En las aguas del Pacífico ecuatoriano, donde el sustento de decenas de familias navegaba a bordo de embarcaciones pesqueras, la justicia ha pronunciado su primera palabra: inocentes. Una jueza de Quito absolvió el 7 de octubre a 32 tripulantes cuyos barcos fueron hundidos en operaciones conjuntas entre fuerzas militares estadounidenses y el gobierno ecuatoriano, hallando que ninguna prueba respaldaba las acusaciones de narcotráfico esgrimidas por el Comando Sur. El veredicto inaugura una serie de tres juicios que definirán el destino de 88 marineros, y plantea preguntas que trascienden lo jurí
Jueza ecuatoriana declara inocentes a 32 tripulantes bombardeados por EEUU
32 pescadores fueron detenidos y sus embarcaciones destruidas; enfrentan pérdida de herramientas de trabajo y presunto secuestro antes de ser entregados a autoridades ecuatorianas.
Sin pruebas documentales, la acusación se desmorona
Mark
¿Por qué una jueza ecuatoriana absolvería a 32 pescadores si el Comando Sur estadounidense los acusaba de narcotráfico?
Mimi
Porque la acusación no tenía respaldo. El Ministerio Público nunca presentó pruebas documentales, informes de investigación, nada. Solo había afirmaciones del lado estadounidense.
Luke
Pero espera—¿el Ministerio Público ecuatoriano no investigó por su cuenta? ¿O simplemente no encontró nada y decidió no presentar caso?
Mimi
La fuente dice que no presentaron ningún informe ni evidencia. No sabemos si investigaron y no encontraron nada, o si nunca investigaron en serio.
Mark
¿Y qué pasa ahora con los otros 56 pescadores en los juicios pendientes?
Mimi
La defensa espera que los tribunales lleguen a las mismas conclusiones, porque los hechos son idénticos. Pero eso no es garantizado.
Luke
Exacto. Una sentencia de primera instancia no vincula a otros jueces. Podrían decidir diferente.
Mimi
Verdad. Pero si los hechos son realmente idénticos y no hay pruebas en ningún caso, la lógica sugiere que deberían absolver a todos.
Mark
¿Y qué hay de las embarcaciones destruidas? ¿Eso es un crimen separado?
Mimi
Sí. Los pescadores ahora consideran demandar para que se investigue la destrucción de sus barcos y el presunto secuestro antes de ser entregados a las Fuerzas Armadas.
Luke
Pero eso es un argumento diferente. La destrucción de propiedad en una operación militar conjunta es legalmente complicado. No es lo mismo que probar narcotráfico.
Mimi
Cierto. Pero para estos hombres, los barcos eran sus herramientas de trabajo. La pérdida es real, independientemente de si fueron criminales o no.
Der Puls
- Treinta y dos pescadores enfrentaron cargos de narcotráfico sin que la fiscalía presentara un solo informe, documento o prueba que los vinculara al crimen organizado.
- Sus embarcaciones —el Conquista II y el María Candelaria— fueron hundidas durante operaciones militares conjuntas, privando a sus tripulantes de sus herramientas de trabajo y medios de vida.
- El Ministerio de Defensa ecuatoriano justificó el hundimiento de los barcos alegando riesgos operativos, pero esos argumentos no encontraron eco en el tribunal.
- La absolución abre la puerta a nuevas acciones legales: la defensa analiza demandar al Estado por destrucción de embarcaciones y por lo que califica como detención ilegal previa a la entrega a las autoridades.
- Dos juicios adicionales —para 46 y 10 tripulantes respectivamente— se celebrarán en los próximos días, y la defensa confía en que el patrón de inocencia se repetirá dado que los hechos son esencialmente idénticos.
- El caso atrae la atención del relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, quien exige transparencia sobre las interceptaciones, las pruebas reales y las garantías legales ofrecidas a los marineros.
En las aguas del Pacífico ecuatoriano, donde el sustento de decenas de familias navegaba a bordo de embarcaciones pesqueras, la justicia ha pronunciado su primera palabra: inocentes. Una jueza de Quito absolvió el 7 de octubre a 32 tripulantes cuyos barcos fueron hundidos en operaciones conjuntas entre fuerzas militares estadounidenses y el gobierno ecuatoriano, hallando que ninguna prueba respaldaba las acusaciones de narcotráfico esgrimidas por el Comando Sur. El veredicto inaugura una serie de tres juicios que definirán el destino de 88 marineros, y plantea preguntas que trascienden lo jurídico: sobre la proporcionalidad del poder, la fragilidad de los más vulnerables ante la maquinaria de la seguridad nacional, y el precio que pagan quienes viven del mar cuando los Estados deciden actuar.
