Trump pide encarcelar a líderes de Illinois mientras intensifica despliegues militares

La tensión entre el presidente Trump y las ciudades demócratas ha llegado a un punto crítico esta semana, con militares de la Guardia Nacional convergiendo en Chicago mientras abogados se preparan para audiencias que podrían redefinir los límites del poder presidencial en territorio estadounidense. La administración justifica los despliegues en Chicago, Portland y Memphis citando protestas cada vez más agresivas frente a instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, así como un tiroteo en una instalación de ICE en Dallas donde murieron dos detenidos.

El miércoles, Trump intensificó sus ataques contra el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, y el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, escribiendo en Truth Social que ambos "deberían estar en la cárcel" por no proteger a los agentes de ICE. Johnson respondió a CNN diciendo que no era la primera vez que Trump pedía el arresto injusto de un hombre negro, y que se mantendría firme en su cargo. Pritzker, por su parte, escribió en X que Trump estaba pidiendo el arresto de representantes electos que supervisan su poder, preguntando qué quedaba en el camino hacia el autoritarismo total. El gobernador también señaló que agentes enmascarados ya estaban llevándose personas de las calles y separando niños de sus padres.

En Chicago, la jueza federal April Perry, nombrada por Biden el año pasado, ha pedido más tiempo para asimilar los complejos temas legales que rodean estos despliegues. Ambas partes tenían hasta el final del miércoles para presentar argumentos escritos, con una audiencia programada para la mañana del jueves. Mientras tanto, Trump ya ha autorizado a 300 miembros de la Guardia Nacional de Illinois para servicio activo en la ciudad, y el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, ofreció otros 400 de su estado. Según reportes del Comando Norte del miércoles, 300 efectivos de Illinois y 200 de Texas ya habían sido activados bajo el Título 10 y se encontraban en el área de Chicago, recibiendo capacitación en desescalada y control de multitudes. Un grupo de 26 exgobernadores de todo el país presentó un escrito en apoyo de bloquear el despliegue, argumentando que solo exacerbaría las tensiones y que la afirmación del presidente de tener autoridad para desplegar militares sin cooperación estatal amenazaba con alterar el equilibrio constitucional.

En Portland, la situación ha avanzado más rápidamente. La jueza Karin Immergut, nombrada por Trump, bloqueó casi de inmediato la convocatoria del presidente para desplegar la Guardia Nacional de Oregon el sábado. Cuando la Casa Blanca respondió movilizando militares federalizados de California el domingo, Immergut amplió su fallo para detener todos los despliegues en Oregon. El caso ahora se traslada al Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, con una audiencia programada para el jueves ante un panel de tres jueces: dos nombrados por Trump y uno nombrado por Clinton.

En Memphis, el despliegue está siendo retrasado por razones prácticas, aunque la Guardia Nacional de Tennessee debería llegar en los próximos días. Un gran grupo de agentes federales ya se encuentra en la ciudad como parte de la Fuerza de Tarea de Seguridad de Memphis, realizando 386 arrestos en poco más de una semana, de acuerdo con cifras del Departamento de Justicia publicadas el miércoles. Más de 200 de esos arrestos fueron clasificados como "detenciones por órdenes" o "administrativas", y solo dos fueron en casos de homicidio. El alcalde demócrata Paul Young dijo que está cooperando con el gobernador y el presidente, aunque su liderazgo ha estado en desacuerdo sobre la necesidad de la intervención federal.

Trump ha dejado clara su disposición a escalar aún más. El lunes dijo que si tuviera que invocar la Ley de Insurrección—la mayor excepción legal a la Ley Posse Comitatus, que generalmente prohíbe el uso de las Fuerzas Armadas dentro del país para propósitos de aplicación de la ley interna—lo haría. "Si estuvieran matando a las personas y los tribunales nos estuvieran retrasando, o los gobernadores o alcaldes nos estuvieran retrasando, claro que lo haría", dijo. La administración también ha movilizado a altos funcionarios: el director del FBI Kash Patel y el secretario adjunto de Justicia Todd Blanche visitaron Chicago el martes, mientras que la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem volaba a Portland.

El alcalde Johnson ha advertido que los despliegues están enfrentando a las fuerzas del orden entre sí, diciendo que lo que se ve es una escalada total por parte de agentes federales. Señaló que siempre supieron que enviar agentes federales era un pretexto para la Guardia Nacional, cuyo objetivo final es enviar militares a las ciudades estadounidenses. El impacto ya se siente en toda la ciudad: un partido de fútbol entre Argentina y Puerto Rico, programado originalmente para la próxima semana en Chicago, fue trasladado a Florida debido a las crecientes tensiones migratorias.