Trump prepara revocación masiva de hasta 200.000 visas de turismo y negocios

La administración Trump está en las últimas fases de preparación para lo que sería el mayor revoque de visas en la historia estadounidense. Hasta 200.000 extranjeros que ingresaron al país con documentos de turismo o negocios y luego solicitaron asilo perderían su estatus legal en una operación coordinada entre el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional. El anuncio oficial se espera en las próximas semanas, y los abogados ya se preparan para impugnaciones judiciales.

Los documentos internos a los que accedieron medios nacionales revelan que la operación apuntaría específicamente a titulares de visas B1 y B2 expedidas entre 2016 y 2026. Las visas B1 se otorgan típicamente para viajes de negocios, mientras que las B2 cubren turismo, visitas familiares y atención médica. Lo que une a todos estos casos es un patrón que la administración considera problemático: personas que entraron declarando intención de permanecer brevemente pero que después iniciaron procesos de asilo para quedarse de manera permanente.

Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado, confirmó la iniciativa a la agencia AP. "Estamos colaborando con el DHS para identificar y revocar los visados de no inmigrante de los extranjeros que han llegado a Estados Unidos alegando ser visitantes de corta duración, pero que luego solicitan asilo para quedarse aquí de forma permanente", explicó. Sin embargo, Pigott no validó la cifra de 200.000 revocaciones, señalando que el número permanecería dinámico durante la implementación continua del proceso.

Lo que distingue esta medida de una deportación masiva es su mecanismo administrativo. Según funcionarios que hablaron bajo condición de anonimato, las revocaciones no desencadenarían expulsiones inmediatas. En cambio, los solicitantes de asilo con expedientes pendientes serían reclasificados: perderían su condición de visitantes por turismo o negocios, pero permanecerían en territorio estadounidense mientras sus solicitudes de asilo se resuelven. Esta reclasificación, sin embargo, alteraría fundamentalmente su posición legal y su capacidad de permanecer en el país.

Christopher Landau, subsecretario de Estado, publicó un mensaje en redes sociales el lunes que resume la posición oficial. "La gente en Estados Unidos y en todo el mundo está harta de las solicitudes de asilo falsas", escribió. "El asilo no debería ser una laguna jurídica para eludir la ley de inmigración". El comentario refleja una visión de la administración que ve el sistema de asilo como un mecanismo que está siendo explotado por personas que ingresan bajo pretextos de turismo o negocios.

Esta iniciativa se inscribe dentro de un patrón más amplio de endurecimiento migratorio que ha caracterizado el gobierno Trump. En materia de visados, la administración ya ha implementado restricciones significativas: solicitudes de información personal más exhaustiva, acceso obligatorio a redes sociales de los solicitantes, tarifas prohibitivamente altas para iniciar trámites, y prohibiciones directas de visas para ciudadanos de ciertos países. El revoque masivo que se prepara representa una escalada de estas medidas.

Actualmente, a quienes solicitan visas B1 y B2 se les requiere declarar bajo juramento que no solicitarán asilo en Estados Unidos y que tienen intención de regresar a sus países de origen. La brecha entre estas declaraciones y las solicitudes de asilo posteriores es precisamente lo que la administración busca cerrar. Aunque los documentos internos no especifican cuántos de los titulares actuales de estas visas están en proceso de solicitar asilo, la cifra de 200.000 sugiere un volumen que la administración considera significativo.

Los desafíos legales son prácticamente inevitables. Grupos de derechos civiles y abogados especializados en inmigración ya están evaluando argumentos constitucionales sobre debido proceso y protecciones contra cambios retroactivos de estatus. La medida toca cuestiones fundamentales sobre cómo se pueden modificar las condiciones de entrada después de que una persona ya está en el país, y si las solicitudes de asilo pueden ser penalizadas mediante revocación de visas previas.