El sector continúa recibiendo piedras y palos de una administración que carece de herramientas
Cuando un país pierde su imagen de seguridad ante el mundo, las consecuencias no llegan como un golpe único sino como una marea que erosiona lentamente lo que tomó años construir. A mediados de 2022, la advertencia del Departamento de Estado estadounidense —que elevó a Perú al nivel 3 de alerta por criminalidad y terrorismo— se convirtió en el espejo más visible de una crisis más profunda: la inestabilidad política interna proyectada hacia el exterior. El sector turístico peruano, uno de los pilares de su economía y fuente de miles de empleos, enfrenta ahora una caída proyectada del 25% en visitantes estadounidenses, no como consecuencia de un solo evento, sino como el resultado acumulado de huelgas, inseguridad, corrupción y una gestión pública que no logra alinearse con sus propias prioridades declaradas.
- El Departamento de Estado de EE.UU. elevó a Perú al nivel 3 de alerta —un paso antes del máximo— desaconsejando viajes por riesgos de criminalidad y terrorismo, con advertencias específicas para Loreto y el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro.
- La Asociación Peruana de Agencias de Viajes y Turismo proyecta una caída del 25% en turistas estadounidenses, una cifra que se traduce en empleos perdidos y economías locales golpeadas en sus fuentes de ingreso más directas.
- El sector no enfrenta un solo obstáculo sino una acumulación de ellos: huelgas, bloqueos de carreteras, inseguridad ciudadana, corrupción y una administración estatal que, según los propios operadores, carece de las herramientas para revertir la crisis.
- Machu Picchu y Huaynapicchu —los destinos más emblemáticos del país— tienen entradas agotadas hasta julio y agosto respectivamente, una contradicción que expone la falta de coherencia entre declarar el turismo en emergencia y mantener restricciones de aforo que cierran el acceso a los principales atractivos.
- El presidente de Apavit advierte que la recuperación del turismo depende de estabilizar la política nacional, pero reconoce con escepticismo que eso no parece viable en el corto plazo, dejando al sector atrapado entre la urgencia económica y la parálisis institucional.
A mediados de junio de 2022, el Departamento de Estado estadounidense emitió una advertencia que sacudió al turismo peruano: elevó al país al nivel 3 de alerta por seguridad —donde 4 es el máximo— citando el aumento de riesgos de criminalidad y terrorismo. Las regiones de Loreto y el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro fueron señaladas de manera específica como zonas a evitar.
Ricardo Acosta, presidente de Apavit, advirtió que la caída de visitantes estadounidenses podría alcanzar el 25%. Para él, la alerta no era un evento aislado sino el síntoma visible de un deterioro más profundo: la crisis política interna había dañado gravemente la imagen del país en el exterior, y Estados Unidos no era el único gobierno que recomendaba a sus ciudadanos evitar el viaje.
El sector turístico, generador de miles de empleos directos e indirectos, ya enfrentaba una acumulación de obstáculos: huelgas frecuentes, bloqueos de carreteras, inseguridad ciudadana, corrupción y lo que Acosta describió como una gestión estatal deficiente que golpeaba al sector de manera constante.
A esto se sumaba una contradicción difícil de ignorar: aunque el gobierno había declarado el turismo en emergencia, mantenía restricciones de aforo en Machu Picchu y Huaynapicchu. Para mediados de julio no había entradas disponibles en Machu Picchu, y Huaynapicchu estaba reservado hasta finales de agosto. Acosta cuestionó la lógica de impulsar el turismo mientras los principales destinos permanecían cerrados al público.
Su diagnóstico fue directo: sin estabilidad política, no hay recuperación turística posible. Y mirando el panorama del momento, expresó pocas esperanzas de que esa estabilidad llegara pronto. La cifra del 25% no era solo una proyección estadística; era el rostro humano de empleos perdidos y comunidades que dependen del turismo para sobrevivir.
A mediados de junio, el Departamento de Estado estadounidense emitió una advertencia que sacudió al sector turístico peruano: recomendó a sus ciudadanos replantearse cualquier viaje al Perú, elevando el país al nivel 3 de alerta por seguridad, donde 4 es el máximo. La razón citada fue el aumento de riesgos de criminalidad y actos terroristas en varias zonas. Específicamente, desaconsejó viajes a Loreto, en la frontera con Colombia y Ecuador, y al Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, donde la presencia de grupos terroristas sigue siendo una preocupación.
