los chicos y chicas españoles ha experimentado alguna forma de violencia en algún momento de sus vidas. Uno de cada cuatro reportó haber sufrido maltrato físico, abuso emocional o negligencia por parte de sus padres o cuidadores principales. Pero aquí viene lo más grave: el 90% de esos casos nunca fue denunciado ni notificado mientras los menores eran niños.

Eso significa que la mayoría de la violencia que sufren los menores españoles permanece en la sombra. No entra en estadísticas oficiales. No llega a los servicios de protección. No se convierte en intervención. Ricardo Ibarra, director de la Plataforma de Infancia, subraya que el problema es "desconocido y mucho más grave" de lo que la sociedad cree. Para ilustrarlo: en las denuncias por delitos contra la libertad sexual, la mitad corresponde a menores. Eso solo en lo que se denuncia.

Violeta Assiego, directora general de Derechos de la Infancia y la Adolescencia en el Ministerio de Derechos Sociales, expresó su preocupación porque la prevención "no termina de materializarse". Lo que falta, según los expertos, es cooperación real entre instituciones, coordinación efectiva y comunicación clara. López enfatizó la necesidad de implementar la figura del coordinador de bienestar y protección en los centros educativos, y de que toda la comunidad educativa asuma corresponsabilidad en la detección de menores vulnerables.

Alejandra Pascual, coordinadora general de FAPMI-ECPAT España, recordó que detrás de cada cifra hay un niño o una niña y una familia que sufre. Las cifras, dijo, son "bienvenidas" porque permiten visibilizar la magnitud del problema. Pero también son incompletas. Representan solo lo que se ha reportado, no lo que realmente ocurre. La violencia contra la infancia, en su evaluación, es una "verdadera pandemia". Una que prospera en la invisibilidad, alimentada por el silencio que rodea a quienes la ejercen.