El cáncer no mata a todos por igual: inequidad y acceso en Chile

Alicia Aravena dirige el Observatorio del Cáncer, una organización nacida en 2018 con una misión incómoda: documentar cómo la enfermedad mata de manera distinta según dónde y cómo hayas nacido. Hace poco presentó los hallazgos de su trabajo en un seminario sobre equidad y cáncer en la Cepal, y los números que trae son brutales. El 90 por ciento de las mujeres con cáncer de mama atendidas por una Isapre logra acceder a reconstrucción mamaria después de una mastectomía. En el sistema público, apenas el 30 por ciento lo consigue. No es una diferencia de matiz. Es una brecha que define quién vuelve a sentirse entera y quién no.

El Observatorio nació cuando Aravena y sus colegas periodistas Paola Brovelli y Luz María Cáceres decidieron convertir sus propias historias familiares con el cáncer en investigación. Pero fue un grupo de mujeres sin acceso a reconstrucción mamaria el que se convirtió en el corazón inspirador del trabajo. Casi la mitad de las chilenas diagnosticadas con cáncer de mama se somete a mastectomía, ya sea en uno o ambos senos. La reconstrucción no es vanidad. Es la diferencia entre recuperar una vida o cargar con una amputación que el sistema público considera opcional.

La inequidad no se detiene en la cobertura de procedimientos. Se expresa también en la geografía del país. Antofagasta, donde Aravena estudió periodismo, tiene la tasa más alta de cáncer de pulmón en Chile y ocho veces más cáncer de vejiga que el promedio nacional. La Araucanía concentra casos de cáncer de estómago y colon, asociados a patrones de alimentación y factores culturales. Pero mientras algunos territorios cargan con prevalencias específicas, carecen de la infraestructura para tratarlas. La radioterapia, que cura el 40 por ciento de los cánceres, no existe en al menos ocho regiones. Está concentrada en Santiago. Eso significa que un diagnóstico en el sur o el norte del país no es solo un problema médico. Es una sentencia de desplazamiento, endeudamiento y carrera contra el tiempo.

Melyna Montes, activista comunitaria de Bajos de Mena, vive esta realidad cada fin de semana. Organiza bingos, completadas, rifas y colectas para financiar exámenes de diagnóstico y tratamientos oncológicos de sus vecinos. El sistema de garantías explícitas de salud, el GES, cubre el cáncer de mama, pero no establece plazos para cada etapa del tratamiento. Eso significa que una mujer puede esperar meses entre el diagnóstico y la cirugía, entre la cirugía y la radioterapia. Mientras tanto, la enfermedad avanza. Sebastián Molina, creador del podcast Física en un Minuto, fue diagnosticado en 2020 con un tumor cerebral. La radioterapia convencional en Chile lo habría dejado con daño neurológico permanente. La protonterapia, disponible en España, era segura pero costaba 50 mil euros. Molina trabajaba en un banco y pudo endeudarse. Luego, él y su pareja hicieron bingos, completadas y rifas. Vendieron cosas. Todavía paga la deuda, pero sanó. No todos tienen esa combinación de acceso crediticio y red comunitaria.

Aravena habla del "fantasma del cuidado" para describir cómo muchas mujeres postergan sus propios exámenes preventivos mientras cuidan a otros. Solo el 37 por ciento de las mujeres chilenas tiene su mamografía al día. En zonas rurales, entre el 14 y el 22 por ciento nunca se la ha hecho. No es ignorancia. Es falta de alfabetización en cáncer, distancia, incomodidad del procedimiento, y la sensación de que puede esperar. Cuando finalmente llega un mamógrafo a una comuna rural, las mujeres no aparecen. El resultado son diagnósticos tardíos, diagnósticos avanzados, y menos posibilidades de sobrevivir.

El cáncer cervicouterino es prácticamente erradicado en países que vacunan masivamente. En Chile, la vacuna contra el virus papiloma humano cuesta alrededor de 300 mil pesos. Es gratuita en las escuelas, pero solo hasta cierta edad. Cualquier mujer mayor de 25 años que no fue vacunada debe pagarlo de su bolsillo. Eso significa que una población de riesgo, la que más lo necesita, no accede. El virus causa también cánceres de pene, orofaríngeo y rectal. Una familia completa de cánceres evitables, pero solo si el país hace un esfuerzo de vacunación que hasta ahora no ha priorizado.

La ministra de Salud Ximena Aguilera fue reconocida por el Observatorio por impulsar el primer acuerdo de riesgo compartido en cáncer, facilitando acceso al tratamiento del cáncer de mama triple negativo, que ataca a mujeres menores de 40 años y no estaba cubierto por el sistema público. La actual ministra, May Chomali, ha declarado alerta oncológica e incorporará todos los cánceres al GES. Pero el decreto de alerta vence el 30 de septiembre, y aunque el ministerio reporta haber contactado al 99 por ciento de los pacientes en listas de espera, contacto no es lo mismo que resolución de tratamiento. Los problemas estructurales persisten: acceso territorial desigual, tecnologías concentradas, plazos indefinidos, y una población que sigue perdiendo ingresos, autonomía y tiempo mientras espera.

Donde naciste define tu educación, tus oportunidades y tu salud. Eso no es poesía. Es epidemiología. El nivel educacional influye en la mortalidad por cáncer porque los profesionales tienen acceso a tamizaje, información, alimentación saludable y hábitos de cuidado. La pobreza alimenta lo opuesto. El Observatorio comenzó a trabajar con Pacto Global en una Guía Empresa y Cáncer, un instrumento pionero en Latinoamérica que busca involucrar al sector privado en educación, acceso a exámenes y reincorporación laboral. Pero eso solo toca a quienes tienen un contrato formal. Las mujeres que generan ingresos en la informalidad pierden todo cuando reciben un diagnóstico: seguridad, tranquilidad, ingresos, autonomía. Y lo pierden antes de que comience el tratamiento, en esa cadena de derivaciones, especialistas, exámenes y desplazamientos que define quién vive y quién muere de cáncer en Chile.