Crisis institucional en Brasil: Tribunal Supremo modifica ley de impeachment y desata polémica sobre separación de poderes

A menos de un mes de que Brasil entre en su año electoral, el país enfrenta una crisis institucional que podría redefinir el equilibrio de poder entre sus tres ramas de gobierno. La semana pasada, el juez Gilmar Mendes del Tribunal Supremo Federal tomó una decisión en solitario que modificó fundamentalmente la Ley de Impeachment de 1950, una norma que había permanecido prácticamente intacta durante más de siete décadas. Con esta acción, Mendes elevó drásticamente los obstáculos para destituir a los magistrados de la corte suprema y restringió severamente quién tiene derecho a acusarlos.

Antes de la intervención de Mendes, cualquier ciudadano brasileño podía presentar una denuncia ante el Senado Federal contra los jueces del Tribunal Supremo por delitos de responsabilidad. Ahora, solo el Fiscal General de la República puede hacerlo. Además, el quórum necesario para la destitución se elevó de una mayoría simple a dos tercios del Senado, lo que significa que se requieren 54 votos de 81 en lugar de los 41 que antes eran suficientes. La decisión también eliminó dos disposiciones que suspendían el ejercicio del cargo y retenían un tercio del salario durante los procesos de acusación, y prohibió explícitamente que los jueces sean juzgados por delitos de responsabilidad basados en el contenido de sus decisiones judiciales.

Mendes justificó su acción argumentando que la ley de 1950 había quedado obsoleta tras la Constitución de 1988, redactada cuando Brasil emergía de su última dictadura militar. Según el juez, la posibilidad de que cualquier persona presentara acusaciones había generado un ambiente de inseguridad legal y había permitido lo que él llamó "destituciones abusivas" motivadas por intereses políticos o luchas de poder en lugar de delitos específicos. "La práctica de acusar a los jueces, cuando se utiliza de forma abusiva o instrumental, no se limita a un ataque contra individuos concretos, sino que constituye un ataque a la propia estructura del Estado de derecho", afirmó Mendes. En años recientes, el Tribunal Supremo ha acumulado decenas de solicitudes de destitución contra magistrados, muchas de las cuales, según Mendes, se basaban en divergencias jurisprudenciales o críticas políticas más que en delitos reales.

Sin embargo, tanto el poder legislativo como una parte significativa de la comunidad jurídica brasileña rechazaron esta justificación. Davi Alcolumbre, presidente del Senado y miembro del partido Unión Brasil, criticó duramente la medida, señalando que una ley aprobada por el Congreso no puede ser modificada por la decisión unilateral de un juez. "Tengan por seguro que no me faltará el valor para hacer todo lo necesario para proteger el poder legislativo brasileño", declaró Alcolumbre, enfatizando que el Senado debe defender "la legitimidad del voto popular". Lexum, una asociación brasileña del sector legal, emitió un comunicado calificando la decisión como "incompatible con la separación de poderes" y argumentando que socava el sistema de controles y contrapesos que estructura el constitucionalismo brasileño. Katia Magalhães, abogada especializada en responsabilidad civil, señaló que Mendes estaba concentrando el poder de acusación en manos de una sola figura, el Fiscal General, quien está alineado con el propio Mendes.

La decisión adquiere una importancia estratégica particular en el contexto de las elecciones presidenciales de octubre de 2026. Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años y tres meses de prisión por su participación en un plan de golpe de Estado, y el general Augusto Heleno recibió una condena de 21 años. Si una futura mayoría bolsonarista llegara al Senado, habría intentado destituir a los jueces que condenaron a Bolsonaro para reemplazarlos con magistrados favorables a una amnistía. Sin embargo, con el nuevo quórum de dos tercios, el bolsonarismo tendría que ganar 37 de los 54 escaños en disputa en 2026, un resultado que analistas consideran prácticamente imposible dada la fuerte polarización y la sólida presencia de la izquierda y los partidos de centro en muchas regiones del país, particularmente en el noreste. La situación se complica aún más porque el Senado acaba de prorrogar por dos años más el mandato del Fiscal General Paulo Gonet, quien está alineado con el Tribunal Supremo.

Más allá de la batalla sobre el impeachment, el Tribunal Supremo enfrenta otras controversias que erosionan su credibilidad. El juez José Antonio Dias Toffoli anuló recientemente las condenas de varios acusados de la operación Lava Jato, incluyendo al empresario Marcelo Odebrecht, y ahora es el relator del caso del Banco Master, sospechoso de un fraude de 12 mil millones de reales. Toffoli impuso secreto de sumario sobre el caso y ordenó que la Policía Federal suspendiera todas las investigaciones. Hace poco, se reveló que Toffoli viajó en jet privado con un exsecretario nacional de Justicia del Gobierno de Lula que también es abogado del director de Cumplimiento Normativo del Banco Master. El viaje fue para asistir a la final de la Copa Libertadores en Lima. Transparencia Internacional criticó esta decisión, señalando que miles de empleados públicos jubilados estafados por el banco se ven privados del derecho a seguir el proceso a través de la justicia.

Si la decisión monocrática de Mendes es confirmada por el pleno del Tribunal Supremo en los próximos días, la corte podría desempeñar un papel extraordinariamente significativo en los meses previos a las elecciones. La decisión llega en un momento de intensas tensiones institucionales, cuando el presidente Lula hace campaña electoral abiertamente, la Cámara de Diputados legisla constantemente en su propio interés, y el Senado intenta arrebatar prerrogativas al Ejecutivo. Como escribió la columnista Eliane Cantanhede en O Estado de São Paulo, "todos se protegen y se atacan entre sí" mientras los ciudadanos que pagan impuestos quedan fuera de la ecuación. Brasil llega a 2026 con un gasto y una deuda pública críticos, y ahora con un sistema de controles y contrapesos que ha sido fundamentalmente alterado por una decisión judicial que muchos ven como un acto de autopreservación institucional.