Una jueza ecuatoriana absolvió el 7 de octubre a 32 tripulantes de dos pesqueros —el Conquista II y el María Candelaria— acusados de operar como puntos flotantes de abastecimiento para redes de narcotráfico. El fallo es el primero de tres juicios que involucran a 88 marineros cuyos barcos fueron hundidos entre finales de agosto y mediados de septiembre durante operaciones conjuntas entre militares estadounidenses y el gobierno de Ecuador.
El Comando Sur de Estados Unidos había afirmado que las embarcaciones servían a organizaciones criminales como Los Choneros, pero la jueza no encontró sustento alguno para esas acusaciones. Según el abogado defensor Juan Alvia, la fiscalía no presentó informes de investigación, documentos ni evidencia de ningún tipo que vinculara a los acusados con el tráfico de drogas o de combustibles. La absolución, concedida bajo libertad condicional, representa un golpe directo a la justificación oficial del operativo.
El ministro de Defensa ecuatoriano, Giancarlo Loffredo, había argumentado en entrevistas que hundir los barcos era más seguro que remolcarlos a tierra, invocando el riesgo de embestidas durante el traslado y los peligros del combustible que supuestamente transportaban. Ninguno de esos argumentos persuadió al tribunal.
La victoria legal no cierra las heridas de los pescadores. La pérdida de sus embarcaciones significa la pérdida de su sustento, y la defensa estudia presentar demandas para que la fiscalía investigue tanto la destrucción de los barcos como lo que los tripulantes describen como una detención ilegal antes de ser entregados a las fuerzas armadas ecuatorianas.
Quedan pendientes dos audiencias más: una este jueves para 46 tripulantes adicionales, y otra el 20 de octubre para 10 marineros más. La defensa es optimista, dado que los hechos en cada caso son prácticamente idénticos. Mientras tanto, el relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, Ben Saul, ha exigido mayor transparencia sobre los motivos de las interceptaciones, las pruebas existentes y las garantías legales que se ofrecieron —o no— a quienes vivían del mar.
A judge in Ecuador's capital has cleared 32 fishermen of charges related to alleged drug trafficking, finding no evidence to support accusations that their vessels operated as floating supply stations for narcotics smugglers. The ruling, handed down on October 7, marks the first verdict in a series of three trials that will ultimately determine the fate of 88 crew members across five fishing boats destroyed during joint operations between United States military forces and Ecuador's government between late August and mid-September.
The two vessels at the center of this first case—the Conquista II and the María Candelaria—were among eight fishing boats sunk during the operation. The U.S. Southern Command had claimed the ships were being used to resupply drug trafficking networks and alleged connections to Los Choneros, a criminal organization. Despite these assertions, the judge found no criminal conduct had been proven. The prosecution presented no investigative reports, no documentary evidence, nothing that could connect the defendants to drug trafficking or fuel smuggling, according to their defense attorney, Juan Alvia.
The acquittal, granted under conditional release, represents a significant setback for the justification offered by both governments for the destruction of the vessels. Ecuador's Defense Minister Giancarlo Loffredo had argued in a recent radio interview that sinking the boats was safer than towing them to shore. He cited two reasons: the risk that an intercepted vessel might ram a coast guard patrol boat during transport, endangering military personnel, and the danger posed by transferring fuel that the ships allegedly carried without proper safety protocols. Neither argument appears to have swayed the court.
The legal victory for these 32 fishermen does not end their ordeal. They are now considering filing additional lawsuits to demand that Ecuador's Public Ministry investigate the destruction of their boats and equipment, as well as what they characterize as their unlawful detention before being handed over to the armed forces. The loss of their vessels represents not just property damage but the loss of their livelihoods—fishing boats are tools of survival for working crews.
Two more trials remain on the docket. A second hearing is scheduled for this Thursday to address the cases of 46 additional crew members, while a third trial involving 10 more fishermen has been postponed until October 20. The defense team is optimistic that the remaining courts will reach the same conclusion, since the facts in each case are essentially identical. If that pattern holds, it would mean acquittals for the vast majority of those detained.
The case has drawn scrutiny from international human rights organizations and from Ben Saul, the United Nations special rapporteur on extrajudicial executions. Saul has called for greater transparency regarding why the boats were intercepted in the first place, what evidence actually exists against the crew members, and what legal protections were afforded to them during the operation. The judge's decision to acquit based on lack of evidence suggests those protections may have been minimal.
Bemerkenswerte Zitate
El Ministerio Público no presentó ningún informe ni evidencia documental de investigaciones por narcotráfico o tráfico de combustibles— Juan Alvia, abogado defensor
La defensa confía en que los tribunales de las causas pendientes ratifiquen la inocencia de los tripulantes restantes, dado que los hechos analizados son idénticos— Reportaje de Prensa Latina
Möchten Sie die ganze Geschichte?
Das Original lesen bei Prensa Latina ↗