El Sistema Patria: la plataforma de Maduro que controla salarios, vacunas y lealtad política

En Venezuela, acceder a un salario, a una ayuda económica o a una vacuna contra la covid-19 requiere estar inscrito en el Sistema Patria, una plataforma digital creada hace cuatro años por el Gobierno de Nicolás Maduro. A principios de abril, mientras el país enfrentaba su segunda ola de contagios, quinientos ancianos se aglomeraban bajo un toldo en la avenida principal de Las Mercedes, en el este de Caracas, esperando recibir la inyección de Sputnik V. Habían sido convocados mediante un mensaje de texto: el Sistema Patria los había seleccionado en un sorteo para vacunarse. Así comenzó, de manera azarosa y controlada, la inmunización de la población más vulnerable al virus en un país que ha perdido setenta por ciento de su producto interno bruto en los últimos siete años.

El Gobierno sostiene que más de dieciocho millones de venezolanos están registrados en la plataforma, de un total de casi veintiocho millones de habitantes. Casi la totalidad de los pensionados figura en ella. Pero aproximadamente diez por ciento de los cuatro millones y medio de personas mayores de sesenta años con derecho a pensión permanece fuera del sistema, según la organización Convite, que distribuye ayuda humanitaria. Algunos carecen de teléfono celular o cobertura móvil, requisitos indispensables para estar en la plataforma. Otros simplemente rechazaron tramitar el carnet de la patria, el documento de identidad digital que Maduro aspira convertir en la nueva cédula nacional. La exclusión es deliberada: quienes no están registrados reciben en sus cuentas bancarias apenas un millón ochocientos mil bolívares mensuales, equivalente a medio centavo de dólar. Los que sí están inscritos reciben una bonificación adicional de tres millones de bolívares, el llamado bono contra la guerra económica, lo que les permite llegar a poco más de dos dólares al mes.

Beatriz Sambrano, ingeniera de setenta y un años que trabajó toda su vida para el sector público, decidió no registrarse. "Nunca me he querido inscribir, porque me parece que es un mecanismo de coacción", explica. Recuerda que años atrás, cuando funcionarios pasaban por su trabajo inscribiendo a la gente, le dijeron que si no lo hacía no iba a comer. Su hermano César se registró, pero ha tenido problemas para recibir los bonos. Otros han denunciado usurpación de identidades en el sistema, usuarios bloqueados o asignaciones monetarias que nunca llegan o dejan de llegar. Quienes enfrentan estos problemas generalmente deben acudir a militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela para "escanear el carnet" o "chequear el número de cédula", con la esperanza de que los subsidios comiencen a fluir.

Desde distintos sectores de la sociedad civil, epidemiólogos, médicos, académicos, organizaciones no gubernamentales y activistas de derechos humanos han criticado el condicionamiento de la vacunación a este registro que no incluye a todos los venezolanos. Rafael Uzcátegui, director de la organización Provea, ha señalado que la Organización Mundial de la Salud debería velar porque la vacunación sea transparente y no discriminatoria. El líder opositor Juan Guaidó fue más directo: "Ni siquiera en las dictaduras más crueles hay discriminación para acceder a una vacuna". Luis Cabezas, director de Convite, resumió la contradicción: "Uno no puede estar en contra de que finalmente se haya iniciado la vacunación, aunque con un retraso importante. Pero al utilizar el Sistema Patria como mecanismo dejas por fuera a quienes no tienen teléfono, computadora o están en zonas sin cobertura o que simplemente no quisieron inscribirse".

La vacunación del personal médico también ha presentado retrasos y opacidad. La misma semana que vacunaban a los adultos mayores seleccionados por el Sistema Patria, la policía desalojó a médicos que esperaban recibir la inmunización en el Hospital Vargas de Caracas. La situación se repitió días después en La Guaira. El Gobierno no ha presentado un plan nacional de vacunación que permita saber cuándo le tocará a cada grupo ni cómo se avanza con base en criterios técnicos y epidemiológicos. Venezuela tiene una de las tasas más altas de muertes de personal sanitario: cuatrocientos sesenta y ocho trabajadores de la salud fallecieron por covid-19 en el último año.

El Sistema Patria es mucho más que una plataforma de distribución de vacunas. Es un ente sin sede física del que millones de venezolanos dependen para comer. A través de ella, el chavismo ha levantado una base de datos con información socioeconómica detallada de la población beneficiaria de programas sociales. La ha utilizado para realizar encuestas, detectar casos sospechosos de covid-19 y, fundamentalmente, para ejercer control político. Además de los pensionados, están inscritos casi todos los trabajadores del sector público. De forma aleatoria, reciben bonificaciones semanales o mensuales que muchas veces duplican o triplican sus salarios. En marzo, el control se extendió a las universidades, escuelas y todos los organismos públicos, que ahora cobran sus salarios a través de la plataforma. Durante el pago de la primera quincena de ese mes hubo denuncias de docentes y profesores universitarios que recibieron menos de lo que les correspondía.

El economista Aaron Olmos advierte sobre las implicaciones: "Esto implica mayor control y centralización en un asunto tan sensible como el salario de los trabajadores. Y aumenta las posibilidades de fallas, equívocos y errores, pues el Sistema Patria es un ente sin cara visible, lo que abre las puertas a un manejo discrecional". En un país donde noventa y cuatro por ciento de la población vive en pobreza, donde la incertidumbre rodea cada decisión del Gobierno, el Sistema Patria se ha convertido en la palanca mediante la cual el chavismo mide la lealtad en elecciones, administra la escasez y controla quién come y quién no.