Álex Saab acepta declararse culpable y colaborar contra Maduro en acuerdo con justicia estadounidense

Álex Saab ha llegado a un acuerdo con la justicia estadounidense que cierra uno de los expedientes más intrincados de América Latina en los últimos años. El empresario barranquillero, durante años señalado como testaferro de Nicolás Maduro, aceptó declararse culpable de conspiración para blanquear dinero y se comprometió a entregar 195 millones de dólares. El acuerdo, hecho público el 15 de septiembre por la corte del Distrito Sur de Florida, marca un giro radical en su trayectoria: de ser ministro de Industrias de Producción Nacional en Venezuela a convertirse en colaborador de la justicia estadounidense contra el régimen que lo protegió.

La historia de Saab es una sucesión de giros inesperados. Fue pieza fundamental del chavismo, luego huyó a Cabo Verde, fue capturado y trasladado a una cárcel en Estados Unidos, recuperó su libertad tras un acuerdo entre los gobiernos de Maduro y Joe Biden, y regresó a Caracas como héroe. Pero el 2 de enero de este año, cuando el presidente Donald Trump capturó y extrajo a Maduro en un operativo militar, la suerte de Saab quedó sellada. Maduro ahora responde en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn por cargos que incluyen conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importación de cocaína y posesión de armas destructivas. Para la justicia estadounidense, lo que sabe Saab es fundamental: se le considera el arquitecto del engranaje económico que permitió que Maduro se perpetuara en el poder.

Pocas semanas después de la captura de Maduro, Saab fue destituido del Gobierno el 16 de enero. El 16 de mayo, Venezuela lo entregó como deportado. En ese momento, dejó de ser tratado como ciudadano venezolano y fue identificado oficialmente como ciudadano colombiano. Las audiencias en Estados Unidos fueron aplazadas repetidamente, señal de que Saab había comenzado a colaborar. El 15 de septiembre, la corte confirmó lo que se sospechaba: aceptó declararse culpable del único cargo de conspiración para blanquear instrumentos monetarios.

La cifra de 195 millones de dólares que Saab aceptó entregar revela la magnitud del desfalco. Este monto sugiere que el saqueo en Venezuela, especialmente a través del programa de ayuda alimentaria Clap, fue considerablemente mayor de lo que se conocía públicamente. El acuerdo incluye un capítulo extenso que nombra a tres ciudadanos colombianos involucrados en la red de corrupción: Álvaro Pulido Vargas, Emmanuel Enrique Rubio González y Carlos Rolando Lizcano Manrique. Pulido Vargas, uno de los socios más cercanos de Saab, fue capturado en abril de 2023 en Caracas por lavado de activos, aunque su ubicación actual es un misterio debido al hermetismo de las autoridades judiciales venezolanas. Rubio González y Lizcano Manrique son comerciantes reconocidos en Norte de Santander que han sido piezas fundamentales en alianzas políticas en ese departamento.

Según el documento de aceptación de cargos, Saab y Pulido, junto con funcionarios venezolanos de alto nivel, fueron los principales organizadores de la red ilegal. Diseñaron y ejecutaron un sistema de sobornos y pagos ilegales a funcionarios públicos para que entidades controladas secretamente por los conspiradores recibieran lucrativos contratos del Gobierno para importar alimentos y medicinas bajo el programa Clap. En esta red también aparece José Gregorio Vielma-Mora, exgobernador del Táchira, zona fronteriza con Colombia, quien durante años ha tenido fuertes nexos con dirigentes políticos en Colombia, especialmente en Norte de Santander. Los millones de dólares desviados terminaron en bancos en Panamá, Bulgaria, Liechtenstein y Suiza. Saab y Pulido utilizaron una firma suiza de asesoría financiera para establecer secretamente entidades y cuentas bancarias con el propósito de lavar fondos.

El acuerdo deja claro que Saab entregará información valiosa sobre los actores principales del régimen. Se comprometió a cooperar plenamente con la Fiscalía mediante el suministro de información y testimonio veraces, la entrega de documentos y registros, y a no proteger a ninguna persona mediante información falsa u omisión. El documento indica que su conocimiento es extenso: desde su regreso a Venezuela en diciembre de 2023 hasta febrero de 2026, Saab se incorporó al Gobierno en capacidad oficial, recibió fondos de contratos Clap anteriores y continuó prestando asistencia a funcionarios venezolanos en otros esquemas ilegales.

Por ahora, Saab ha confesado cómo funcionó el entramado del Clap, pero su testimonio completo podría generar consecuencias sin precedentes. El delito que aceptó puede resultar en hasta 20 años de cárcel, aunque la sentencia no se conocerá hasta enero de 2027. De aquí a esa fecha, la justicia estadounidense seguramente lo presionará para que sea testigo fundamental en los procesos en curso contra Maduro, su esposa Cilia Flores, y posiblemente contra los colombianos involucrados. Lo que Saab revele en los próximos meses podría remover los cimientos de la corrupción que sostuvo al régimen venezolano durante años.