Corte Suprema autoriza a Trump reanudar deportaciones a terceros países

La Corte Suprema de Estados Unidos dio luz verde el martes a la administración Trump para reanudar el envío de migrantes a países donde nunca han vivido, sin que esos migrantes tengan oportunidad inmediata de argumentar que podrían ser perseguidos, torturados o encarcelados en esos destinos. La decisión, votada 6 a 3 por los magistrados conservadores, levantó una orden que un juez federal de Boston había emitido meses antes, declarando la política ilegal. Las tres juezas disidentes —Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson— habrían mantenido esa orden en vigor.

La Corte no está diciendo que la política sea legal. Lo que hace es permitir que funcione de manera provisional mientras el litigio continúa. El Departamento de Justicia había pedido esta suspensión de emergencia, argumentando que necesitaba poder expulsar a migrantes con órdenes de deportación finales cuando sus países de origen se negaban a recibirlos. El tribunal también anunció que escuchará argumentos sobre la constitucionalidad de la medida en diciembre, momento en el cual emitirá un fallo definitivo.

La política funciona así: cuando un migrante tiene una orden de deportación firme pero su país de origen rechaza recibirlo, el gobierno lo envía a un tercer país con el que no tiene conexión alguna. Según la administración, estos traslados se hacen mediante acuerdos diplomáticos, muchos de ellos confidenciales, en los que el país receptor promete no perseguir ni torturar a los deportados. En casos donde no hay tales garantías, el procedimiento prevé informar al migrante sobre su destino y evaluar riesgos de persecución solo si la persona lo menciona.

Desde que comenzó en 2025, más de 25.000 migrantes han sido deportados a 29 países bajo esta política. La mayoría fue a México, pero también hubo envíos a Sudán del Sur, Uganda, Guinea Ecuatorial, Liberia y República Centroafricana. El Departamento de Estado estadounidense advierte a sus ciudadanos que eviten Sudán del Sur por riesgos de delincuencia, secuestro y conflicto armado. El fiscal general Todd Blanche defendió la medida como "una herramienta completamente legal y necesaria" para hacer cumplir las normas migratorias.

Los abogados que representan a los migrantes presentan un cuadro radicalmente distinto. Documentaron casos en los que personas fueron enviadas a países que nunca habían oído nombrar, donde sufrieron detención, agresiones físicas, violencia sexual y desaparición. En varios casos, los terceros países simplemente transfirieron a los deportados a sus países de origen, precisamente aquellos que Estados Unidos había reconocido como peligrosos al otorgarles protección migratoria a esas personas. Los demandantes también señalan que muchos de los afectados no tienen antecedentes penales y que la política no distingue entre quienes representan un riesgo real y quienes no.

El juez federal Brian Murphy había bloqueado la política en febrero de 2026, determinando que violaba los procedimientos de la ley de inmigración y las garantías de debido proceso de la Quinta Enmienda. El debido proceso exige que el gobierno notifique a las personas afectadas y les ofrezca una audiencia antes de tomar medidas que las perjudiquen. En septiembre, el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito confirmó la mayor parte de ese fallo.

Trina Realmuto, directora ejecutiva de la Alianza Nacional de Litigios sobre Inmigración y abogada de los migrantes, advirtió que la orden de la Corte Suprema no resuelve el fondo del asunto. "La decisión de hoy no resuelve que la política del gobierno sea legal", afirmó. La resolución simplemente autoriza a la administración a reanudar los traslados mientras el tribunal decide si la medida es constitucional. Esa decisión llegará después de que ambas partes presenten argumentos en diciembre, cuando la Corte también evaluará si los tribunales inferiores tenían autoridad para bloquear una medida con efectos nacionales.