El narco devora el aguacate mexicano: nuevo fracaso de seguridad

El aguacate mexicano se ha convertido en una prueba de fuego para la seguridad del país. Hace una semana, Estados Unidos detuvo las importaciones de esta fruta desde Michoacán después de que amenazas y actos de violencia pusieron en riesgo a sus inspectores agrícolas. No fue un gesto simbólico. Fue el reconocimiento de que México no puede garantizar la seguridad ni siquiera en sus industrias más prósperas.

La cifra habla por sí sola: en 2025, México envió aguacate hacia Estados Unidos por valor de 3.600 millones de dólares. Es el segundo producto alimentario más exportado al mercado estadounidense, y la demanda no ha dejado de crecer conforme el aguacate se convirtió en un elemento central de la cocina norteamericana. Para México, este comercio es vital. Para Estados Unidos, México es insustituible como proveedor cuando su propia producción no alcanza para satisfacer el consumo interno. La relación es de dependencia mutua, pero también de fragilidad.

Michoacán produce más del 88 por ciento del aguacate mexicano. El estado tiene certificación estadounidense para exportar, lo que significa que supervisores norteamericanos se desplazan regularmente hasta allí para vigilar que se cumplan las normas. Pero Michoacán es también territorio de carteles y organizaciones criminales que han expandido sus operaciones más allá del tráfico de drogas. Ahora cobran piso: extorsionan a los empresarios agrícolas, les exigen dinero a cambio de permitirles trabajar. Los gobiernos de ambos países lo saben. Los propios productores lo han denunciado públicamente. Y sin embargo, durante años, la cadena de producción se mantuvo en pie. Los criminales entendieron que si todo se derrumbaba, ellos también perdían.

Esa ecuación se rompió hace una semana. Las amenazas contra los inspectores estadounidenses fueron la gota que derramó el vaso. Estados Unidos retiró a sus supervisores agrícolas porque no podía garantizar su seguridad. El Gobierno de Claudia Sheinbaum respondió desplegando más de 1.500 efectivos como refuerzo en la región. Dos días después, la actividad se reanudó parcialmente. Pero la normalidad tardó en volver. Doscientos mil trabajadores en Michoacán dependen de esta cadena de producción. Sus empleos quedaron en suspenso.

Esta no es la primera vez. La misma secuencia ocurrió en 2022 y nuevamente en 2024. Tres suspensiones en cuatro años. Cada una de ellas expone la misma realidad incómoda: a pesar de que México conoce el problema, a pesar de que tiene experiencia gestionándolo, a pesar de que existe un Plan Michoacán diseñado específicamente para esto, el Estado no ha logrado ofrecer garantías plenas de seguridad. Los criminales actúan con impunidad. Asesinan alcaldes. Matan líderes del gremio limonero. Amenazan a los inspectores que tienen la llave maestra de una exportación clave para la economía mexicana. Si pueden estrangular la producción de aguacate, es porque no sienten presión alguna del Estado.

La violencia en Michoacán no es un problema de seguridad aislado. Es un síntoma de que el narco ha penetrado profundamente en la estructura económica del país. Convive con la gente, con la política, con la industria. Y mientras siga siendo capaz de asaltar cualquier negocio próspero sin consecuencias, mientras pueda extorsionar a sectores enteros de la economía, México seguirá siendo vulnerable a estos ciclos de crisis. El aguacate es solo el espejo más visible de una incapacidad más profunda.