Para la industria turística peruana, el golpe fue inmediato y proyectado como devastador. Ricardo Acosta, presidente de la Asociación Peruana de Agencias de Viajes y Turismo (Apavit), advirtió que la caída de visitantes estadounidenses podría alcanzar el 25 por ciento. Acosta no vio la alerta como un evento aislado, sino como síntoma de un problema más profundo: la imagen del país en el exterior se había deteriorado gravemente. Estados Unidos no era el único que advertía a sus ciudadanos; otros gobiernos también habían emitido recomendaciones similares. Detrás de estas alertas, según Acosta, estaba la crisis política que atravesaba el país, una inestabilidad que proyectaba una imagen de desorden y peligro hacia el mundo.
El turismo representa uno de los pilares fundamentales de la economía peruana y es generador de miles de empleos directos e indirectos. Sin embargo, Acosta señaló que el sector enfrentaba obstáculos que iban mucho más allá de la alerta internacional. Las huelgas frecuentes, los bloqueos de carreteras, la inseguridad ciudadana generalizada, la corrupción en múltiples niveles y lo que describió como una administración estatal deficiente creaban un entorno hostil para la reactivación turística. El sector, dijo, continuaba recibiendo golpes constantes de una gestión gubernamental que carecía de las herramientas básicas para sacar al país de la crisis.
Un problema adicional y más inmediato afectaba a los destinos más emblemáticos. Aunque el turismo había sido declarado en emergencia, las autoridades mantenían límites de aforo en lugares como Machu Picchu y Huaynapicchu. Estas restricciones, que probablemente respondían a consideraciones de seguridad o preservación, tenían consecuencias prácticas severas: para mediados de julio, ya no había disponibilidad de entradas a Machu Picchu, y Huaynapicchu estaba reservado hasta finales de agosto. Acosta cuestionó la lógica de mantener estas limitaciones mientras se intentaba atraer más turismo al país. No era posible impulsar el crecimiento del sector si los principales atractivos turísticos estaban saturados y cerrados al público.
La situación reflejaba una contradicción fundamental en la política pública: el gobierno reconocía la importancia del turismo declarándolo en emergencia, pero las medidas prácticas en vigor no parecían alineadas con esa prioridad. Acosta fue directo en su diagnóstico: la recuperación del turismo dependía, ante todo, de recuperar la estabilidad política. Pero mirando el panorama político del momento, expresó su escepticismo sobre si eso era posible en el corto plazo. La caída del 25 por ciento en visitantes estadounidenses no era solo un número; representaba empleos perdidos, ingresos reducidos en comunidades que dependían del turismo, y una economía nacional debilitada en uno de sus sectores más resilientes.
Notable Quotes
Lamentable es consecuencia de la pésima imagen país que estamos proyectando hacia el extranjero— Ricardo Acosta, presidente de Apavit
Para contrarrestar esta situación deberíamos recuperar principalmente la estabilidad política, lo cual como vamos lo veo complicado— Ricardo Acosta
The Hearth Conversation Another angle on the story
¿Por qué la alerta de Estados Unidos tiene tanto peso? ¿No hay otros mercados de turismo?
Estados Unidos es el mercado más grande y de mayor gasto. Una caída del 25 por ciento en ese flujo es catastrófica para agencias, hoteles, guías. Otros países probablemente seguirán el ejemplo.
Acosta menciona que el turismo está en emergencia pero hay aforos. ¿Eso no es contradictorio?
Completamente. Si declaras algo en emergencia, deberías remover los obstáculos. Mantener aforos mientras cierras puertas a visitantes es decir una cosa y hacer otra.
¿La crisis política es realmente la causa de todo esto, o es un síntoma?
Probablemente ambas. La inestabilidad política genera inseguridad real, huelgas, bloqueos. Pero también proyecta una imagen de caos que asusta a los turistas antes de que lleguen.
¿Qué pasa con los empleados de hoteles, guías turísticos, restaurantes?
Ellos cargan el peso. Si cae el turismo 25 por ciento, muchos pierden ingresos o empleos. Son trabajadores que dependen de temporadas altas y no tienen colchón financiero.
¿Hay algo que el gobierno pueda hacer rápidamente?
Acosta es claro: necesitan estabilidad política. Pero eso no se arregla en semanas. Mientras tanto, podrían al menos levantar los aforos en Machu Picchu para maximizar ingresos con los turistas que sí vienen.