China extiende su brazo legal más allá de sus fronteras, emulando tácticas estadounidenses

China ha comenzado a desplegar su autoridad legal más allá de sus fronteras con una determinación que refleja décadas de resentimiento hacia el alcance extraterritorial estadounidense. En abril de este año, el gobierno chino ordenó a Meta, propietaria de Facebook, que cancelara su acuerdo de dos mil millones de dólares para adquirir Manus, una startup de inteligencia artificial registrada en Singapur. Meta obedeció. Los fundadores chinos de Manus, a quienes se les había prohibido abandonar el país, también cumplieron. Aunque esa intervención tuvo cierto carácter improvisado, el gobierno está ahora formalizando estas facultades mediante nuevas leyes que le otorgan control más sistemático sobre el flujo de tecnología de IA, y en septiembre entrarán en vigor poderes reforzados para imponer prohibiciones de entrada y salida a individuos.

Esta expansión legal representa un giro radical para una nación que durante generaciones ha protestado contra el ejercicio de poder extraterritorial por parte de potencias extranjeras. En el siglo diecinueve, China denunció a las potencias coloniales que se negaban a someterse a sus leyes en los puertos que controlaban. Ahora, en el siglo veintiuno, es Estados Unidos quien ejerce ese poder mediante sanciones y controles de exportación. Y ahora es China quien quiere jugar ese mismo juego. El impulso proviene de la cúpula. En 2018, Xi Jinping instó a los funcionarios del partido a "empuñar las armas legales" que corresponden a una gran potencia. Ese mismo año, Meng Wanzhou, ejecutiva de Huawei e hija del fundador de la empresa de telecomunicaciones, fue arrestada en Canadá a petición de Estados Unidos por supuestamente ocultar vínculos con clientes iraníes sujetos a sanciones estadounidenses. El arresto demostró a los líderes chinos la vulnerabilidad de sus empresas clave ante las maquinaciones estadounidenses. China respondió arrestando a dos canadienses con cargos falsos y manteniéndolos como rehenes durante casi tres años.

La primera ley china diseñada para disuadir a las empresas de acatar sanciones extranjeras se promulgó en 2021. Desde entonces, el partido ha incorporado cláusulas extraterritoriales en numerosas leyes nuevas. Las regulaciones emitidas a finales de 2024 exigen que las empresas extranjeras que utilizan insumos chinos cumplan con las leyes de exportación del país, y otorgan a los funcionarios de Beijing autoridad para investigar a los clientes de esas empresas. Esto es similar a la norma estadounidense de producto directo extranjero, que Washington invocó para restringir el flujo de equipos de fabricación de chips holandeses hacia China. Al igual que Estados Unidos, China ha comenzado a imponer sanciones a políticos extranjeros.

Las nuevas leyes chinas contra sanciones extranjeras, actualizadas en abril, se basan en la ley de bloqueo de la Unión Europea, que prohíbe a empresas y personas de la UE acatar sanciones que la UE considere ilegítimas. Pero las leyes chinas van más allá: prohíben a cualquier empresa extranjera obedecer sanciones que discriminen a entidades chinas. En virtud de estas nuevas leyes, JPMorgan Chase y Citigroup están siendo demandados por un total de cuarenta y cuatro millones de dólares en tribunales chinos por congelar los activos de un comerciante de petróleo chino sancionado por orden del Departamento del Tesoro estadounidense. En junio, el Tribunal Popular Supremo citó estas nuevas leyes en una sentencia contra una empresa singapurense por negarse a entregar cargamentos de productos electrónicos a una empresa sancionada en Hong Kong.

Estas medidas crean un dilema agudo para las empresas multinacionales. En mayo, tribunales de Londres y Chongqing emitieron fallos radicalmente distintos en una disputa de licencias entre Samsung y ZTE, un fabricante chino de equipos de telecomunicaciones. Los jueces de Londres dictaminaron que Samsung debía a ZTE unos trescientos noventa y dos millones de dólares. El tribunal chino determinó que la deuda era casi el doble. Satisfacer a un tribunal puede implicar desobedecer al otro. Las consecuencias para Samsung de no reconocer la decisión de Chongqing serían potencialmente más graves que si desobedeciera la de Londres, porque Samsung tiene una fuerte presencia en China, que es a la vez un mercado y un proveedor de bienes esenciales. El brazo largo de China se basa en la presión directa y contundente, según Mark Jia, del Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown.

Pero el alcance de estas leyes va más allá de las disputas comerciales. En julio entró en vigor una ley sobre la "promoción de la unidad étnica" que penaliza cualquier acto en el extranjero que "socava la unidad nacional". Un proyecto de ley sobre ciberdelincuencia, actualmente en trámite en la Asamblea Popular Nacional, tipificará como delito alojar o transmitir información en el extranjero que perjudique los "intereses públicos" de China. Otra ley en consideración codifica las facultades para recopilar pruebas de corrupción en entidades chinas en el extranjero. Muchas de estas leyes formalizan y refuerzan un alcance coercitivo que ha incluido el secuestro de críticos del régimen y la gestión de comisarías clandestinas diseñadas para vigilar y controlar el comportamiento de ciudadanos chinos fuera del país.

Yalkun Uluyol, de Human Rights Watch, sostiene que el impulso legislativo refleja un deseo de centralizar el control; la codificación de normas contribuye a fortalecer los mecanismos burocráticos. Jia añade que, al arrogarse la facultad de tomar represalias contra sanciones extranjeras, el Estado envía un mensaje de determinación a los demás. Gran parte de esta actividad legislativa responde a la antigua obsesión del Partido Comunista por salvaguardar la estabilidad interna. Pero el creciente alcance de sus leyes revela mucho sobre las ambiciones de China bajo Xi: moldear un entorno externo más acorde a sus intereses, uno en el que ya no sea víctima de la historia mundial, sino su artífice.