Miles de menores permanecen sin resolver años después de su desaparición inicial
En el umbral de 2026, España sostiene casi ocho mil expedientes abiertos de menores extranjeros que abandonaron voluntariamente centros de protección, una cifra que no habla solo de ausencias individuales sino de la tensión entre los sistemas de acogida y las aspiraciones de movilidad de una generación joven y vulnerable. Más de la mitad son marroquíes, y casi la mitad de todos los casos se concentran en una sola provincia —Cádiz—, lo que revela que este fenómeno no es aleatorio sino estructuralmente anclado en las rutas y realidades del sur de Europa. Que miles de expedientes daten de 2017 y 2018 sin resolución sugiere que el tiempo no cierra estas historias; las acumula.
- Cerca de ocho mil menores extranjeros figuran como desaparecidos en España, una cifra récord que las autoridades llevan años sin poder reducir significativamente.
- La provincia de Cádiz concentra casi la mitad de todos los casos nacionales, exponiendo una fractura geográfica que desborda la capacidad local de respuesta.
- Más del 70% de los expedientes activos corresponden a adolescentes de 16 y 17 años que abandonaron voluntariamente centros de acogida, lo que complica jurídica y operativamente su búsqueda.
- Miles de casos permanecen abiertos desde 2017 y 2018, revelando que el sistema no resuelve las desapariciones sino que las archiva en una espera indefinida.
- Las alertas activas se comparten con el espacio Schengen, pero la cooperación policial internacional no ha logrado cerrar la brecha entre los menores que se van y los que regresan.
A finales de 2025, España mantenía activos cerca de ocho mil expedientes de menores extranjeros desaparecidos, según el Informe Anual de Personas Desaparecidas del Centro Nacional dependiente del Ministerio del Interior. Más de la mitad —4.516 casos— corresponden a ciudadanos marroquíes, seguidos por argelinos, guineanos, malienses e ivorenses. En conjunto, estas cinco nacionalidades concentran la gran mayoría de los registros bajo seguimiento policial.
La distribución geográfica del fenómeno es llamativa: Cádiz acumula 3.726 casos, casi el 47% del total nacional. Las Palmas, Granada, Almería y Murcia le siguen a distancia. Esta concentración en el sur apunta a la confluencia de rutas migratorias, centros de acogida y dinámicas específicas de movilidad juvenil en esa franja del territorio.
El perfil predominante es el de adolescentes de 16 y 17 años, que suman más del 70% de los expedientes activos. El Ministerio distingue estos casos de las desapariciones convencionales: se trata de jóvenes que abandonaron voluntariamente centros de protección, pero cuyas denuncias permanecen activas y son compartidas con los países del espacio Schengen. Lo más revelador es la antigüedad de los casos: más de cuatro mil expedientes se iniciaron entre 2017 y 2019, y solo 183 corresponden a 2025, lo que indica que miles de menores llevan años sin ser localizados.
Este fenómeno se inscribe en una transformación demográfica más amplia. Según un análisis de Funcas, casi cuatro de cada diez menores de cinco años en España tienen origen extranjero, y entre los menores de veinte años esa proporción alcanza el 36%. La segunda generación —nacida en España con dos progenitores extranjeros— ya representa el 17% de la población total, con un peso especialmente notable entre quienes tienen raíces marroquíes. La inmigración ha dejado de ser un fenómeno pasajero para convertirse en un componente estructural de la sociedad española, y los casi ocho mil expedientes sin resolver son, también, un reflejo de las tensiones no resueltas de esa transformación.
A finales de 2025, España mantenía activos casi ocho mil expedientes de menores extranjeros desaparecidos. Más de la mitad de ellos —4.516 casos— corresponden a ciudadanos marroquíes, según el Informe Anual de Personas Desaparecidas del Centro Nacional de Personas Desaparecidas, dependiente del Ministerio del Interior. Esto representa el 56,8% del total de 7.945 menores ausentados que permanecían bajo seguimiento policial.
La concentración geográfica del fenómeno es notable. La provincia de Cádiz acumula 3.726 de estos casos, lo que equivale a casi el 47% de todos los expedientes nacionales. Las Palmas le sigue a distancia considerable con 863 casos, seguida por Granada con 687, Almería con 528 y Murcia con 504. Esta distribución desigual apunta a una realidad específica del sur español, donde confluyen rutas migratorias, centros de acogida y dinámicas particulares de movilidad de menores.
