Familia de joven accidentado pide cama UCI; Glovo rechaza asumir gastos médicos

Antonio Paricio estaba trabajando como repartidor para Glovo el sábado 26 de setiembre cuando su motocicleta colisionó contra un tráiler en la Panamericana Norte. El impacto fue severo. Sufrió múltiples fracturas en la cara y el cuerpo, lesiones lo suficientemente graves como para requerir internación en una Unidad de Cuidados Intensivos. Pero mientras Paricio —quien además es abogado de profesión— lidiaba con el dolor y la urgencia médica, su familia enfrentaba un problema adicional: la empresa para la cual trabajaba se negaba a asumir los costos del tratamiento.

La posición de Glovo fue clara y tajante. A pesar de que el accidente ocurrió durante la jornada laboral de Paricio, durante el horario en el que cumplía sus funciones como repartidor, la empresa no se haría cargo de los gastos médicos. La familia quedó sin recursos para costear una cama UCI, un servicio crítico que el joven necesitaba con urgencia. Los parientes comenzaron a recorrer hospitales buscando disponibilidad, pero encontraron puertas cerradas y camas ocupadas. Mientras tanto, Paricio permanecía en condiciones que sus familiares describieron como precarias.

Los médicos lo trasladaron a una carpa habilitada para pacientes con COVID-19. Esto ocurría en un contexto donde la pandemia aún saturaba los sistemas de salud, y los espacios de aislamiento se habían convertido en soluciones improvisadas. Lo paradójico era que Paricio había sido sometido a una prueba molecular que resultó negativa, pero permanecía alojado en un área donde había pacientes infectados. Su tía explicó a un medio de comunicación que aunque la muestra había salido negativa, lo mantenían expuesto a personas con coronavirus confirmado, multiplicando el riesgo. Los resultados de la prueba molecular tardaban dos días en llegar, dejándolo en una zona de incertidumbre médica y física.

La Defensoría del Pueblo intervino. Según lo que relataron los familiares, la institución había llamado al hospital la noche anterior pidiendo explícitamente que no sacaran a Paricio de donde estaba siendo atendido. Pero la situación seguía siendo insostenible. Con múltiples fracturas en el rostro y el cuerpo, requería cuidados que una carpa de emergencia no podía proporcionar. La familia no tenía dinero. La empresa no respondía. Los hospitales no tenían camas disponibles.

Según lo que los familiares pudieron reconstruir del accidente, Paricio no fue responsable de lo ocurrido. Había videos que mostraban que el tráiler se había estacionado en la vía auxiliar de la Panamericana sin señalización alguna. El camión de carga estaba mal posicionado, creando una trampa para los motociclistas que circulaban por esa zona. Cuando Paricio pasó, no tuvo forma de evitar el impacto. La culpa no era suya, pero el costo lo pagaba él, y su familia buscaba desesperadamente una solución.

A finales de setiembre de 2020, mientras la pandemia seguía complicando el acceso a camas UCI en Lima, los parientes de Antonio Paricio hacían un llamado público. Pedían a las autoridades que intervinieran, que encontraran una cama en algún hospital, que reconocieran que un joven que estaba trabajando cuando sufrió el accidente merecía atención médica adecuada. La pregunta implícita en su demanda era incómoda: ¿quién es responsable cuando un trabajador se accidenta cumpliendo sus funciones y la empresa se desentiende?