Cusco impulsa plan 'Destino Seguro' para reactivar turismo con certificación sanitaria

A mediados de 2020, cuando el turismo mundial se había detenido casi por completo, las autoridades de Cusco comenzaron a diseñar una salida. El gobernador regional Jean Paul Benavente y sus equipos de salud, turismo y comercio exterior imaginaron un camino de regreso: certificar que los hoteles, restaurantes, agencias de viaje y otros negocios turísticos operaban bajo protocolos sanitarios rigurosos. Si podían demostrar que Cusco era seguro, quizá los viajeros volverían.

La cifra que explica la urgencia es brutal. Antes de la pandemia, Cusco recibía aproximadamente 4 millones 371 mil visitantes al año. En 2020, llegaron apenas 591 mil. El turismo receptivo se contrajo 86.5 por ciento. De los 19 mil 187 prestadores turísticos registrados en la región —hoteles, guías, restaurantes, tiendas de souvenirs— 17 mil 652 perdieron sus empleos. Tres de cada cuatro trabajadores desplazados no recibieron ningún bono del Estado. Los talleres de artesanos, que representaban una parte importante de la economía local, cerraron todos sin excepción.

El plan que Benavente presentó se llamaba "Cusco Destino Seguro". La idea era simple en teoría: el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo había aprobado lineamientos sanitarios para destinos turísticos que permitían la reapertura gradual de atracciones. Cusco decidió ir más allá. Ofrecería certificados sanitarios a cualquier negocio que cumpliera con estándares de prevención del COVID-19. Los incentivos estatales buscarían que todos se adhirieran. El gobernador argumentaba que la economía no podía esperar, pero tampoco podía ignorar la salud. "Toda la política económica debe estar ligada al tema sanitario," dijo. Cusco, sostenía, tenía una de las tasas de mortalidad más bajas del país. El virus estaba controlado. Era momento de convivir con él.

Pero cuando llegó el momento de la verdad, las grietas en el plan se hicieron visibles. Darwin Baca, alcalde de Machu Picchu, el sitio arqueológico más visitado del Perú y el corazón del turismo cusqueño, se negó a abrir las puertas. No había protocolos sanitarios implementados en el lugar. No había ambulancia para emergencias. No había triages para filtrar a los visitantes. No había pruebas de COVID-19 disponibles. El centro de salud local contaba con apenas tres profesionales médicos para atender a miles de turistas potenciales. Baca no estaba de acuerdo con la reapertura, y lo dijo públicamente.

La tensión revelaba un problema más profundo: la certificación sanitaria era un instrumento de marketing y política económica, pero no podía resolver la falta de infraestructura médica real. Cusco necesitaba que los turistas regresaran para que sus trabajadores tuvieran empleo. Pero los trabajadores también necesitaban que sus lugares de trabajo fueran genuinamente seguros. El plan "Cusco Destino Seguro" existía en el papel. La realidad en Machu Picchu era otra.