El perfil de los desaparecidos es predominantemente adolescente. Los menores de 16 años suman 2.647 expedientes activos, mientras que los de 17 años alcanzan 3.003. Esto significa que más del 70% de los casos registrados corresponden a jóvenes en este rango de edad. El Ministerio del Interior diferencia estas situaciones de las desapariciones convencionales: se trata de extranjeros que han abandonado voluntariamente centros de protección y acogida, cuyos casos mantienen una denuncia policial activa y un señalamiento vigente compartido con los países del espacio Schengen, el conjunto de naciones europeas que comparten sistemas de libre circulación de personas y cooperación policial.
Tras los ciudadanos marroquíes, las nacionalidades con mayor representación son Argelia con 887 casos, Guinea con 839, Malí con 534 y Costa de Marfil con 401. Juntas, estas cinco nacionalidades concentran la inmensa mayoría de los expedientes bajo seguimiento. Lo que revela el informe es que muchos de estos casos no son recientes. De los 7.945 expedientes contabilizados, 3.116 iniciaron en 2018, 1.077 en 2019 y 813 en 2017. Solo 183 corresponden directamente a 2025, lo que sugiere que miles de menores permanecen sin resolver años después de su desaparición inicial.
En paralelo, los datos demográficos españoles muestran una transformación profunda. Casi cuatro de cada diez menores de cinco años en España tienen origen extranjero, según un análisis de Funcas sobre la segunda generación de inmigrantes. Entre los menores de veinte años, el 36% tiene origen extranjero —nacido fuera de España o con al menos un progenitor inmigrante—. En la primera infancia, esa proporción asciende al 39%. La mayoría de estos menores pertenece a la segunda generación, nacida en España con dos progenitores nacidos en el extranjero, que representa el 17% del total de población. A esto se suma la generación 2,5 —nacidos en España con un solo progenitor extranjero— con un 9%, y la generación 1,5 —nacidos en el extranjero que llegaron antes de los once años—.
Dentro de la segunda generación, destaca el peso de quienes tienen dos progenitores marroquíes: alcanzan el 33% del total, una proporción que duplica la de la primera generación, que era del 16%. En conjunto, la población residente en España con origen extranjero supera los 11,7 millones de personas, es decir, el 24,3% del total nacional. La inmigración ha dejado de ser un fenómeno coyuntural y se ha convertido en un componente estructural de la sociedad española, no solo por la magnitud de los flujos migratorios sino por la consolidación de generaciones nacidas en territorio español con raíces en otros países.
Todas las denuncias activas por desaparición —6.874 en total— y los 7.945 casos de menores ausentados continúan siendo investigados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a través de mecanismos de cooperación policial nacionales e internacionales. El fenómeno refleja tanto las dinámicas de protección de menores en España como las complejidades de la integración y la movilidad de población vulnerable en un contexto de inmigración estructural.
Notable Quotes
Los menores ausentes son extranjeros que han abandonado voluntariamente centros de protección y acogida y cuyos casos siguen contando con una denuncia policial activa— Ministerio del Interior, según el Informe Anual de Personas Desaparecidas
The Hearth Conversation Another angle on the story
¿Por qué Cádiz concentra casi la mitad de todos estos casos?
Cádiz es puerta de entrada. Está en el sur, cerca de Marruecos, y es donde llegan muchos menores. Los centros de acogida están ahí, y desde ahí algunos simplemente se van.
¿Se van hacia dónde? ¿Desaparecen o se mueven?
El informe los llama "ausentados", no desaparecidos en el sentido tradicional. Abandonan voluntariamente los centros. Algunos buscan reunirse con familiares, otros intentan trabajar, otros simplemente no quieren estar en el sistema.
Pero siguen siendo menores. ¿Qué pasa con ellos después?
Eso es lo que no sabemos. Tienen denuncias activas, están en el sistema Schengen, pero muchos de estos casos llevan años sin resolverse. Desde 2018 hay expedientes abiertos.
¿Es un problema de España o un problema de Europa?
Es ambos. España recibe a estos menores, pero una vez desaparecen, podrían estar en cualquier país de Schengen. La cooperación policial existe, pero encontrar a un adolescente que no quiere ser encontrado es muy difícil.
Y el dato de que el 70% tienen 16 o 17 años, ¿qué nos dice?
Que son casi adultos, que tienen agencia, que toman decisiones. No son niños pequeños perdidos. Son jóvenes que eligen marcharse de un centro de protección, probablemente porque sienten que no es su lugar.
¿Y los marroquíes representan más de la mitad porque hay más marroquíes, o porque algo específico sucede con ellos?
Probablemente ambas cosas. Marruecos es el principal origen de inmigración en España, especialmente en el sur. Pero también hay dinámicas específicas: redes, expectativas, la proximidad geográfica. El informe muestra que en la segunda generación, los hijos de dos progenitores marroquíes ya son un tercio. Es una realidad demográfica que se está consolidando.