Citi y Office Depot ejercen veto sobre posibles compradores de Sherritt en Cuba

Sherritt International, la minera canadiense que extrae níquel y cobalto en Cuba, enfrenta un obstáculo inesperado en su búsqueda de un comprador estadounidense que le permita sobrevivir a las nuevas sanciones de Trump: dos corporaciones gigantes que reclaman derechos sobre propiedades que fueron confiscadas hace más de sesenta años.

Citigroup y Office Depot poseen certificados de reclamación valuados en más de 350 millones de dólares sobre instalaciones que sus empresas predecesoras perdieron cuando Fidel Castro llegó al poder en 1959. Gracias a una maraña de fusiones y adquisiciones que se extiende casi un siglo, ambas compañías tienen ahora poder de veto sobre quién puede comprar a Sherritt. Como lo expresó Davy Karkason, abogado especializado en sanciones estadounidenses, estas no son molestias legales menores sino obstáculos fundamentales: "Si Citi dice 'no', nadie se queda con la mina y Sherritt vuelve al punto de partida".

La crisis comenzó en mayo cuando el presidente Trump emitió una orden ejecutiva para expulsar empresas extranjeras de Cuba. Sherritt anunció inicialmente que disolvería sus operaciones en la isla, que incluyen una mina de níquel y una planta de generación eléctrica. Pero cuando Ray Washburne, un magnate inmobiliario y antiguo asesor de Trump, emergió como potencial comprador a través de su family office Gillon Capital LLC, la empresa canadiense reconsideró. Washburne confirmó que está trabajando para resolver al menos una de las dos reclamaciones principales. "Lo que me preocupa es la mina", dijo en Dallas esta semana, y cuando se le preguntó si liquidaría la reclamación sobre esa instalación, respondió directamente: "Así es".

La historia de Citigroup y Sherritt se remonta a Moa Bay Mining Co., confiscada por Castro en 1960 después de derrocar al dictador Fulgencio Batista. Desde 1994, la mina fue operada como empresa conjunta entre Sherritt y la estatal cubana General Nickel Co. SA. La Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras valoró esta reclamación en 88 millones de dólares, convirtiéndola en el tercer caso más importante entre todos los certificados. Con intereses, representa una fracción de los más de 9.000 millones de dólares que las casi 6.000 reclamaciones pendientes alcanzan en total.

La conexión de Office Depot es aún más antigua y compleja. En 1927 se constituyó Cuban Electric Co. en Florida, que comenzó a adquirir centrales eléctricas en Cuba. Para los años cincuenta, suministraba más del 90 por ciento de toda la electricidad de la isla. Cuando Castro expropió la empresa, su accionista mayoritario era American & Foreign Power Co. Inc. A través de una serie de transformaciones corporativas —fusiones con Ebasco Industries en 1967, compra por Boise Cascade en 1969, adquisición de OfficeMax en 2003, fusión con Office Depot en 2013— la reclamación terminó en manos de Atlas Holdings LLC, la firma de capital privado que compró ODP Corp. en 2025. Valorada inicialmente en 268 millones de dólares, la reclamación de Cuban Electric ha crecido al 6 por ciento anual y es ahora la más grande de todas, casi tres veces superior a la siguiente.

En julio, Atlas demandó a la empresa estatal cubana de electricidad y a Energas S.A., la empresa de generación eléctrica donde Sherritt tiene participación, por 803 millones de dólares bajo la Ley Helms-Burton. Washburne indicó que su intención es resolver la reclamación de Citi sobre la mina pero no necesariamente la de Office Depot sobre las instalaciones energéticas. "En realidad no me importa eso", dijo sobre el negocio de generación eléctrica.

Mientras tanto, Sherritt también recibe el interés de un consorcio rival que incluye a Glencore Plc, el gigante mundial de materias primas, y a Albert Huddleston, un magnate petrolero texano. Kyma Capital Ltd., el principal acreedor de Sherritt y parte del consorcio Glencore, declaró que el grupo está consciente de las reclamaciones y "buscará resolverlas dentro del marco legal y normativo estadounidense aplicable", sin especificar cómo.

Pedro Freyre, presidente del departamento de práctica internacional de Akerman LLC en Miami, ve en este caso un potencial punto de quiebre. Si el comprador exitoso logra una fórmula que satisfaga a Citi y Office Depot —ya sea incorporándolos como socios, pagándoles algún tipo de arrendamiento, o comprando sus derechos— podría establecer un modelo para resolver varios de los casos más grandes registrados bajo la Ley Helms-Burton. "Resolver las reclamaciones estadounidenses constituye el nudo gordiano en lo que respecta a la inversión en Cuba", señaló. John Kavulich, presidente del consejo comercial Estados Unidos-Cuba, fue más directo: ningún postor recibirá aprobación de la administración Trump "a menos que cuente con el respaldo de los reclamantes certificados". Es, en sus palabras, "una especie de carrera para que estas partes lleguen a un acuerdo".