Alberto Mayol y el giro “iliberal” de Kast: “Se están cumpliendo los elementos que lo configuran”

Estamos hablando de ir doblando las instituciones sin romperlas abiertamente
Mayol distingue el iliberalismo del autoritarismo como un proceso gradual de debilitamiento institucional.
Mark

¿Por qué distinguir entre iliberalismo y autoritarismo? ¿No es lo mismo?

Mimi

No. El autoritarismo es el destino final, el punto donde ya no hay límites. El iliberalismo es el camino. Es cuando empiezas a doblar las instituciones poco a poco, sin romperlas abiertamente. Es más difícil de ver, por eso es peligroso.

Mark

Pero si la gente apoya políticas de seguridad dura, ¿no tiene derecho a pedirle al gobierno que actúe?

Mimi

Claro que tiene derecho. El problema es que la aprobación de una política específica no debería justificar cambiar cómo funcionan las instituciones. Es confundir dos cosas: lo que quieres que se haga con cómo se hace.

Mark

¿Entonces las reformas no van a reducir el crimen?

Mimi

Mayol dice que no atacan las causas centrales. Lo que hacen es concentrar más poder político. Eso puede parecer eficiente a corto plazo, pero debilita los controles que evitan que ese poder se abuse.

Mark

¿Y el ejemplo de El Salvador?

Mimi

Bukele hizo exactamente esto. Fortaleció el poder ejecutivo sobre las instituciones de seguridad. Funcionó para reducir números de criminalidad, pero a costa de perder controles sobre cómo se trata a los detenidos, cómo se investiga, quién decide qué.

Mark

¿Cuál es el riesgo específico en Chile?

Mimi

Que estás dándole más poder a un sistema político que la gente ya desconfía. No es que las instituciones de seguridad sean débiles. Es que los políticos que las controlarían son débiles en legitimidad. Eso es invertir en el lugar equivocado.

  • Mayol irrumpe en el debate con una tesis incómoda: el gobierno Kast no está construyendo seguridad, está construyendo poder político disfrazado de seguridad.
  • El iliberalismo que describe no llega con tanques ni decretos, sino con reformas graduales que van limando los contrapesos institucionales hasta que casi nadie nota cuándo se cruzó la línea.
  • La aprobación ciudadana a las políticas duras contra el crimen se convierte en el combustible que legitima cada modificación institucional, atrapando a la oposición en una trampa política difícil de desactivar.
  • Las nuevas atribuciones no fortalecen a instituciones técnicas y profesionales, sino a los políticos que las ocupan —exactamente los actores en quienes la ciudadanía menos confía.
  • El análisis de Mayol no ofrece salida inmediata: el riesgo se acumula en silencio mientras el debate público permanece anclado en la urgencia del crimen y no en la arquitectura del poder.

En el debate sobre el rumbo del gobierno de José Antonio Kast, el sociólogo Alberto Mayol ofrece una advertencia que trasciende la coyuntura: las reformas constitucionales impulsadas bajo el nombre de la seguridad no combaten las raíces del crimen organizado, sino que erosionan, paso a paso, los límites que las instituciones imponen al poder político. No es autoritarismo declarado, sino algo más silencioso —el iliberalismo—, que avanza precisamente porque lleva el respaldo popular como escudo. La paradoja que Mayol ilumina es antigua y perturbadora: cuanto más desconfía la ciudadanía del sistema político, más peligroso resulta entregarle más poder.

El sociólogo Alberto Mayol entró esta semana al debate sobre el carácter del gobierno de José Antonio Kast con una posición clara: los elementos de iliberalismo están presentes, y son visibles en las reformas constitucionales que el ejecutivo impulsa bajo el paraguas de la seguridad pública.

Para Mayol, el iliberalismo no equivale a autoritarismo abierto —ese término lo reserva para situaciones más extremas—, sino a algo más sutil: el debilitamiento gradual de los límites que las instituciones imponen al poder político. Lo describió como una ruta elegante hacia destinos autoritarios, y citó el modelo penitenciario de Bukele en El Salvador como ejemplo de lo que ocurre cuando se pierden los controles institucionales sobre el trato a las personas, más allá de la discusión sobre derechos humanos.

Lo que más le preocupa es el mecanismo de legitimación: la ciudadanía apoya medidas duras contra el crimen, y ese respaldo se transforma en capital político para modificar instituciones. El problema es que transitar ese camino, aunque sea con apoyo popular, genera consecuencias que superan la inmediatez de la seguridad pública.

Mayol también cuestionó la eficacia real de las reformas: no atacan las causas centrales de la criminalidad organizada. Lo que hacen, en cambio, es concentrar poder en manos de los actores políticos que ocupan las instituciones estatales, no en las instituciones técnicas mismas. Y ahí emerge la contradicción más aguda de su diagnóstico: el sistema político que acumularía esos nuevos poderes es precisamente el que la ciudadanía evalúa con mayor desconfianza. Más poder para quienes menos se confía —esa es, según Mayol, la verdadera apuesta que se está haciendo.

El sociólogo Alberto Mayol ingresó esta semana al debate sobre si el gobierno de José Antonio Kast está adoptando un rumbo "iliberal", y su respuesta fue directa: sí, los elementos están ahí, visibles en las reformas constitucionales que el ejecutivo impulsa bajo la bandera de la seguridad.

Mayol explicó que el iliberalismo, aunque todavía es un concepto en construcción académica, tiene características reconocibles. No se trata de autoritarismo puro —ese término reserva para situaciones más extremas—, sino de algo más sutil y quizás más peligroso: el debilitamiento gradual de los límites que las instituciones ponen al poder político. Es, en sus palabras, "una forma elegante" de describir caminos que conducen hacia rutas autoritarias. El ejemplo que utilizó fue el modelo penitenciario de Nayib Bukele en El Salvador, donde el problema no es solo la cuestión de derechos humanos, sino la pérdida de controles institucionales sobre cómo se trata a las personas privadas de libertad.

Lo que preocupa a Mayol es que estas reformas avanzan amparadas en la aprobación ciudadana hacia políticas de seguridad. El público respalda medidas duras contra el crimen, y eso se convierte en legitimidad política para modificar instituciones. Pero aquí está el riesgo: comenzar a transitar ese camino, aunque sea con apoyo popular, tiene consecuencias que van más allá de la inmediatez de la seguridad pública.

Cuestionó también la efectividad real de estas reformas. Mayol sostiene que no atacan los elementos centrales de la criminalidad organizada. En cambio, lo que hacen es fortalecer el poder político del sistema sobre las instituciones estatales que supuestamente deben combatir el delito. Las nuevas atribuciones no van a las instituciones técnicas, sino a los políticos que las ocupan. Y aquí emerge la contradicción más aguda: el sistema político tiene una evaluación muy baja entre la ciudadanía. Entonces se está concentrando más poder en las manos de actores que la gente ya desconfía. Mayol cerró su análisis señalando que no se trata de dar más herramientas a instituciones impersonales y profesionales, sino de ampliar el alcance de personas que pueden llegar a ocupar esos cargos políticos. Eso es el sistema político. Y ese sistema, según su diagnóstico, es precisamente lo que la ciudadanía menos confía que maneje más poder.

Estamos hablando de una forma elegante a caminos que tienen rutas autoritarias
— Alberto Mayol, sociólogo y cientista político
No ataca a los elementos centrales para combatir la delincuencia; más bien aumenta los poderes políticos del sistema político por sobre las instituciones estatales
— Alberto Mayol
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