Trump amplía negocios petroleros con Venezuela pero mantiene control financiero mediante nuevo esquema

La administración Trump ha abierto las puertas a operaciones comerciales más amplias con la petrolera estatal venezolana PDVSA, pero ha construido un mecanismo que le permite mantener un control férreo sobre el dinero que fluye de esas transacciones. La Licencia General 52C, emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, autoriza a empresas estadounidenses a comprar, vender, transportar y comercializar petróleo venezolano, suministrar bienes y tecnología, e invertir en exploración y producción. Pero cada dólar destinado a personas sancionadas debe pasar por cuentas especiales que Washington designa y supervisa.

El sistema funciona así: las empresas que realizan negocios con PDVSA deben informar previamente al Tesoro sobre los detalles de cada transacción—quiénes están involucrados, cuánto dinero se mueve, en qué moneda, cuándo ocurre, qué facturas respaldan el pago. Solo después de recibir esa información, el gobierno estadounidense proporciona los datos bancarios donde debe depositarse el dinero. Es un mecanismo que amplía las posibilidades comerciales sin soltar el control sobre los recursos. Los pagos pueden depositarse en fondos especiales llamados Foreign Government Deposit Funds o en otras cuentas que el Tesoro determine, con algunas excepciones limitadas para impuestos locales y permisos.

Esta arquitectura financiera se ha convertido en el punto más controvertido de la nueva política petrolera. El representante demócrata Joaquín Castro, principal demócrata del Subcomité del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes, ha cuestionado repetidamente qué sucede con miles de millones de dólares que ya han circulado a través del sistema. En septiembre presentó una moción para obligar a la administración a entregar documentos sobre los acuerdos petroleros, particularmente los celebrados con North American Blue Energy Partners, una empresa del empresario venezolano Alejandro Betancourt que recibió autorización para adquirir participaciones en 17 campos petroleros. La moción fracasó en votación empatada 6 a 6, con todos los demócratas a favor y todos los republicanos en contra. "Hay miles y miles de millones de dólares en juego. Ya se han otorgado contratos. No sabemos de dónde viene ni adónde va el dinero", dijo Castro durante el debate.

Los cuestionamientos sobre el manejo de estos fondos no son nuevos. En abril, Castro junto con los representantes Sean Casten y los senadores Tim Kaine y Chris Van Hollen solicitaron a la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno una auditoría completa. En esa carta señalaron que inicialmente 500 millones de dólares se depositaron en una cuenta bancaria en Qatar, propiedad de Venezuela pero controlada por Estados Unidos. También mencionaron un pago de 300 millones de dólares que ya había sido enviado al gobierno venezolano para salarios de empleados públicos. Los legisladores notaron que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, había admitido que no existía un acuerdo formal de auditoría, aunque su departamento planeaba contratar auditores externos.

Posterior a esa solicitud, el secretario de Energía, Chris Wright, informó que los ingresos petroleros ya no pasaban por Qatar. Ahora se depositaban directamente en cuentas administradas por el Tesoro estadounidense y propiedad de PDVSA. Wright reportó que las ventas habían generado mil millones de dólares, con expectativas de otros 5.000 millones en las semanas siguientes. Indicó también que Venezuela podría recibir hasta 1.500 millones de dólares mensuales para decidir su gasto, incluyendo compras de suministros médicos estadounidenses y reparaciones de infraestructura eléctrica. Los cuatro legisladores pidieron a la Oficina de Rendición de Cuentas que examinara ambos períodos—el de Qatar y el de las cuentas del Tesoro—así como cualquier sistema futuro, evaluando también los controles contra fraude, despilfarro y conflictos de interés.

La Licencia 52C establece otras condiciones. Los contratos cubiertos por la autorización deben especificar que cualquier disputa se resuelva en Estados Unidos, Reino Unido, Francia o Singapur. Aunque el Tesoro eliminó en agosto la exigencia de que estos contratos se rijan por leyes estadounidenses, mantiene esta restricción jurisdiccional. La licencia también prohíbe usar estas autorizaciones para modificar la estructura de gobierno de PDV Holding, Citgo Holding o CITGO Petroleum, incluyendo cambios en directorios o funcionarios responsables de su administración.

El futuro del escrutinio sobre estos fondos dependerá en gran medida de los resultados de las elecciones legislativas de noviembre. El control de la Cámara de Representantes determinará quién preside los comités y controla la agenda de supervisión. Un cambio de mayoría daría a los demócratas mayor capacidad para impulsar investigaciones, convocar audiencias y ejercer poder de citación. Por ahora, Castro y otros legisladores han tenido que conformarse con solicitudes de información y pedidos de auditoría. A partir de enero, la profundidad de estas investigaciones dependerá de quién tenga las manos en los comités.