En Sevilla, un juzgado examina si el Servicio Andaluz de Salud prolongó durante dos años y medio un régimen de contratación de emergencia que debía haber concluido con la pandemia, adjudicando 242 millones de euros sin competencia ni negociación de precios. La querella del PSOE, dirigida contra dos ex directores gerentes del organismo, plantea una pregunta que trasciende lo judicial: ¿hasta dónde puede extenderse la excepción antes de convertirse en norma? Lo que el juzgado de Instrucción número 13 dilucide en los próximos meses podría redefinir los límites del gasto público en situaciones de
Un juez investiga contratos de emergencia del SAS por presunto fraude de 242 millones
Un colosal fraude que escondía una contumaz voluntad de contratar a dedo
Mark
¿Por qué es tan grave mantener contratos de emergencia después de que la pandemia terminó?
Mimi
Porque los contratos de emergencia existen precisamente para situaciones excepcionales donde no hay tiempo para procedimientos normales. Una vez que la excepción termina, volver a los procedimientos ordinarios no es burocracia innecesaria, es la ley. Mantenerlos después es elegir deliberadamente eludir la competencia.
Mark
Pero ¿no es posible que simplemente haya habido retrasos en los nuevos expedientes?
Mimi
Eso es lo que argumentan los informes jurídicos del SAS. Pero aquí hay un detalle crucial: pasaron dos años y medio. La Junta ordenó el fin de la contratación de emergencia en junio de 2021, y el Gobierno no anunció públicamente el cese hasta marzo de 2023, después de que saliera en la prensa. Eso no parece un retraso administrativo involuntario.
Mark
¿Cómo calculan los 24 millones de daño?
Mimi
Comparan los precios que el SAS pagó sin competencia con los precios que obtiene cuando sí hay competencia. Cuando las empresas compiten, la baja media es de al menos el 10 por ciento. Aplicar ese porcentaje a 242 millones da 24 millones. Es un cálculo conservador, basado en datos históricos de la propia Administración.
Mark
¿Qué significa que la querella sugiera responsabilidades más amplias?
Mimi
Que los socialistas creen que esto no pudo ocurrir sin conocimiento de niveles más altos del Gobierno. Pero dicen que por ahora solo acusan a los dos directores gerentes que firmaron. Es una forma de dejar la puerta abierta para que la investigación penal determine si hubo otros implicados.
Mark
¿Por qué el PSOE pide que investiguen la UDEF y la IGAE?
Mimi
Porque quieren replicar el modelo de los ERE, que funcionó. La UDEF es especializada en delincuencia económica, y la IGAE tiene peritos que entienden de números públicos. Es decir, quieren que investiguen expertos, no solo policía general.
Mark
¿Qué pasa ahora?
Mimi
El juez debe decidir si acepta la investigación como está planteada o la modifica. Los tres investigados declararán en algún momento. Y el Gobierno seguirá argumentando que todo fue legal según sus informes jurídicos. La verdad dependerá de lo que encuentre la investigación.
O Pulso
- Mientras la pandemia retrocedía, los contratos de emergencia del SAS seguían creciendo: de 70 millones en 2021 llegaron a 242 millones en 2022, ignorando la orden de la Consejería de Hacienda que declaró el fin de ese régimen en junio de 2021.
- El PSOE cifra el daño al erario en más de 24 millones de euros, argumentando que la ausencia de competencia privó a la Administración de la rebaja media del 10% que suelen producir las licitaciones ordinarias.
- Dos ex directores gerentes del SAS enfrentan acusaciones de prevaricación, malversación y falsedad documental; la querella se amplió para incluir a la actual gerente y apunta a que las irregularidades alcanzaron contratos firmados en 2024.
- El Gobierno andaluz defiende las prórrogas con informes jurídicos propios y denuncia que la acción judicial es una estrategia de lawfare, mientras el juzgado ya ha citado a declarar a los tres investigados.
- Los socialistas piden replicar el modelo de la macrocausa de los ERE —con la UDEF y peritos de la IGAE— para profundizar en una investigación que podría sentar precedente sobre el control del gasto en emergencias sanitarias.
En Sevilla, un juzgado examina si el Servicio Andaluz de Salud prolongó durante dos años y medio un régimen de contratación de emergencia que debía haber concluido con la pandemia, adjudicando 242 millones de euros sin competencia ni negociación de precios. La querella del PSOE, dirigida contra dos ex directores gerentes del organismo, plantea una pregunta que trasciende lo judicial: ¿hasta dónde puede extenderse la excepción antes de convertirse en norma? Lo que el juzgado de Instrucción número 13 dilucide en los próximos meses podría redefinir los límites del gasto público en situaciones de emergencia sanitaria en Andalucía.
Un juzgado de Sevilla lleva meses examinando una acusación que cuestiona cómo se gestionó el dinero público en Andalucía durante y después de la pandemia. La querella del grupo parlamentario del PSOE sostiene que el Servicio Andaluz de Salud mantuvo un sistema de contratación de emergencia mucho más allá de su justificación, adjudicando 242 millones de euros en contratos sin competencia ni negociación de precios.
Todo comenzó en enero de 2021, cuando el SAS autorizó contratos de emergencia por 70 millones para servicios sanitarios complementarios, con vencimiento previsto para finales de ese año. En junio de 2021, la Consejería de Hacienda ordenó el fin de ese régimen. Sin embargo, el SAS prorrogó los contratos en diciembre de 2021 —elevando el importe a 125 millones— y de nuevo en agosto de 2022, hasta alcanzar los 242 millones. Según los denunciantes, las irregularidades se extendieron incluso a 2024.
