UE propone permitir a gigantes de IA acceso ilimitado a datos de ciudadanos europeos

La presidencia irlandesa de la Unión Europea está preparando una propuesta que transformaría radicalmente cómo se protegen los datos personales de los ciudadanos europeos. El documento, obtenido por la organización de defensa de la privacidad Noyb y revisado por EL PAÍS, sugiere modificar el Reglamento General de Protección de Datos para permitir que empresas como OpenAI, Anthropic, Google y Meta utilicen sin restricciones toda la información que han acumulado durante años o décadas para entrenar sus sistemas de inteligencia artificial.

La propuesta forma parte de una reformulación más amplia conocida como ley ómnibus digital, un paquete regulatorio que busca simplificar la normativa digital europea mientras mantiene, según sus defensores, un alto nivel de protección ciudadana. Junto al RGPD, el paquete incluye el Reglamento Europeo de IA, aprobado hace apenas tres años, así como normas sobre ciberseguridad y plataformas digitales. Irlanda, que ostenta la presidencia de turno del Consejo de la UE hasta el 31 de diciembre, está circulando documentos entre los representantes de todos los Estados miembros para construir consensos antes de la votación final.

El corazón de la propuesta es un nuevo artículo, el 88 bis, que establecería que el procesamiento de datos personales en el contexto del desarrollo u operación de sistemas de IA se consideraría automáticamente un "interés legítimo". Esta categorización legal es crucial: al clasificarse como interés legítimo, las empresas no necesitarían obtener consentimiento expreso de los usuarios para tratar sus datos. En la práctica, esto significaría que las tecnológicas tendrían derecho a hacer uso ilimitado de esa información, incluyendo datos de personas que nunca han sido sus clientes pero que aparecen mencionadas en conversaciones de otros usuarios, así como información recopilada hace años a través de redes sociales, chats y otras plataformas.

Max Schrems, el jurista austriaco que litigó exitosamente contra Facebook y logró que las empresas extranjeras respetaran los estándares de privacidad de la UE, califica esta propuesta como "una expropiación digital en toda regla de los europeos". Schrems, ahora fundador de Noyb, una organización sin ánimo de lucro dedicada a la defensa de la privacidad digital, advierte que todo lo que los ciudadanos europeos hayan introducido alguna vez en sistemas digitales, o que las empresas de IA hayan obtenido por otros medios, se convertiría en un recurso libre para su explotación comercial.

La elección de Irlanda como sede de esta propuesta no es casual. La mayoría de las grandes tecnológicas estadounidenses y chinas tienen su sede europea en ese país, que ofrece un régimen fiscal especialmente favorable para las multinacionales. Esto significa que la autoridad de protección de datos competente para supervisar a estas corporaciones en territorio europeo es la irlandesa, y según Schrems, las decisiones que está tomando no han sido particularmente rigurosas con las grandes empresas que operan desde la isla.

La propuesta también incluye cambios en la definición de datos anonimizados a través de un nuevo artículo 25a. Aunque no altera formalmente el significado de datos personales, en la práctica lo redefine de manera que haría que la mayoría de los datos de rastreo, como identificadores de usuario o dispositivo, dejen de estar sujetos a la protección del RGPD. Más preocupante aún, la redacción del texto permite que sean las mismas compañías que tratan los datos las que decidan si un dato sigue siendo personal y, por tanto, protegido por la regulación europea. Schrems señala que estos cambios son típicos de argumentos presentados por despachos de abogados que defienden a grandes tecnológicas, y que durante años ha luchado en tribunales para que se desestimen reclamaciones similares.

Anabel Arias, experta en derechos digitales de la Federación de Consumidores y Usuarios, advierte que bajo el argumento de simplificar y hacer más competitiva la regulación europea, se están planteando cambios graves que debilitan los derechos fundamentales y la protección de las personas consumidoras. Una votación informal sobre el nuevo texto está prevista para el 25 de septiembre, y según Schrems, basándose en documentación oficial que ha revisado pero aún no puede publicar por temor a revelar sus fuentes, países como Alemania, Polonia e Italia estarían a favor del documento.

Schrems concluye con una crítica contundente a la lógica detrás de estos cambios: los políticos europeos parecen creer que la economía del continente se beneficiará de la derogación del mayor número posible de leyes, cuando en realidad cabe esperar exactamente lo contrario. La propuesta beneficia principalmente a los operadores más grandes, aquellos que ya han acumulado enormes cantidades de datos de ciudadanos europeos. Desde la perspectiva de la política industrial, sostiene, este enfoque es contraproducente: representa una venta total de los datos europeos a grandes empresas internacionales en lugar de fortalecer la capacidad competitiva de la industria tecnológica europea.