De mecánico a detenido en Guantánamo: el caso del somalí sin antecedentes

Adam Abdullah llegó a Estados Unidos en 2023 buscando asilo. Obtuvo permiso de trabajo, se ganaba la vida como mecánico de automóviles en Minnesota y cumplía regularmente con sus citas de supervisión ante el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas. No tenía antecedentes penales. El 12 de diciembre, agentes federales lo detuvieron durante lo que la administración Trump llamó "Operación Metro Surge". Cuando preguntó por qué lo detenían, le pidieron su permiso de trabajo. Cuando cuestionó si tenían una orden judicial, le respondieron que no la necesitaban porque eran de inmigración y sabían quién era. Nunca le explicaron la razón de su detención.

Después del arresto, Abdullah fue trasladado de una cárcel del condado de Freeborn en Albert Lea, Minnesota, a un centro de detención en Covington, Kentucky, y luego a Luisiana. Funcionarios de inmigración le informaron que sería deportado a Somalia. Lo que comenzó como un viaje de deportación tomó un giro inesperado cuando el avión hizo escala en Cuba. Abdullah cuenta que desde Miami le dijeron que pasarían por Cuba para repostar combustible antes de continuar hacia Somalia y otros países. Esa escala nunca terminó. Lleva aproximadamente dos semanas detenido en el Campamento Seis de la base naval de Guantánamo, una prisión militar conocida por albergar a sospechosos de terrorismo. Durante los vuelos permaneció con grilletes en las muñecas y los tobillos. En la base, sus posibilidades de comunicación son limitadas y tiene pocas oportunidades para hacer ejercicio, aunque puede convivir algunas horas del día con otros detenidos.

Abdullah es uno de ocho ciudadanos somalíes actualmente en Guantánamo, según información proporcionada por MPR News. Entre ellos hay personas detenidas en el área de las Twin Cities, que incluye Minneapolis y St. Paul. Su caso representa un desafío significativo para su defensa legal. Marc Prokosch, su abogado de inmigración, dijo que es el primer cliente que representa que ha sido enviado a Guantánamo. Uno de los principales obstáculos es la comunicación. Las llamadas se limitan a entre cinco y diez minutos, y ni siquiera existe certeza de que sean confidenciales. Prokosch explicó que esas llamadas son prácticamente el único medio disponible para comunicarse con sus clientes y que no hay seguridad de que las conversaciones estén protegidas por el secreto profesional entre abogado y cliente.

El traslado de migrantes a Guantánamo ha provocado una disputa legal. La Unión Americana de Libertades Civiles presentó una demanda para impedir que la administración Trump envíe inmigrantes a la base, argumentando que el gobierno no tiene autoridad legal para detener a inmigrantes fuera de Estados Unidos. Lee Gelernt, abogado de la organización, señaló que los hechos demuestran que esto dista mucho de ser una simple escala técnica para repostar; hay personas retenidas allí durante semanas o incluso meses en condiciones deplorables. Un juez en Washington autorizó que el proceso judicial continúe y estableció una audiencia para el 14 de octubre.

Yumna Rizvi, analista de políticas del Center for Victims of Torture, señaló que el gobierno comenzó a enviar a personas detenidas por asuntos migratorios a Guantánamo a principios del año pasado bajo una orden ejecutiva de Trump. Rizvi considera que la estrategia busca asociar la inmigración con una amenaza terrorista, creando la idea de que los individuos recluidos en el Campamento Seis son personas terribles y monstruosas. El Departamento de Seguridad Nacional defendió el traslado de migrantes a la base, asegurando en un comunicado que un vuelo reciente transportaba a "algunos de los peores entre los peores": inmigrantes indocumentados con antecedentes penales. Sin embargo, el departamento no respondió a las preguntas sobre cuántas personas permanecen detenidas actualmente en Guantánamo ni explicó por qué Abdullah se encuentra entre ellas.

Una búsqueda en los registros judicales de Minnesota solo encontró dos multas de estacionamiento impuestas a Abdullah a principios de 2025 por no retirar su vehículo durante emergencias por nevadas. Su caso plantea una pregunta central sobre la nueva estrategia de detención migratoria de la administración Trump: cómo terminó en una prisión militar destinada a sospechosos de terrorismo un hombre que, según los registros judiciales, no tiene antecedentes penales y había estado viviendo legalmente en el área de las Twin Cities mientras esperaba resolver su situación migratoria.