Escándalo en Cornell: dos años de inacción tras violación grupal desatan indignación

En la madrugada del 20 de octubre de 2024, una estudiante de la Universidad de Cornell fue agredida sexualmente por siete miembros de la fraternidad Chi Phi. Casi dos años después, en septiembre de 2026, ella presentó una demanda contra la universidad y los siete presuntos agresores, desatando una crisis institucional que ha sacudido a docentes, estudiantes y autoridades estatales.

La joven, quien se identifica como Jane Doe para proteger su privacidad, ha recibido apoyo masivo del campus. Documentos a los que accedió CNN News revelan un patrón inquietante de inacción. En noviembre de 2024, apenas semanas después de los hechos, la víctima declaró a la policía universitaria que podía afirmar "con seguridad al 100%" que había sido violada. Describió coerción y su incapacidad para consentir debido a su estado de embriaguez. A pesar de esto, Matthew Van Houten, fiscal de distrito del condado de Tompkins, decidió no presentar cargos. La estudiante sostiene que las autoridades archivaron su caso sin realizar una investigación exhaustiva.

Los documentos muestran que la policía de Cornell redactó cartas dirigidas a Verizon y T-Mobile el 15 de noviembre de 2024, solicitando que preservaran datos de teléfono que podrían ser evidencia pertinente. Sin embargo, no está claro si esas cartas fueron enviadas, si se presentaron citaciones judiciales posteriores, o si el fiscal Van Houten estaba siquiera informado de estas solicitudes. Durante casi dos años, el caso permaneció en silencio.

La ruptura llegó el 16 de septiembre cuando se conoció la demanda. Jane Doe acusa a la universidad de no protegerla ni sancionar adecuadamente a los estudiantes acusados. Su abogado, Thomas Giuffra, informó que desde entonces la joven ha recibido amenazas y que usuarios en redes sociales han intentado revelar su identidad. Giuffra se reunió con la oficina de la fiscal general del estado y confía en que una investigación imparcial examine las pruebas que su equipo ha recopilado, incluyendo grabaciones de llamadas entre la víctima y algunos acusados, así como correos electrónicos con disculpas.

La indignación ha sido inmediata y generalizada. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, trasladó la investigación a la Fiscalía General del estado y criticó duramente a la policía local. "¿En qué mundo la policía se entera por la víctima de que había sido violada en grupo y de que ella creía al cien por cien que había sido violada, y no informa de esas acusaciones al fiscal?", cuestionó. La Universidad de Cornell anunció que Sally Yates, quien fue fiscal general adjunta durante la administración Obama, dirigirá una revisión independiente exhaustiva sobre cómo la institución previene y responde al acoso y la agresión sexual en el campus.

Esta decisión llegó después de que miembros del Senado del profesorado presentaran una moción de censura contra la administración universitaria, buscando forzar cambios o dimisiones. El lunes, cientos de estudiantes marcharon por el campus exigiendo justicia. Gritaban consignas como "Sin justicia no hay paz" y "Queremos justicia ahora". Algunos atacaron el edificio de administración, rompiendo una puerta de cristal y escribiendo en las paredes: "Acabemos con el patriarcado" y "En Cornell, los violadores están protegidos, los manifestantes son expulsados". Esta última frase hacía referencia a quince estudiantes expulsados en 2024 por protestar contra la invasión israelí de Gaza, un contraste que amplificó la rabia del campus.

Hochul ha impulsado cambios en la ley estatal sobre agresión sexual. Actualmente, el Código Penal de Nueva York no considera incapacitadas a las personas que quedan intoxicadas tras consumir voluntariamente alcohol o drogas. La gobernadora busca modificar esta disposición para que los acusados de delitos sexuales no puedan eximirse de responsabilidad alegando que la víctima consumió sustancias por decisión propia. La Universidad de Cornell ha expresado su apoyo a esta reforma. Las investigaciones tanto de la fiscal general del estado como la encargada a Sally Yates deberán responder preguntas fundamentales: cómo gestionó la policía de Cornell las acusaciones, qué información se compartió con la fiscalía, por qué los fiscales decidieron no presentar cargos, y si las medidas internas de la universidad fueron suficientes.