Vídeo contradice versión oficial sobre uso de táser en detención que precedió muerte de joven

Ander Sáenz tenía treinta años y vivía en Santurtzi, un municipio de poco menos de 46.000 habitantes en Bizkaia. El 22 de junio, pasadas las tres de la tarde, acudió a la comisaría de la Policía Local. Según la versión que las autoridades municipales ofrecieron entonces, salió corriendo tras llamar al timbre, arrebató un bastón a una persona mayor que cayó al suelo, y fue perseguido a pie por los agentes hasta ser alcanzado a unos 200 metros de la comisaría. Allí lo redujeron y utilizaron una pistola táser. Una ambulancia lo trasladó al hospital, donde murió dos días después.

Ahora, un vídeo grabado desde un edificio cercano ha puesto en cuestión los detalles de esa reconstrucción pública. Las imágenes muestran a Ander ya en el suelo, inmovilizado por tres agentes, cuando recibe la descarga eléctrica de la pistola táser. Esta circunstancia contradice directamente lo que las autoridades habían comunicado sobre cómo se desarrolló la intervención. El vídeo ha reabierto el debate sobre qué sucedió exactamente y qué papel jugó esa descarga en lo que vino después.

Lo que hace más grave esta contradicción es lo que no aparece en los registros oficiales. Según la reconstrucción posterior del Servicio Vasco de Salud, Ander quedó semiinconsciente y con respiración entrecortada minutos después de recibir la descarga eléctrica. Sin embargo, ni en los reportes de Emergencias ni en los de Urgencias consta que los agentes hubieran utilizado una pistola táser. El joven tuvo que esperar reducido en el suelo durante más de una hora hasta que llegara la ambulancia. Ese día, Euskadi sufría una ola de calor con temperaturas que rozaban los 40 grados. La omisión de la información sobre el táser en los informes sanitarios pudo haber condicionado la atención médica que Ander recibió en el hospital.

La plataforma Justizia Anderrentzat, que agrupa a medio centenar de personas cercanas a Ander y su familia, ha denunciado que esta omisión consciente de información fue determinante. Sostienen que no consta en los informes que se produjera una actuación policial violenta, y que esa ausencia de datos afectó directamente a cómo fue tratado en el hospital y cómo se realizó la autopsia. Desde el principio, han cuestionado la versión de los sindicatos policiales y lo que consideran una lectura interesada de algunos medios de comunicación.

La alcaldesa de Santurtzi, Itziar Carrocera del PNV, ha reconocido que las imágenes del vídeo "son duras" y "nos parecen difícilmente justificables". El consistorio ha solicitado un nuevo informe detallado sobre la detención al responsable que estaba al mando en ese momento. También ha hecho un llamamiento público pidiendo que cualquier persona que tenga vídeos o imágenes relacionados con los hechos los aporte cuanto antes, argumentando que las pruebas deben estar en manos de quienes investigan, no en las redes sociales.

La oposición ha pedido una rectificación a la alcaldesa. EH Bildu, el grupo líder en la oposición municipal, ha calificado los hechos de "auténtico despropósito" y ha señalado que se aprecia un uso de la fuerza totalmente desproporcionado una vez que Ander ya estaba reducido e inmovilizado. Su portavoz, Beñat Goikoetxea, exige que la alcaldesa realice una rectificación pública y pida disculpas por las declaraciones del concejal de Seguridad, quien había asegurado que no había indicios de actuación indebida. También pide que se abran expedientes disciplinarios a los agentes implicados y su suspensión cautelar.

El pasado fin de semana, más de 10.000 personas salieron a las calles de Santurtzi en una manifestación multitudinaria pidiendo justicia. Los padres de Ander, Fernando y Ana, tomaron la palabra en el acto final para agradecer la respuesta social. La plataforma ha convocado una nueva movilización para el 3 de octubre, en la que pretende que se depuren responsabilidades policiales, políticas y mediáticas, que se reconozca a Ander como víctima de violencia policial, y que se prohíba el uso de recursos y técnicas letales como las pistolas eléctricas.

Mientras tanto, el caso está en los juzgados donde se ha abierto un procedimiento de investigación. El magistrado está recopilando declaraciones y pruebas antes de decidir si procede avanzar hacia una eventual fase de juicio. Según la abogada de la familia, Irati Agirre, entre las diligencias que se están recabando se encuentran fotografías y vídeos de la intervención policial, así como documentación sobre los protocolos internos que regulan el uso de las pistolas táser. También se investiga cuál es el procedimiento establecido para actuar ante personas que sufren un brote psicótico o presentan una alteración de su estado mental. Este no es el primer escándalo que vive la localidad: la anterior alcaldesa dimitió tras investigaciones de la Fiscalía sobre presuntas irregularidades en unas oposiciones al cuerpo de policía.