En la ciudad fronteriza de Ceuta, el Gobierno español ha puesto en marcha un plan de dos semanas para desalojar a cientos de inmigrantes de los espacios públicos, acelerando los procedimientos de rechazo de asilo mediante trabajo policial telemático desde fuera del territorio. La medida, presentada como respuesta pragmática a una emergencia de orden público, comprime tiempos que el derecho internacional diseñó para ser pausados y deliberados. En la tensión entre la urgencia administrativa y la dignidad de cada caso individual, se dibuja una de las preguntas más persistentes de nuestro tiempo:
El Gobierno acelera trámites para desalojar inmigrantes de la calle en dos semanas
Cientos de inmigrantes enfrentan desalojo de espacios públicos y potencial deportación acelerada sin claridad sobre protecciones legales.
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