Bolivia crea banco del oro para regularizar minería informal bajo nuevo gobierno

Bolivia acaba de cambiar de manos políticas, y con ese cambio llega una reconfiguración radical de cómo el país maneja su oro. El nuevo gobierno del presidente Rodrigo Paz, que asumió el cargo este mes después de dos décadas de administración socialista, está diseñando un banco del oro financiado tanto por capital público como privado. El objetivo declarado es simple en apariencia pero complejo en ejecución: traer orden y sostenibilidad a una industria que se ha convertido en sinónimo de caos ambiental y comercio opaco.

El ministro de Economía y Finanzas, José Gabriel Espinoza, explicó la estrategia en una entrevista con Bloomberg. El nuevo banco funcionaría como intermediario central, permitiendo al Estado continuar comprando oro extraído localmente —una práctica que comenzó a mediados de 2023— pero bajo reglas completamente distintas. La administración anterior utilizó el programa de compras para recaudar miles de millones de dólares en un momento de crisis de divisas agravada por subsidios al combustible que drenaban las arcas públicas. Fue una solución de emergencia que funcionó financieramente pero dejó cicatrices profundas en el sistema.

Esas cicatrices son visibles en todas partes. El programa carecía de transparencia desde el inicio. Los productores recibían pagos en moneda local, lo que indirectamente alimentó la inflación y creó incentivos perversos para el contrabando. Mientras tanto, el precio del oro se disparó más de 50% este año, impulsado por compras de bancos centrales globales y por la búsqueda desesperada de refugios ante el endeudamiento público mundial. Esa combinación desató lo que los analistas llaman una fiebre del oro descontrolada en toda Sudamérica, con prácticas mineras que devastan ecosistemas y redes comerciales que operan completamente fuera de cualquier supervisión.

Hasta agosto, el banco central de Bolivia había adquirido 28.5 toneladas métricas de oro producido localmente y monetizado 48 toneladas. Pero la aritmética del programa revela su fragilidad: vendió el metal por adelantado y aún debe entregar 6.7 toneladas el próximo año. Es un compromiso que el nuevo gobierno hereda como pasivo. Espinoza fue directo en su diagnóstico: "El único objetivo del programa era alimentar de dólares a un sistema de gestión monetaria que fue absolutamente pernicioso". No fue una crítica velada. Fue un reconocimiento de que la solución anterior, aunque necesaria en su momento, había generado distorsiones que ahora requieren corrección.

La nueva estrategia mantiene la compra estatal de oro pero promete reordenar los mecanismos del programa. Espinoza enfatizó tres pilares: establecer trazabilidad completa del metal desde su extracción, garantizar el cumplimiento de normas ambientales, y eliminar el oro como método de pago en sectores ilegales. Además, el gobierno planea ofrecer a los mineros cooperativistas mejores condiciones laborales a través de la formalización. No son promesas menores. La trazabilidad requiere tecnología y vigilancia. El cumplimiento ambiental requiere inspección y multas. La formalización requiere negociación con comunidades mineras que han operado en la informalidad durante décadas.

El contexto internacional amplifica la urgencia. Bolivia no está solo en esta batalla. La minería informal e ilegal de oro en toda Sudamérica ha crecido exponencialmente, alimentada por los mismos precios récord que hacen que cada gramo extraído valga más que nunca. Los bancos centrales del mundo están comprando oro como refugio ante la incertidumbre económica global. Eso significa que la presión sobre los depósitos de oro bolivianos seguirá siendo intensa, y la tentación de operaciones rápidas, sucias y lucrativas seguirá siendo fuerte.

El nuevo banco del oro será la prueba de fuego de si un gobierno puede reformar un sistema que funcionó, aunque de manera destructiva, en un momento de crisis. Si tiene éxito, Bolivia podría convertirse en modelo para otros países sudamericanos que enfrentan presiones similares. Si fracasa, el país volverá a enfrentar la elección entre crisis de divisas y degradación ambiental. Espinoza no ofreció detalles sobre cómo se financiaría el banco o quiénes serían sus accionistas privados. Esos detalles llegarán, probablemente, en las próximas semanas. Por ahora, lo que existe es una intención y una diagnosis clara de lo que salió mal.