América Latina: la región más letal para ambientalistas mientras la ONU alerta sobre el cambio climático

Miles de defensores ambientales han sido asesinados, desplazados y amenazados en América Latina, con 212 homicidios documentados solo en 2019 y prácticamente total impunidad en los crímenes.
Defender la tierra equivale a arriesgarse a ser asesinado
En América Latina, los activistas ambientales enfrentan una violencia sistemática que abarca desde amenazas hasta ejecuciones.

Documentadas al menos 2.460 agresiones contra defensores ambientales en 12 años, con Brasil liderando con 915 casos y Colombia siendo el país más letal en 2019. El acoso proviene de empresas, grupos criminales y gobiernos que estigmatizan a ambientalistas en lugar de abordar la depredación de recursos naturales.

  • Al menos 2.460 agresiones documentadas contra defensores ambientales en 12 años, con Brasil liderando con 915 casos
  • Colombia fue el país más letal en 2019 con 64 asesinatos de ambientalistas
  • 212 asesinatos documentados en 2019, el año con mayor número de muertes de defensores ambientales
  • Berta Cáceres, activista hondureña, asesinada en 2016 tras años de resistencia a una central hidroeléctrica
  • La mitad de las agresiones fueron dirigidas contra minorías étnicas indígenas y afrodescendientes

América Latina es la región más peligrosa para ambientalistas, quienes enfrentan asesinatos, amenazas y acoso estatal mientras advierten sobre el cambio climático.

En julio de 2021, mientras la Organización de Naciones Unidas advertía que el calentamiento global había alcanzado un punto de no retorno para la humanidad, un médico y activista ambiental llamado Facundo Vela fue asesinado en Florencia, Caquetá, en Colombia. Su muerte se sumaba a una cifra que pocos en el mundo conocen: en ese mismo año ya habían matado a 86 defensores de derechos humanos y ambientales en Colombia. Desde la firma del acuerdo de paz en 2016, esa cifra ascendía a 1.202.

En América Latina, proteger la tierra equivale a exponerse a una violencia sistemática que abarca desde golpizas y allanamientos hasta desalojos forzados, campañas de difamación, acosos judiciales y, en los casos más extremos, ejecución. Los que denuncian proyectos mineros, represas, infraestructura y explotación forestal no solo enfrentan a empresas privadas y grupos criminales. También enfrentan a gobiernos que los estigmatizan. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador descalificó a quienes se oponían al Tren Maya como "neoliberales" y "conservadores". El brasileño Jair Bolsonaro fue más directo: llamó a los ambientalistas "un cáncer" que debía ser eliminado.

En marzo de 2021, un equipo de 45 periodistas, fotógrafos y desarrolladores de 12 países latinoamericanos publicó una investigación exhaustiva llamada Tierra de Resistentes. Documentaron al menos 2.460 hechos victimizantes contra defensores ambientales en los últimos doce años. Brasil encabezaba la lista con 915 casos. Le seguían Honduras con 685, Colombia con 296, México con 245, Guatemala con 143, Ecuador con 59, Perú con 36, Argentina con 29, Bolivia con 21, Panamá con 18, Venezuela con 9 y Chile con 4. La mitad de esas agresiones fueron dirigidas contra minorías étnicas, exponiendo la vulnerabilidad particular de territorios indígenas y afrodescendientes.

La organización Global Witness publica cada año un informe sobre defensores de la tierra. En su reporte más reciente, Colombia aparecía como el país más letal: 64 asesinatos de ambientalistas en 2019. Filipinas ocupaba el segundo lugar con 43 homicidios, pero el resto de la lista era casi enteramente latinoamericana: Brasil con 24, México con 18, Honduras con 14, Guatemala con 12 y Venezuela con 8. El año 2019 marcó un récord: 212 asesinatos documentados de defensores ambientales en todo el mundo. Las tendencias de 2020, en medio de la pandemia, fueron al alza. Los expertos advierten que las cifras reales son aún mayores, porque muchos crímenes nunca se documentan.

Algunos casos se convirtieron en símbolos de una impunidad casi total. En marzo de 2016, Berta Cáceres, una respetada activista hondureña, fue asesinada a tiros en su casa después de años de luchar contra la construcción de una central hidroeléctrica que habría destruido el territorio ancestral de Intibucá. Su caso tuvo repercusión internacional y derivó en un juicio donde fue condenado uno de los coautores materiales del crimen. Fue una excepción rara. La práctica totalidad de los homicidios contra defensores ambientales en la región permanecen impunes.

