Brasil conmemora un año del asalto a Brasilia con polarización política y ausencias significativas

Un año después de que miles de simpatizantes de Jair Bolsonaro irrumpieran en los edificios del poder en Brasilia, el Brasil institucional se reunió el lunes en el mismo lugar para marcar el aniversario. Mientras la turba había destrozado vidrieras, obras de arte y despachos el 8 de enero de 2023, reclamando una intervención militar que impidiera que Luiz Inácio Lula da Silva asumiera la presidencia, ahora el Senado celebraba con una ceremonia solemne que la democracia había prevalecido. Lula pronunció las palabras que muchos esperaban: "Hoy celebramos la victoria de la democracia sobre el autoritarismo". Pero la escena que el presidente intentaba recrear —la unidad nacional que había brillado el día después del ataque— nunca llegó a materializarse.

Los gobernadores cercanos a Bolsonaro simplemente no vinieron. Algunos ofrecieron excusas: problemas de salud en la familia, vacaciones navideñas que no querían interrumpir, compromisos previos. Artur Lira, presidente de la Cámara de Diputados y figura de la órbita bolsonarista, canceló su asistencia a última hora. Tarcisio de Freitas, el gobernador opositor más poderoso de São Paulo, dejó claro desde el principio que no adelantaría su regreso de Europa. Bolsonaro mismo pasó el aniversario lejos de Brasilia, en Río de Janeiro. Los jefes de las Fuerzas Armadas sí asistieron, al igual que los gobernadores aliados del Gobierno y los jueces del Tribunal Supremo, pero la ausencia de la oposición fue ensordecedora. Con las elecciones municipales de finales de año en el horizonte, los políticos bolsonaristas no querían ser vistos claudicando ante sus rivales o traicionando a su líder.

La polarización que ahora define al Brasil quedó expuesta en la ceremonia bautizada como "Democracia inquebrantable". Lula advirtió a sus compatriotas contra el triunfalismo: "Salvamos la democracia, pero la democracia hay que cuidarla todo el santo día". Recordó su propia trayectoria, cómo solo en democracia un metalúrgico como él pudo llegar a la presidencia, aunque tuvo que perder tres elecciones antes de lograrlo. Pidió a los jueces castigos ejemplares para los responsables, incluyendo a Bolsonaro, a quien considera el orquestador del asalto. Luis Roberto Barroso, presidente del Tribunal Supremo, sentenció que los golpistas "no pasaron y no pasarán". Pero incluso dentro de la institución brasileña no hay consenso sobre lo que sucedió ese día. Mientras Lula, sus aliados y la corte lo consideran un intento de golpe para arrebatar el poder, los opositores lo minimizan como vandalismo que causó daños materiales graves pero nunca pretendió quebrantar el orden constitucional.

La investigación continúa avanzando, aunque de manera desigual. El Tribunal Supremo ha condenado a treinta de los participantes materiales del asalto a penas de hasta diecisiete años por delitos como la abolición violenta del Estado de derecho. El lunes mismo, la policía ordenó una detención y más de cuarenta registros relacionados con el caso. Pero como señaló la politóloga Camila Rocha, entre los condenados hay una cocinera y un repartidor que llevaba una navaja, pero todavía ningún político, militar de alto rango o gran empresario. De los dos mil detenidos en aquellos días, aproximadamente mil fueron procesados y sesenta y seis permanecen encarcelados. Centenares pasaron por la cárcel, un shock para muchos brasileños de clase media blanca que se creían impunes. Muchos de los acusados están en prisión domiciliaria con tobillera electrónica y prohibición de usar redes sociales.

La ceremonia transcurrió bajo fuertes medidas de seguridad, un contraste brutal con lo que había sucedido un año antes. El 8 de enero de 2023, miles de manifestantes marcharon desde el Cuartel General del Ejército, donde estaban acampados, hasta la plaza de los Tres Poderes. Los agentes de policía los escoltaron por el camino y después permitieron que ignoraran las barreras de seguridad e invadieran sin resistencia el palacio presidencial de Planalto, el Tribunal Supremo y ambas Cámaras parlamentarias. Los destrozos se valoraron en veinticuatro millones de reales, aproximadamente cinco millones de dólares. Esa noche, Lula ordenó la intervención de la seguridad de Brasilia y colocó a un alto funcionario como interventor. Lo que sucedió después reveló las tensiones profundas dentro de las instituciones: Ricardo Capelli, el nuevo interventor y número dos del Ministerio de Justicia, fue al Cuartel General del Ejército acompañado de varios ministros cercanos a Lula para desmantelar el campamento. El general Julio César de Arruda, comandante jefe del Ejército, lo confrontó con palabras que capturaban la precariedad del momento: "¿Usted va a entrar aquí con hombres armados sin mi autorización?" Tras una negociación tensa, la operación quedó pospuesta hasta el amanecer del día siguiente, lo que permitió que muchos de los acampados, incluyendo militares y sus familias, se marcharan.

Mientras la policía detenía a los golpistas restantes, los equipos de conservación del Congreso regresaban a los edificios arrasados. Maria das Grutas Carvalho e Silva, parte de esos equipos, recordó: "No sabíamos ni por dónde empezar". Recogieron cada fragmento del patrimonio destruido. Una vitrina en el Senado ahora exhibe los restos de un jarrón rojo regalado por un jerarca del Partido Comunista chino, parte de una exposición sobre la restauración. Entre otros objetos recuperados está un balón del Santos que un ladrón devolvió intacto veinte días después en una comisaría a miles de kilómetros de distancia, en Sorocaba. Esos objetos, algunos restaurados y otros simplemente recogidos, son ahora testigos de un momento que Brasil sigue intentando procesar.