La acusación calcula un perjuicio de más de 24 millones de euros: si la Administración hubiera licitado correctamente, la competencia habría generado una rebaja media de al menos el 10% sobre el precio de partida. Además, numerosas empresas quedaron excluidas sin haber tenido nunca la oportunidad de concursar.
La querella apunta directamente a Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas, ex directores gerentes del SAS que firmaron las resoluciones, acusándolos de prevaricación, malversación y falsedad documental. En una ampliación posterior se incluyó a la actual gerente, Valle García Sánchez. El Gobierno andaluz responde con dos informes jurídicos propios que avalaban las prórrogas y califica la acción judicial de lawfare.
El PSOE solicita que la investigación siga el modelo de la macrocausa de los ERE, con intervención de la UDEF y peritos de la IGAE. El juez ya ha dado traslado de la querella a los investigados y ha acordado que declaren en fases posteriores. Lo que se resuelva podría determinar no solo responsabilidades individuales, sino también los límites del gasto público en futuras emergencias sanitarias.
Un juzgado de Sevilla lleva meses investigando una acusación que toca el corazón de cómo se gasta el dinero público en Andalucía. La querella, presentada por el grupo parlamentario del PSOE, sostiene que el Servicio Andaluz de Salud mantuvo durante dos años y medio un sistema de contratación de emergencia que debería haber terminado cuando la pandemia de Covid-19 llegó a su fin. El resultado, según los denunciantes, fue la adjudicación de más de 242 millones de euros en contratos sin que mediara competencia, sin negociación de precios, y sin los procedimientos que exige la ley.
La historia comienza en enero de 2021, cuando el SAS autorizó contratos de emergencia por 70 millones de euros para servicios de asistencia sanitaria complementaria, justificados por la sobrecarga de la red derivada de la pandemia. Esos contratos tenían fecha de vencimiento el 31 de diciembre de 2021. Pero lo que pasó después es lo que preocupa al juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla. En junio de 2021, la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía emitió una instrucción declarando el fin de la contratación de emergencia por Covid-19. A pesar de eso, el SAS continuó prorrogando esos contratos. Una prórroga en diciembre de 2021 los extendió hasta septiembre de 2022 y elevó el importe a 125 millones. Una segunda prórroga, en agosto de 2022, los llevó hasta el 31 de diciembre de 2022 y aumentó la cifra a 242 millones. Y según la ampliación de la querella presentada por los socialistas, las irregularidades continuaron incluso en 2024.
La acusación sostiene que esto causó un daño de más de 24 millones de euros al erario público. El razonamiento es directo: cuando el SAS contrató de emergencia, fijó un precio único para todas las empresas sin negociar. Cuando la Administración aplica correctamente la Ley de Contratos del Sector Público y permite que las empresas compitan, la baja media sobre los precios de partida es de al menos el 10 por ciento. Aplicando ese porcentaje al total de 242 millones, los socialistas calculan que el daño al patrimonio público asciende a más de 24 millones de euros. Además, denuncian que el sistema excluyó a empresas que nunca tuvieron la oportunidad de optar a esos contratos públicos.
La querella se dirige contra Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas, ambos directores gerentes del SAS que firmaron las resoluciones de emergencia. Los acusa de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad en documento público y pertenencia a organización criminal. En una ampliación posterior, el PSOE incluyó también a Valle García Sánchez, la actual gerente del SAS, al estimar que las irregularidades se extendieron a contratos firmados durante 2024. Los socialistas sugieren que las responsabilidades podrían alcanzar a otros miembros del Gobierno de Juanma Moreno, aunque dicen que por ahora se limitan a señalar a los dos directores gerentes como presuntos responsables directos.
El Gobierno andaluz ha respondido caracterizando la denuncia como lawfare, judicialización de la política. Para ello, presenta dos informes jurídicos emitidos por los servicios jurídicos del SAS, uno en diciembre de 2021 y otro en agosto de 2022, que avalaban las prórrogas. El primer informe, de ocho páginas, argumentaba que aunque el real decreto que declaró el estado de alarma había perdido vigencia en mayo de 2021, existía un interés público probado para no interrumpir la prestación de esos servicios mientras se tramitaban nuevos expedientes de contratación. El segundo informe, más breve, se limitaba a responder de forma general sobre la posibilidad de ampliar la contratación de emergencia durante la licitación de nuevos contratos. Ambos informes se emitieron justo antes de cada prórroga.
El PSOE ha solicitado al juzgado que la investigación sea encomendada a la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Policía Judicial, y que los informes periciales sean elaborados por expertos de la Intervención General de la Administración del Estado. Es el mismo modelo que se utilizó en la macrocausa de los ERE, que resultó en condenas. El juez ya ha dado traslado de la querella a los tres investigados y ha acordado que declaren en fases posteriores de la instrucción. Lo que suceda en los próximos meses podría determinar no solo responsabilidades individuales, sino también cómo se controla el gasto público en emergencias sanitarias en Andalucía.
Citações Notáveis
Es imposible sostener que no haya sido posible arbitrar un procedimiento de contratación cuando la Administración tuvo tiempo más que suficiente— Querella del PSOE-A
Los contratos de emergencia no eran más que un colosal fraude que escondía una contumaz voluntad de contratar a dedo a las empresas que se elegían por criterios desconocidos y opacos— Denuncia del PSOE-A
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