Disidencias de FARC atacan caravana con cuerpo de lideresa indígena asesinada en Colombia

En el parque principal de Toribío, en el departamento del Cauca, indígenas del suroeste colombiano se reunieron el lunes alrededor del cuerpo de Carmelina Yule Paví, una lideresa de 52 años cuya vida terminó no por vejez sino por las heridas que le infligió un grupo armado disidente. Los lamentos llenaban el aire mientras su comunidad procesaba una pérdida que sentían como un golpe directo a su futuro. Yule Paví había sido atacada el sábado por miembros del Estado Mayor Central, la principal disidencia de las antiguas FARC en la región, y sucumbió a sus heridas al día siguiente.

Lo que la mató fue un acto de resistencia. Cuando combatientes de la columna Dagoberto Ramos intentaban llevarse a un menor de edad indígena, Yule Paví se interpuso. Intentaba proteger a ese niño de ser reclutado por la fuerza en las filas armadas. En ese enfrentamiento, además de ella, otras dos personas resultaron heridas. Pero su muerte no fue el final de la violencia. Cuando la caravana que transportaba su cuerpo se dirigía hacia Toribío para el velatorio, el mismo grupo armado atacó nuevamente. El Frente Dagoberto Ramos disparó ráfagas de fusil contra la comitiva en el sector de La Despensa, según denunció la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca en redes sociales. Los indígenas llegaban con su muerta, y recibieron más fuego.

En el velatorio, Manuel Méndez, una autoridad ancestral del resguardo de Toribío, habló sobre lo que su comunidad había perdido. Describió a Yule Paví como una mujer de profunda sabiduría y conocimiento, alguien cuya trayectoria había sido dedicada al bienestar de su pueblo. Su trabajo se había enfocado en guiar a los jóvenes de la comunidad hacia los valores ancestrales, hacia una identidad que la modernidad y la violencia amenazaban constantemente. "Las balas apagaron la vida de esta gran mujer", dijo Méndez, pero agregó que ella permanecería eterna en el conocimiento que dejó atrás. Toda una vida entregada al proceso, resumió, se había ido en un instante.

El asesinato de Yule Paví no ocurrió en un vacío político. El Gobierno colombiano y el Estado Mayor Central llevan negociaciones de paz desde hace más de un año. El 17 de octubre del año anterior habían acordado un cese al fuego bilateral y temporal, que fue prorrogado en enero por seis meses adicionales, con vencimiento previsto para el 15 de julio. Esas negociaciones, sin embargo, no han detenido la violencia contra las comunidades indígenas que viven en territorios donde operan estos grupos. El ataque a Yule Paví y el posterior ataque a su caravana fúnebre llevaron al Gobierno a tomar una decisión: suspender el cese al fuego bilateral con el Estado Mayor Central en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca.

Las autoridades colombianas respondieron con medidas institucionales. La Procuraduría anunció la creación de una agencia especial para intervenir en la investigación penal del asesinato de Yule Paví. La procuradora Margarita Cabello Blanco hizo un llamado explícito para que se investiguen los hechos, se lleve a los responsables ante la justicia y se redoblen los esfuerzos para garantizar la seguridad de las comunidades indígenas, a las que reconoció como sujetos de especial protección. Pero en Toribío, en el parque donde velaban a su lideresa, los indígenas pedían algo más directo: que el asesinato no quedara impune.

Lo que quedó claro en esos días es que las negociaciones de paz en Colombia ocurren en un territorio donde la violencia sigue siendo la moneda de cambio. Un grupo armado negocia con el Gobierno mientras sus combatientes atacan a civiles indígenas. Una lideresa muere defendiendo a un niño. Su comunidad llora, y mientras la llevan a enterrar, reciben disparos. Las palabras sobre ceses al fuego y procesos de paz suenan cada vez más distantes cuando las balas siguen sonando en el Cauca.