Trump veta a Anthropic en defensa mientras OpenAI negocia con la OTAN

La rivalidad entre las grandes empresas de inteligencia artificial ha escalado hacia territorio político, con consecuencias que van mucho más allá de los laboratorios de investigación. A finales de febrero, Dario Amodei, CEO de Anthropic, publicó un comunicado explicando la posición de su empresa frente a los contratos con el Departamento de Guerra estadounidense. La firma estaba dispuesta a poner su tecnología al servicio de la defensa nacional y de otras democracias, pero se negaba a cruzar ciertas líneas: no proporcionaría herramientas para vigilancia masiva dentro de Estados Unidos ni para sistemas de armas autónomas. El Pentágono, según Amodei, presionaba para que Anthropic aceptase "cualquier uso legal" de su inteligencia artificial, eliminando esas restricciones que la empresa consideraba fundamentales.

La respuesta de la administración Trump fue rápida y contundente. Un veto directo prohibió el uso de las herramientas de Anthropic en cualquier agencia gubernamental. Pete Hegseth, secretario de Defensa, fue más allá: ningún contratista, proveedor o socio que hiciera negocios con el ejército podría realizar "ninguna actividad comercial" con Anthropic. La empresa fue designada como un elemento de riesgo para las cadenas de suministro de seguridad nacional. El proceso de eliminación gradual de Claude y otras herramientas de Anthropic de los sistemas federales tomaría aproximadamente seis meses, aunque la empresa anunció que impugnaría el veto en los tribunales.

Lo que sucedió después reveló las grietas en el sector. Expertos legales señalaron que no existe una base legal sólida para prohibir a los contratistas de defensa el uso de estos sistemas de inteligencia artificial. Sin embargo, varias de las mayores empresas de defensa del país se alinearon rápidamente con la decisión presidencial. Lockheed Martin anunció que seguiría todas las instrucciones del presidente y del Departamento de Guerra, asegurando que el impacto sería "mínimo". Huntington Ingalls Industries negó tener relación alguna con Anthropic. Leidos declaró estar preparada para ajustar sus herramientas. Northrop Grumman aclaró que su uso de Claude había sido muy limitado y que no continuaría con él. Otros contratistas permanecieron en silencio.

Esta alineación contrasta de manera notable con las advertencias que Emil Michael, subsecretario de defensa para investigación e ingeniería, expresó en la Cumbre de Dinamismo Americano en Washington. Michael explicó que las restricciones operativas incluidas en los contratos de IA de la administración Biden podrían paralizar misiones militares casi en tiempo real, incluyendo operaciones de combate. Según su análisis, los contratos estaban diseñados de modo que si un operador incumplía ciertos términos del servicio, el modelo simplemente se detendría mientras la operación estuviera en curso. Michael fue claro en su posición: el gobierno no permitiría que ninguna empresa dictaminase "un nuevo conjunto de políticas más allá de lo que se ha aprobado en el Congreso". Resulta irónico que, incluso después del veto, el Pentágono ha estado utilizando Claude de forma clara y frecuente para sus misiones militares, incluyendo operaciones de alto perfil como la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

Mientras Anthropic enfrenta el veto y sus consecuencias legales, OpenAI se mueve en dirección opuesta. Reuters informó que Sam Altman está considerando firmar un contrato para implementar los sistemas de inteligencia artificial de OpenAI en las redes de la OTAN. Según The Wall Street Journal, Altman habría expresado esta intención en una reunión empresarial, con el objetivo de desplegar todas sus tecnologías en las redes no clasificadas de la alianza militar. Si este acuerdo se concreta, OpenAI daría un paso más en su expansión hacia cuestiones militares, un movimiento que ha generado descontento entre una parte significativa de sus usuarios. La guerra de las inteligencias artificiales ha dejado de ser un asunto de laboratorios y se ha convertido en un campo de batalla geopolítico donde las decisiones sobre qué empresa controla qué tecnología militar tienen implicaciones que van mucho más allá de los márgenes de ganancia.