Cinco temas clave: deportaciones en Nueva York, flotilla Gaza y política de Trump hacia China

Mientras el Gobierno de Estados Unidos permanece cerrado, las máquinas de la deportación no se han detenido. En el 26 Federal Plaza, en el bajo Manhattan, funciona una de las pocas cortes de inmigración públicas del país, y se ha convertido en lo que muchos activistas llaman el pasillo del terror. Aquí, bajo la administración Trump, los jueces continúan acelerando los casos de expulsión con una velocidad que refleja la prioridad política del momento. No hay pausa en el calendario judicial, aunque el resto de la burocracia federal esté paralizada.

En otro continente, activistas que viajaban en la flotilla Global Sumud con destino a Gaza han comenzado a contar lo que sucedió después de que Israel los interceptara. Veintiuno de ellos aterrizaron en el aeropuerto de Madrid el domingo pasado, y en videos que circulan en redes sociales se ve a familiares y simpatizantes recibiéndolos con abrazos de alivio. Pero los relatos que traen son de maltrato durante su detención. Greta Thunberg, quien viajaba con el grupo, expresó su angustia con una pregunta que resume el peso emocional del momento: ¿Cómo puede el ser humano ser tan malo? Otros miembros del grupo permanecen aún en Israel, y sus compañeros expresan preocupación por su situación.

La política exterior de Trump hacia China está generando consecuencias inesperadas en América Latina. Durante más de una década, la Casa Blanca ha observado con inquietud cómo Beijing ha expandido su influencia en la región. Pero el enfoque confrontacional que Trump ha adoptado desde enero—mucho más agresivo que el de administraciones anteriores—está produciendo a menudo el efecto opuesto al deseado. En lugar de frenar a China, las medidas estadounidenses están abriendo puertas que el gigante asiático está apresurándose a atravesar. Los gobiernos latinoamericanos, presionados por Washington, buscan alternativas, y Beijing está listo para ofrecerlas.

En Washington, la administración Trump ha producido un documento legal clasificado que justifica operaciones letales contra una lista secreta y extensa de cárteles y presuntos traficantes de drogas. Según personas familiarizadas con el asunto, esta opinión legal es significativa porque parece autorizar una guerra indefinida contra objetivos que van más allá de los grupos formalmente designados como organizaciones terroristas. Expertos legales advierten que el alcance de esta autorización es inusualmente amplio.

En Lima, la Generación Z está escribiendo su propio capítulo de protesta. Desde el 20 de septiembre, jóvenes nacidos entre 1997 y 2012 se reúnen frente al Congreso de Perú, convirtiendo las calles en un escenario de demanda política. El movimiento ha capturado la atención internacional, y observadores de todo el mundo están atentos a lo que suceda en Perú, viendo en estas protestas un indicador de cómo la juventud latinoamericana está respondiendo a sus circunstancias políticas y económicas.

Mientras tanto, en Estados Unidos, aproximadamente siete millones de mujeres embarazadas, madres primerizas, bebés y niños pequeños enfrentan la posibilidad de perder asistencia alimentaria en las próximas dos semanas si el cierre del Gobierno continúa. El impacto del cierre no se limita a las oficinas federales vacías; toca directamente a las familias más vulnerables. En Brasil, la preocupación por bebidas destiladas contaminadas con metanol ha alterado los hábitos de consumo y desencadenado investigaciones policiales. Y en el sur de China, un espectáculo de drones en el Día Nacional se convirtió en caos cuando escombros en llamas comenzaron a caer del cielo, obligando a los espectadores a buscar refugio de emergencia.