Bolivia elimina subsidio al diésel: precio sube 84% para grandes consumidores

Desde el lunes, el diésel cuesta casi un 84% más en Bolivia para quienes consumen más de 120 litros mensuales. Un decreto supremo eliminó lo que quedaba de la subvención estatal sobre este combustible, poniendo fin a más de dos décadas de precios congelados. El nuevo valor se actualizará cada cinco días según las cotizaciones internacionales, un cambio radical en la política de hidrocarburos del país que busca aliviar una crisis fiscal que cerró 2025 con un déficit equivalente al 12% del PIB.

El presidente Rodrigo Paz ya había reducido los subsidios en diciembre pasado, cuando el diésel subió más del 160% y la gasolina un 86%. Ahora, con esta segunda medida, el Gobierno elimina completamente el amortiguador de precios para los grandes consumidores. El resto de los usuarios —conductores particulares— mantiene sus tarifas sin cambios, al igual que la gasolina. Pero el impacto recae directamente sobre tres sectores: la agricultura, la minería y el transporte pesado, pilares de la economía boliviana.

Fernando Aramayo, ministro de la Presidencia, defendió la decisión en conferencia de prensa con un diagnóstico crudo: el Estado ha estado "desangrándose" comprando combustible a precio internacional para venderlo subsidiado internamente. Las reservas internacionales netas se redujeron un 87% en la última década. "Se vendió el oro de este país para cubrir el precio de un combustible que, por falta de inversión en el pasado, hoy tenemos que importar", afirmó. El ministro también citó la guerra en Irán como factor en la volatilidad de precios globales y señaló que el nuevo costo incluye logística, seguros y transporte.

La medida responde también a una crisis de abastecimiento que lleva tres años marcando la vida cotidiana boliviana. Las estaciones de servicio registran colas de hasta días enteros para conseguir diésel. En agosto solo se contabilizaron tres choques de automóviles con camiones que esperaban combustible, un síntoma del caos que genera el desabastecimiento en el flujo vehicular. El sector productivo había alertado que la escasez estaba quebrando la cadena agrícola, lo que presionó al Gobierno a actuar.

Marcelo Blanco, ministro de Hidrocarburos, fue vago sobre cuándo se normalizará el suministro: "Es un proceso de transición, esperamos que se solucione a la brevedad posible". El decreto se suma a una apertura de importación privada de gasolina y diésel que el Gobierno habilitó en julio. El Ejecutivo sostiene que la liberalización de precios también sofocará el contrabando de combustible, un problema que Paz denunció en marzo como una red de corrupción que descargaba carburante en Bolivia para venderlo a precio internacional en países vecinos. Esa misma trama habría adulterado gasolina que dañó aproximadamente 70.000 vehículos.

La investigación sobre la corrupción no avanzó, pero sí hubo detenciones. El exministro de Hidrocarburos Mauricio Medinacelli fue detenido y luego beneficiado con detención domiciliaria, junto con otras antiguas autoridades de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la empresa estatal petrolera. YPFB ha tenido tres presidentes en el último año. Blanco acusó a la institución de ser "el epicentro y origen de la corrupción y el contrabando", y anunció planes para reestructurarla quitándole su rol de comercialización. "Como dejaron de invertir en exploración, desapareció el famoso mar de gas; se dedicaron a vender", sentenció.

Ahora Bolivia enfrenta un experimento: si la liberalización de precios logra atraer importadores privados y regularizar el flujo de combustible, o si profundiza la crisis para los sectores que dependen del diésel. Las colas en las gasolineras seguirán siendo el termómetro de si la estrategia funciona.