UNGRD alerta sobre zonas vulnerables a sequías e incendios por El Niño

El fenómeno de El Niño ha dejado de ser una amenaza futura para convertirse en una realidad presente. A finales de julio de 2026, el Gobierno colombiano tomó la decisión de declarar una situación de desastre nacional, reconociendo que las condiciones adversas ya están instaladas en la atmósfera y los océanos del país. El decreto que formalizó esta declaratoria, publicado el 23 de julio, permanecerá vigente durante doce meses y abre la puerta a la movilización de recursos extraordinarios y medidas especiales diseñadas para anticiparse a los efectos del fenómeno climático.

Los números que maneja la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres son contundentes. Existe una probabilidad superior al 95 por ciento de que las condiciones de El Niño se fortalezcan durante el segundo semestre de 2026. Más aún, hay un 63 por ciento de posibilidad de que este sea particularmente intenso. Los expertos advierten que los efectos podrían extenderse hasta el primer trimestre de 2027, y las proyecciones sugieren que podría tratarse de uno de los episodios más severos registrados en más de siete décadas.

La preocupación de las autoridades no es abstracta. El fenómeno trae consigo una cascada de consecuencias concretas: sequías prolongadas, problemas en la generación de energía eléctrica, incendios forestales descontrolados y deterioro de ecosistemas. Pero el impacto no se distribuye de manera uniforme. Tres regiones del país enfrentarán los golpes más duros. Las zonas Pacífica, Andina y Caribeña experimentarán una reducción drástica de las precipitaciones, lo que significa que el agua escaseará precisamente donde millones de personas dependen de ella.

Las consecuencias de esta escasez de agua se ramifican en múltiples direcciones. El abastecimiento de agua potable para las poblaciones urbanas y rurales se verá comprometido. La generación de energía hidroeléctrica, que representa una porción significativa de la matriz energética colombiana, enfrentará limitaciones severas. La producción agropecuaria, columna vertebral de la economía rural, se verá afectada por la falta de lluvia. La salud pública podría deteriorarse por problemas asociados a la escasez de agua y la mala calidad del aire. Los ecosistemas, ya bajo presión, sufrirán daños adicionales.

Además de estos efectos directos, la UNGRD advierte sobre la proliferación de incendios de cobertura vegetal. Con menos lluvia y mayor sequedad, los bosques y pastizales se vuelven más vulnerables al fuego. Estos incendios no solo destruyen biodiversidad, sino que también degradan la calidad del aire, afectando la salud respiratoria de millones de colombianos, y deterioran los suelos, comprometiendo la capacidad productiva de las tierras.

La declaratoria de desastre nacional es, en esencia, un reconocimiento de que el país enfrenta una crisis ambiental que requiere respuestas extraordinarias. No se trata de una medida alarmista, sino de un mecanismo legal que permite al Gobierno actuar con mayor rapidez y flexibilidad para proteger a las poblaciones más vulnerables. Durante los próximos doce meses, las autoridades tendrán la capacidad de reasignar presupuestos, implementar restricciones de uso de agua, fortalecer sistemas de alerta temprana y coordinar acciones entre diferentes niveles de gobierno.

Lo que suceda en los próximos meses será determinante. Si las predicciones se cumplen, Colombia enfrentará un período de estrés hídrico sin precedentes en décadas recientes. Las regiones Pacífica, Andina y Caribeña serán los epicentros de esta crisis, pero sus efectos se sentirán en todo el país. La pregunta ahora no es si El Niño llegará, sino cuán bien preparado estará el país para enfrentar sus consecuencias.