Exjueza de inmigración demanda a Trump por represalias tras denunciar trato a menor

Chloe Dillon trabajaba como jueza de inmigración en San Francisco, un puesto que le permitía revisar casos de personas detenidas por las autoridades migratorias. En agosto de 2025, envió un correo electrónico a su supervisor expresando preocupación sobre un menor no acompañado que estaba siendo detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. En su mensaje, Dillon señaló que el caso presentaba lo que ella consideraba violaciones claras del debido proceso legal. El menor, según su análisis, no debería ser sometido a un procedimiento de expulsión acelerada sin que primero se considerara su solicitud de asilo, que ya había sido presentada formalmente. Cuarenta y ocho horas después de enviar ese correo, Dillon fue despedida.

Ahora, meses después, Dillon ha presentado una demanda ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California. En su denuncia, sostiene que fue removida de su cargo en represalia directa por haber alertado sobre lo que consideraba un trato ilegal e inconstitucional. La demanda acusa al gobierno de violar la Ley de Protección de Denunciantes, una ley federal diseñada para proteger a los empleados públicos que reportan conductas ilegales. También plantea que la administración violó sus derechos bajo la Primera Enmienda, que protege la libertad de expresión, y la Quinta Enmienda, que garantiza el debido proceso.

El contexto que rodea el caso de Dillon revela un patrón más amplio. Según reportes de Bloomberg Law, la administración Trump ha despedido a más de cien jueces de inmigración desde enero de 2025, aunque otras fuentes citan cifras de al menos ciento treinta y cinco. Estos despidos ocurren en un momento en que la administración ha implementado directivas que buscan acelerar los procedimientos de expulsión. Una de esas directivas, emitida en 2025, ordenaba a los jueces de inmigración otorgar automáticamente las solicitudes del ICE para trasladar casos a otros tribunales. Cuando Dillon cuestionó esta directiva, su supervisor le advirtió que la Casa Blanca estaba consciente de su oposición y le instó a no enfrentarse a la orden.

Lo que hace el caso de Dillon particularmente significativo es su posición dentro del sistema judicial. A diferencia de los jueces federales, que son nombrados de por vida y pertenecen al poder judicial independiente, los jueces de inmigración forman parte de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, una agencia dependiente del Departamento de Justicia. Esto significa que técnicamente están bajo la autoridad del poder ejecutivo, lo que ha permitido a la administración removerlos con relativa facilidad. Una junta de protección de sistemas de mérito determinó recientemente que el fiscal general puede destituir a estos jueces a su discreción, aunque esa decisión está siendo apelada.

Otros jueces de inmigración despedidos también han presentado demandas, alegando discriminación por género, edad, etnia, o por sus antecedentes en la defensa de derechos de inmigrantes. El caso de Dillon se suma a una serie creciente de litigios que cuestionan tanto los despidos masivos como las políticas migratorias que los acompañan. La demanda plantea argumentos constitucionales amplios, incluyendo referencias a la Cláusula de Nombramientos y al Artículo II de la Constitución, lo que sugiere que los abogados de Dillon están buscando establecer precedentes sobre los límites del poder ejecutivo para remover jueces sin causa aparente.

El caso también ilumina una tensión fundamental en el sistema de justicia migratoria estadounidense. Los jueces de inmigración tienen la responsabilidad de revisar si las detenciones y los procedimientos de expulsión cumplen con la ley y la Constitución. Cuando un juez expresa preocupación sobre una violación potencial de derechos, especialmente en el caso de un menor, está cumpliendo con su deber judicial. Sin embargo, si los jueces que plantean estas preocupaciones son removidos poco después, el sistema pierde su capacidad de revisión independiente. El caso de Dillon sugiere que esta es exactamente la dinámica que se está desarrollando dentro de la administración actual.