En diciembre de 2020, Javier Francisco Parra, coordinador regional de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La Macarena en Colombia, fue acribillado. Llevaba más de veinte años denunciando la depredación de recursos naturales. En México, solo en los primeros meses de 2021, fueron asesinados al menos ocho ambientalistas. Entre ellos estaban Jaime Jiménez Ruiz, quien se oponía a proyectos hidroeléctricos en Oaxaca; Luis Domínguez Mendoza y Tomás Rojo Valencia, líderes yaqui que resistían la construcción de un acueducto en Sonora; y David Díaz Valdez, un reconocido activista de Colima cuya familia culpó al gobernador José Ignacio Peralta de su muerte.

En Brasil, hace dos años, Dilma Ferreira Silva, coordinadora del Movimiento Afectados por Represas en la región de Tucuruí, fue asesinada junto con su esposo Claudionor Costa da Silva y su amigo Hilton López. También en 2019, fueron ejecutados cinco miembros consecutivos de la tribu Guajajara que formaban parte de los Guardianes del Bosque, un grupo que lucha contra la tala ilegal en el Amazonas. Uno de sus líderes, Zezico Guajajara, estaba entre las víctimas.

Michel Forst, relator especial en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, advirtió hace cinco años sobre la creciente violencia. "Estoy extremadamente abrumado por el número de asesinatos y ataques, y por la falta de respuesta de los Estados ante esta situación", denunció. Desde entonces, la situación no ha mejorado. Mientras António Guterres, secretario general de la ONU, declaraba que el cambio climático era un "código rojo para la humanidad" y que muchos de sus efectos se estaban volviendo irreversibles, miles de personas que habían dedicado sus vidas a advertir sobre esa crisis permanecían muertas, desplazadas o amenazadas. Sus compañeros continuaban la lucha, sabiendo que el trabajo que realizaban para frenar el deterioro ambiental podría costarles la vida.

Estoy extremadamente abrumado por el número de asesinatos y ataques, y por la falta de respuesta de los Estados ante esta situación
— Michel Forst, relator especial en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas
Es un código rojo para la humanidad. El calentamiento global está afectando a todas las regiones de la Tierra y muchos de los cambios se están volviendo irreversibles
— António Guterres, secretario general de la ONU
The Hearth Conversation Another angle on the story
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¿Por qué América Latina es particularmente peligrosa para los ambientalistas?

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Porque aquí convergen tres fuerzas: empresas extractivas con poder económico real, gobiernos que priorizan el desarrollo sobre la protección ambiental, y grupos criminales que controlan territorios. Cuando denuncias un proyecto minero o una represa, no solo te enfrentas a una corporación. Te enfrentas a una red.

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¿Y los gobiernos? ¿Por qué algunos presidentes atacan a los activistas en lugar de protegerlos?

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Porque muchos gobiernos ven la defensa ambiental como un obstáculo al crecimiento económico, no como una advertencia legítima. López Obrador llamó "neoliberales" a quienes se oponían al Tren Maya. Bolsonaro fue más brutal: los llamó "un cáncer". Cuando el Estado estigmatiza, crea un espacio donde la violencia privada prospera sin consecuencias.

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¿Qué tan grave es la impunidad?

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Casi total. De miles de asesinatos documentados en doce años, prácticamente ninguno ha resultado en condena. Berta Cáceres es una excepción rara, y aun así solo uno de los coautores fue condenado. La mayoría de los casos simplemente desaparecen.

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¿Quiénes son los objetivos principales?

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Líderes indígenas y afrodescendientes, sobre todo. La mitad de las agresiones documentadas fueron contra minorías étnicas. Eso no es casualidad. Los territorios indígenas tienen recursos que otros quieren, y menos poder político para defenderse.

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¿Qué significa que 2019 fue el año con más asesinatos documentados?

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Significa que la violencia estaba acelerándose, no disminuyendo. Y que 2020 y 2021 continuaron esa tendencia al alza. Mientras la ONU advertía sobre el cambio climático, la gente que llevaba años advirtiendo sobre eso estaba siendo asesinada.

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¿Hay alguna esperanza en estos números?

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La esperanza está en que siguen luchando. A pesar de todo, a pesar de saber el riesgo, continúan. Eso es lo que el reportaje intenta honrar: no solo el costo, sino la persistencia.

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