El negocio de las deportaciones: países ricos pagan al sur global para expulsar migrantes

El domingo pasado, Estados Unidos y la República Democrática del Congo sellaron un acuerdo que permite a Washington expulsar migrantes hacia el país africano, incluso cuando esas personas no tienen ningún vínculo con la nación que las recibe. Es el octavo pacto similar que la administración Trump ha negociado en menos de un año. El Salvador, Esuatini, Ghana, Ruanda, Uganda, Sudán del Sur y Guinea Ecuatorial ya han aceptado términos parecidos. No es un fenómeno aislado en Estados Unidos. Italia ha firmado acuerdos con Albania para expulsar migrantes a terceros países. Reino Unido e Israel han hecho lo mismo con Ruanda y Uganda. Lo que emerge de este patrón es una arquitectura de poder económico convertida en política migratoria.

Los números revelan la mecánica con claridad brutal. Estados Unidos, los países de la Unión Europea, Reino Unido e Israel tienen un producto interno bruto per cápita que oscila entre 33.000 y 90.000 dólares. Los países que aceptan recibir a los migrantes deportados —la República Democrática del Congo, Ruanda, Uganda, Sudán del Sur— tienen un PIB per cápita entre 300 y 1.100 dólares. Esa brecha no es accidental. Es el terreno donde opera la presión diplomática. Según una investigación del New York Times, la Casa Blanca ha desplegado una campaña intensiva sobre al menos treinta gobiernos africanos, ofreciendo financiación para fuerzas de seguridad, alivio de restricciones de visado, apoyo a sistemas sanitarios e incluso la reconsideración de inclusiones en listas de vigilancia internacional.

Francesca Pizzutelli, subdirectora del equipo de Derechos de Refugiados y Migrantes de Amnistía Internacional, explica que muchos países del sur global aceptan estos acuerdos porque enfrentan presiones económicas simultáneas. Cuando Estados Unidos aplica recortes de ayuda exterior, aranceles comerciales o restricciones de visados, los acuerdos de deportación funcionan como compensación. Liberia, Ruanda y Uganda aseguraron inversiones estadounidenses en salud tras firmar. Sudán del Sur negoció la eliminación de sanciones individuales contra funcionarios del gobierno, la relajación de restricciones de visado y nuevas inversiones. En el caso de Esuatini, el país aceptó recibir hasta 160 migrantes a cambio de 5,1 millones de dólares destinados a reforzar su capacidad de gestión fronteriza. Ruanda acordó acoger hasta 250 personas por 7,5 millones de dólares.

Lo que hace estos acuerdos particularmente opaco es que muchos permanecen secretos. Aunque algunos han salido a la luz en Estados Unidos tras solicitudes bajo la Ley de Libertad de Información, otros siguen siendo confidenciales. En el caso específico de la República Democrática del Congo, el país africano ha declarado que las deportaciones se gestionarán respetando la soberanía nacional y que se presentarán como un dispositivo de acogida temporal, no como una reubicación permanente. Según el New York Times, esto significa que muchas personas serán retenidas provisionalmente para ser deportadas nuevamente, atrapándolas en un ciclo de expulsiones y detenciones.

Amnistía Internacional ha documentado graves violaciones de derechos humanos en los países receptores. Hay personas retenidas tras detenciones arbitrarias en Esuatini y Sudán del Sur. Los abogados enfrentan dificultades para acceder a sus clientes. En Guinea Ecuatorial, Camerún y la República Democrática del Congo se han registrado numerosos casos de tortura, detenciones arbitrarias y abusos a detenidos. Pizzutelli advierte que la expulsión de migrantes implica un riesgo de detención automática e ilegal en terceros países, lo que vulnera el derecho a la libertad y la prohibición de la devolución, además de riesgos de tortura, tratos inhumanos y situaciones prolongadas de incertidumbre.

Europa avanza en una dirección similar. Italia y Albania han firmado un acuerdo, aunque la justicia italiana ha paralizado los traslados. España, Francia y Alemania llevan años firmando pactos con Marruecos, Túnez y Senegal, aunque estos se han centrado principalmente en devoluciones a países de origen o tránsito. Sin embargo, Pizzutelli advierte que el modelo impulsado por Estados Unidos e Italia podría legislarse en la Unión Europea mediante el Reglamento de Retorno. Varios Estados miembros —Grecia, Austria, Alemania, Países Bajos y Dinamarca— han manifestado su intención de aumentar las deportaciones hacia países con los que las personas no tienen conexión alguna. El Parlamento Europeo ya ha aprobado la norma, mientras avanzan diálogos bilaterales informales con Ruanda, Uganda y Uzbekistán.

La administración Trump, según Pizzutelli, está llevando estas políticas a un extremo. No solo aterroriza a los migrantes en sus comunidades, obligándolos a vivir con miedo, sino a cualquiera que sea percibido como migrante o refugiado. Las detenciones masivas y expulsiones ilegales separan familias, traumatizan comunidades y desperdician miles de millones de dólares de los contribuyentes. Es una estrategia más amplia de deshumanización basada en el miedo y en narrativas falsas.