Corte Suprema de EE.UU. elimina restricciones a deportaciones hacia terceros países

La Corte Suprema de Estados Unidos, con seis magistrados conservadores frente a tres progresistas, acaba de remover las barreras legales que impedían deportar a migrantes indocumentados hacia países que no son su lugar de origen. La decisión, anunciada a finales de septiembre, representa un giro significativo en la política migratoria estadounidense y una victoria inmediata para la administración Trump, que había solicitado de urgencia la intervención del tribunal.

Todo comenzó en febrero, cuando un juez federal en Boston dictaminó que las personas enfrentadas a una expulsión hacia un tercer país debían tener derecho a argumentar que corrían riesgo de ser perseguidas o torturadas en ese destino. La lógica era clara: si alguien no puede ser deportado a su país de origen por razones de seguridad, tampoco debería serlo a otro país donde enfrente peligros similares. Un tribunal de apelaciones confirmó este razonamiento el 18 de septiembre.

Pero el gobierno Trump no aceptó esta restricción. Su asesor jurídico, John Sauer, presentó un argumento que mezclaba lo práctico con lo político. Sostuvo que la decisión de Boston había generado "problemas logísticos importantes" para el Departamento de Seguridad Interior. El ejemplo que citó fue concreto: un vuelo que transportaba a 70 extranjeros condenados penalmente hacia tres destinos diferentes tuvo que ser cancelado por la nueva restricción. Sauer argumentó además que las deportaciones hacia terceros países son una "herramienta esencial" para expulsar a ciertos extranjeros, particularmente a quienes describe como "algunos de los peores delincuentes extranjeros".

La Corte Suprema respondió suspendiendo la restricción, al menos de manera provisional. Los tres jueces progresistas se opusieron, pero fueron superados por la mayoría conservadora. Ahora el tribunal examinará el fondo del caso en diciembre, lo que significa que esta decisión provisional podría convertirse en permanente.

Lo que está en juego es más que un detalle procesal. Las deportaciones hacia terceros países afectan a migrantes que, en muchos casos, huyeron de persecución o violencia en sus países de origen. Si son enviados a un tercer país donde no tienen protección legal establecida, enfrentan riesgos similares a los que escaparon. La decisión de Boston intentaba proteger a estas personas exigiendo que se evaluara el peligro real en cada destino propuesto. La Corte Suprema acaba de permitir que esa evaluación sea saltada, al menos mientras el caso se resuelve definitivamente.

Para la administración Trump, esta es una herramienta administrativa valiosa. Permite expulsar a personas sin necesidad de negociar con sus países de origen o de encontrar un destino seguro. Para los migrantes indocumentados, especialmente aquellos con antecedentes penales o que enfrentan acusaciones, significa que podrían ser enviados a lugares donde no tienen derechos ni protecciones. El tribunal volverá a este asunto en diciembre, cuando decidirá si esta suspensión provisional se convierte en política permanente.