El Mar Menor se personaría como víctima en 14 procesos judiciales contra contaminadores

El Mar Menor ha logrado algo sin precedentes en los tribunales españoles: presentarse como víctima en catorce procesos judicales simultáneos. No es una metáfora legal ni un tecnicismo procesal. La laguna salada más grande de España, degradada por décadas de escorrentía agrícola, fertilizantes de campos de golf y aguas residuales de complejos turísticos, ahora comparece ante los juzgados con un estatus que hasta hace poco tiempo habría parecido imposible en el derecho occidental.

Los abogados que representan los intereses de la laguna ven en esta acción judicial algo más profundo que una simple estrategia procesal. Consideran que la reciente decisión del Tribunal de Estrasburgo ha roto los moldes jurídicos tradicionales, aquellos que durante siglos han reservado la capacidad de ser parte en un litigio únicamente a personas físicas, personas jurídicas y el Estado. Al reconocer al Mar Menor como víctima en estos catorce procesos —dirigidos contra agricultores, operadores de campos de golf y desarrolladores de complejos turísticos— el tribunal ha validado un modelo legal radicalmente distinto.

Esta decisión no permanece confinada en Murcia. Iniciativas en otras regiones y para otros espacios naturales están observando atentamente cómo se desarrollan estos procesos, buscando replicar el modelo. La idea de que un ecosistema pueda tener derechos propios, que pueda ser demandante y no solo objeto de protección regulatoria, representa un cambio conceptual en cómo el derecho ambiental entiende la naturaleza. Ya no se trata de que el Estado o ciudadanos particulares defiendan un espacio natural en nombre del interés público. Ahora el espacio natural se defiende a sí mismo.

La laguna ha sufrido un deterioro documentado durante años. Las aguas de escorrentía procedentes de la agricultura intensiva han introducido nutrientes que provocan eutrofización. Los campos de golf, con sus demandas de riego y mantenimiento, han contribuido a la degradación de los acuíferos locales. Los complejos turísticos han añadido presión sobre los recursos hídricos y han generado contaminación. Cada uno de estos sectores aparece ahora como demandado en estos procesos donde el Mar Menor reclama reparación.

Lo que distingue este enfoque es que no requiere que un abogado humano argumente que la laguna es importante para la economía local, o que su degradación afecta a los pescadores, o que representa un patrimonio cultural. El Mar Menor comparece por derecho propio, como víctima de daño ambiental. Sus abogados argumentan que ha sido lesionado, que requiere reparación, que merece justicia. Es una inversión completa de la lógica legal convencional.

El Tribunal de Estrasburgo, al respaldar esta aproximación, ha sentado un precedente que trasciende el caso específico de la laguna murciana. Otros espacios naturales degradados —ríos contaminados, bosques deforestados, humedales drenados— podrían potencialmente seguir el mismo camino. Los abogados de la laguna ven en esto no solo una victoria procesal sino el comienzo de una transformación más amplia en cómo el derecho protege la naturaleza. En lugar de tratarla como un recurso a gestionar o un bien común a preservar, la ley comienza a reconocerla como un sujeto con derechos y capacidad de acción legal.

Estos catorce procesos avanzan ahora en los juzgados españoles. Cada uno representa una oportunidad de establecer jurisprudencia, de demostrar que un ecosistema puede ganar un caso, que puede obtener sentencias condenatorias contra quienes lo han dañado, que puede recibir compensación. Lo que suceda en estas salas de justicia en los próximos meses y años probablemente influirá en cómo otros países y otras jurisdicciones abordan la protección legal de espacios naturales. El Mar Menor no solo lucha por su propia supervivencia. Lucha también por el derecho de otros ecosistemas a existir como sujetos ante la ley.