España y cuatro países piden a Bruselas impuesto a beneficios energéticos, pero Von der Leyen lo rechaza

A cinco países europeos les molesta lo que ven como una injusticia económica. Cuando la guerra entre Estados Unidos e Israel e Irán estalló el 28 de febrero, los precios de la energía y los combustibles se dispararon en toda Europa. Las compañías energéticas, sin hacer nada especial para merecerlo, vieron cómo sus ganancias se multiplicaban. Esos beneficios inesperados —lo que en el lenguaje de los economistas se llama "beneficios caídos del cielo"— llegaron a ser tan sustanciales que cinco gobiernos decidieron actuar.

A principios de abril, los ministros de economía de España, Alemania, Italia, Austria y Portugal, encabezados por el vicepresidente primero español Carlos Cuerpo, enviaron una carta conjunta a la Comisión Europea. Su petición era clara: crear un impuesto a nivel comunitario que gravara esos beneficios extraordinarios que las energéticas estaban acumulando gracias a la crisis geopolítica. No era una propuesta marginal ni de un solo país. Era una demanda coordinada de cinco naciones que representan una porción significativa de la economía europea.

Desde Madrid, el ministro de Hacienda Arcadi España explicó la posición española en una entrevista televisiva. El país, dijo, estaba monitorizando la situación y estudiando la opción junto con sus socios comunitarios. Pero dejó clara la preferencia: España quería una solución europea, no medidas aisladas de cada nación. Había una lógica en eso. Un impuesto coordinado a nivel comunitario sería más efectivo, más justo, y evitaría que las compañías energéticas simplemente trasladaran sus operaciones a países con regulaciones más laxas.

Pero Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, no estaba dispuesta a avanzar en esa dirección. Según acceso a los borradores de las medidas que el Ejecutivo comunitario estaba preparando para hacer frente al impacto energético de la guerra de Irán, ninguno de ellos contemplaba la creación de un nuevo impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las energéticas. La respuesta de Bruselas fue, en esencia, un no.

Lo que la Comisión sí hizo fue abrir una puerta lateral. Aunque rechazaba crear un mecanismo fiscal comunitario, dejaba claro que cada país podía actuar de forma independiente si lo deseaba. Era una solución que satisfacía a nadie completamente. Para los cinco países que habían presentado la solicitud conjunta, significaba que sus demandas de coordinación europea habían sido ignoradas. Para aquellos que se oponían a cualquier impuesto sobre las energéticas, era una victoria parcial: al menos no había una medida vinculante a nivel de toda la Unión.

España se encontraba en una posición incómoda. Había apostado por la vía europea, había coordinado con sus socios, había presentado una petición formal. Ahora tendría que decidir si actuaba sola o si esperaba a ver qué hacían los demás. El ministro España había sido cuidadoso en sus palabras: España estudiaría la situación, consultaría con sus socios, y luego tomaría las decisiones que considerara necesarias. Era una forma diplomática de decir que aún no había decidido nada, que estaba esperando a ver cómo se desarrollaba la situación en Bruselas y en los otros países.