El CEO de Vodafone declara presencialmente contra la querella de Finetwork

José Miguel García, consejero delegado de Vodafone España, comparecerá ante el juzgado el martes 1 de septiembre para declarar en persona sobre la querella que le ha presentado Pascual Pérez, fundador de Finetwork. García rechazó la opción de declarar por videoconferencia, optando en su lugar por acudir físicamente a los tribunales para, según sus propias palabras, desmontar lo que describe como una "trama de falsedades" construida contra Vodafone y contra él mismo.

La querella de Pérez atribuye a García varios delitos graves: administración desleal agravada, falseamiento de cuentas, estafa procesal e insolvencia punible. Los hechos denunciados abarcan el período comprendido entre octubre de 2025 y abril de 2026, momento en el que García simultaneaba su cargo como máximo ejecutivo de Vodafone España con el de administrador único de Wewi Mobile, la sociedad matriz de Finetwork. La acusación sostiene que la deuda exigida a Wewi superó los 227 millones de euros, y el marco teórico de las penas alcanza un máximo acumulado de 23 años de prisión.

Vodafone rechaza categóricamente estas acusaciones. La defensa argumenta que la querella atribuye a García decisiones que fueron tomadas antes de que él asumiera el control de Wewi en noviembre de 2025. Según Vodafone, el endeudamiento de Finetwork era anterior a su llegada, y todas las actuaciones de la operadora estuvieron dirigidas a recuperar una deuda que se había acumulado durante años, evitar el colapso de la compañía y preservar la continuidad del negocio.

El conflicto tiene raíces profundas. La relación comercial entre ambas empresas comenzó en 2019, cuando Wewi suscribió un contrato como colaborador comercial de Vodafone para vender sus servicios a cambio de comisiones. Para 2023, Wewi ya acumulaba una deuda relevante y solicitó transformar la relación en un acuerdo mayorista que le permitiera operar con mayor autonomía pero que también asumiera las cantidades pendientes. Mientras tanto, el entonces CEO de Finetwork, Óscar Vilda, realizaba declaraciones públicas situando el valor de la compañía por encima de los 300 millones de euros. Sin embargo, las cuentas anuales de 2023 auditadas por Deloitte reflejaban incorrecciones materiales e incluían una salvedad sobre la incertidumbre respecto a la capacidad de la empresa para continuar como negocio en marcha.

Ante el incremento de los impagos, Vodafone demandó a Finetwork en enero de 2024 por incumplimiento de contrato. Cuatro meses después, ambas compañías alcanzaron un acuerdo homologado judicialmente en el que Finetwork reconoció una deuda de 63,1 millones de euros. El pacto establecía un calendario de pagos fraccionados por 19,8 millones, con la liquidación del resto conforme a las condiciones acordadas. El incumplimiento del calendario permitía reclamar judicialmente la totalidad de la deuda. El acuerdo incluía además la migración a Finetwork de clientes que hasta entonces pertenecían a Vodafone, proporcionando a Wewi una cartera propia con la que podía buscar inversores o financiación. Pocos días después, la compañía anunció la entrada de KAI en su capital con una aportación de diez millones de euros. Sin embargo, entre junio y diciembre de 2024 volvieron a producirse retrasos en los pagos. Vodafone mantuvo el servicio pese a los impagos, asumiendo costes con terceros, y en diciembre solicitó la ejecución judicial del acuerdo.

En marzo de 2025, la deuda pasó a fase ejecutiva y el juzgado ordenó el embargo de las cuentas bancarias de Wewi. Un mes después, la compañía comunicó el inicio de negociaciones preconcursales, mientras Vodafone solicitaba el nombramiento de un experto independiente. El juzgado designó a FTI & Partners Corporate Recovery Spain y suspendió temporalmente las ejecuciones. En septiembre de 2025, el juzgado homologó un plan de reestructuración liderado por Vodafone que otorgó a la operadora el control del 99,4% de Wewi mediante un canje de deuda por participaciones. La toma de control recibió posteriormente la autorización del Consejo de Ministros y la validación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en noviembre. Ese mismo mes, José Miguel García fue nombrado administrador único de Wewi.

Tras asumir el control, Vodafone asegura que encontró una realidad muy diferente de la trasladada hasta entonces. La cartera real de clientes se situaba por debajo del millón de líneas que la compañía había anunciado alcanzar a finales de 2024. También se detectaron caídas significativas de ingresos y ebitda, así como pérdidas durante los ejercicios 2024 y 2025. Vodafone puso en marcha un plan de estabilización comercial, lanzó una campaña publicitaria con fuerte inversión en medios y renegoció o rescindió contratos con proveedores que imponían elevados compromisos de pago. En marzo de 2026, una revisión técnica de la sede central de Wewi en Elda detectó deficiencias de seguridad y salubridad; el inmueble estaba alquilado por un precio que triplicaba la media de mercado.

En abril de 2026, la Audiencia Provincial de Alicante estimó la impugnación presentada por los socios de Finetwork y anuló la homologación del plan de reestructuración, devolviendo las acciones de Wewi a sus propietarios originarios. A raíz de la resolución judicial, el 12 de junio Vodafone depositó ante notario en Elda las llaves y la documentación societaria de Wewi para que fueran retiradas por los antiguos propietarios. La entrega efectiva se produjo el 8 de julio. La titularidad de las marcas comerciales, sin embargo, permaneció en manos de Vodafone, tras adquirírselas en noviembre de 2025 a Pascual Pérez por 15 millones.