El este de Alemania desafía a Merz sobre la jubilación a los 63 años

Alemania tiene una larga historia de debates sobre pensiones que se remonta al siglo diecinueve, cuando el canciller Otto von Bismarck creó el primer sistema público de jubilaciones del mundo en 1889. Lo que comenzó entonces como un esfuerzo para vincular a los trabajadores con el Estado y evitar su radicalización política sigue siendo hoy, en 2026, un asunto que divide al país y amenaza con desestabilizar el Gobierno.

Este agosto, el canciller Friedrich Merz enfrenta una rebelión inesperada dentro de su propia coalición de Gobierno. Los presidentes de cinco estados del este alemán se han opuesto públicamente a una de las medidas centrales de la reforma de pensiones que Merz quiere aprobar: eliminar la posibilidad de que los trabajadores que han cotizado durante cuarenta y cinco años se jubilen a los sesenta y tres. Lo que hace esta resistencia particularmente incómoda para Merz es que tres de esos cinco presidentes pertenecen a su propio partido, la CDU. Michael Kretschmer en Sajonia, Sven Schulze en Sajonia-Anhalt y Mario Voigt en Turingia han abierto, según los analistas políticos, una caja de Pandora que amenaza con desmoronar toda la reforma y la credibilidad del canciller.

La gran coalición entre la CDU, la CSU bávara y el SPD acordó en julio esta reforma tras negociaciones difíciles que se extendieron durante meses. El acuerdo parecía sólido. Un mes después, el SPD ya pedía reconsiderar la medida sobre la jubilación a los sesenta y tres años. Ahora, siete de los dieciséis presidentes regionales de Alemania reclaman que se mantenga la jubilación anticipada. Además de los tres democristianos del este, se suman los presidentes socialdemócratas de Brandeburgo y Mecklemburgo-Pomerania, así como otros dos presidentes del SPD en el oeste: Anke Rehlinger en el Sarre y Andreas Bovenschulte en Bremen.

La razón oficial para esta rebelión es demográfica e histórica. En el este, el treinta y tres por ciento de los nuevos jubilados pueden retirarse anticipadamente a los sesenta y tres años, comparado con el veintisiete por ciento en el oeste. En total, afecta a dos millones novecientas mil personas en todo el país. La diferencia tiene raíces profundas: en la antigua Alemania comunista, los trabajadores ingresaban al mercado laboral más temprano que en occidente. Era común comenzar a trabajar apenas terminada la escuela, a los dieciséis años. Las mujeres, en particular, combinaban tareas domésticas con empleos remunerados, algo menos frecuente en el oeste. El resultado es que una mujer del este se jubila en promedio con cuarenta años de cotización, mientras que en el oeste lo hace con treinta y cuatro. Los presidentes de la CDU del este subrayan que en la Alemania Oriental no existían seguros privados de jubilación, por lo que la pensión estatal es, para la vasta mayoría, el único pilar de provisión para la vejez.

Pero hay una segunda razón, no oficial, que explica la resistencia: las elecciones. Septiembre traerá comicios cruciales en el este, y la extrema derecha de Alternativa para Alemania está ganando terreno aceleradamente. En Sajonia-Anhalt, la AfD aspira incluso a la mayoría absoluta. En Mecklemburgo-Pomerania se espera que sea el partido más votado. Tanto la AfD como la izquierda poscomunista de Die Linke han centrado sus mensajes de verano en atacar la supresión de la jubilación a los sesenta y tres. El activista de derecha radical Julian Reichelt ha difundido en redes sociales argumentos que vinculan la reforma con la inmigración, afirmando que no se puede quitar dinero de las pensiones de los alemanes mientras el Estado transfiere cincuenta mil millones de euros anuales a extranjeros.

La cúpula de la CDU se niega de momento a replantear lo acordado. El nuevo portavoz de los democristianos en el Bundestag, Thorsten Frei, afirmó que no hay margen de negociación. El diputado Pascal Reddig advirtió que romper uno de los pilares de la reforma pone en duda toda la estructura construida. La votación está prevista para después de las vacaciones de verano, a partir de septiembre. Pero Merz enfrenta un dilema: mantener la reforma y arriesgar su credibilidad ante los gobiernos locales y los votantes del este, o ceder y debilitar toda la coalición. Las encuestas muestran que su popularidad ya es la más baja de los últimos cinco años, con apenas el veintiuno por ciento de apoyo. Las elecciones de septiembre en el este pondrán a prueba si su liderazgo puede sobrevivir a esta crisis.