Supremo de Brasil restituye al director de Policía tras destituirlo por presunta parcialidad

El miércoles pasado, el Tribunal Supremo de Brasil revirtió una decisión tomada apenas un día antes: el director de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, volvería a su cargo. La orden de destitución había venido del juez André Mendonça, quien argumentaba haber sido objeto de vigilancia sistemática por parte de Rodrigues y del jefe de inteligencia Leandro Almada. Ambos funcionarios habían elaborado informes sobre Mendonça, según su propia versión de los hechos. Pero el magistrado Flávio Dino, también del Supremo, consideró que la destitución no podía sostenerse.

Dino basó su decisión en lo que llamó "irregularidades procesales". El partido Novo, que había presentado la solicitud para apartar a Rodrigues y Almada, carecía de legitimidad legal para hacerlo. El Código de Procedimiento Penal no reconoce a los partidos políticos como sujetos autorizados para solicitar medidas cautelares en investigaciones o procesos penales, escribió Dino en su resolución. Además, argumentó que Mendonça simplemente no tenía competencia para tomar esa decisión unilateralmente. La sustitución repentina de la dirección policial, agregó, podría comprometer la continuidad operativa, los flujos de información y el cumplimiento de las resoluciones judiciales.

Lo que está en juego es mucho más profundo que una disputa administrativa. Los informes que Rodrigues y Almada elaboraron sobre Mendonça lo acusan de actuar para orientar investigaciones contra el juez Alexandre de Moraes y contra Davi Alcolumbre, presidente del Senado. Esos informes sugieren que Mendonça comprometió la imparcialidad judicial y favoreció a grupos políticos específicos. También lo acusan de abuso de autoridad, irregularidades administrativas y conductas indebidas en su gestión de casos que involucraban al Banco Master y al Instituto Nacional de Seguridad Social.

Mendonça, por su parte, justificó su destitución de Rodrigues y Almada diciendo que era víctima de una vigilancia sistemática. Pero el juez de Moraes ordenó el levantamiento del secreto de sumario sobre esos informes policiales, exponiendo públicamente las acusaciones contra Mendonça. Esto desencadenó una cadena de revelaciones: también se levantó el secreto sobre un informe policial que contenía mensajes del expresidente del Banco Master, Daniel Vorcaro, dirigidos a de Moraes. De Moraes, a su vez, solicitó al Supremo la apertura de una investigación formal contra Mendonça.

En medio de esta guerra de investigaciones entre miembros de la corte suprema, el presidente Luis Inácio Lula da Silva intervino públicamente. Exigió "explicaciones y medidas inmediatas" para enfrentar lo que llamó una crisis institucional que se ha apoderado del Poder Judicial. En sus redes sociales, pidió mayor transparencia y denunció las "filtraciones selectivas que afectan a la contienda electoral". Lula fue más allá: urgió a que se levante "por completo" el secreto de sumario en el caso Master, sin importar quién resulte afectado. "Brasil necesita saber la verdad", concluyó.

La restitución de Rodrigues y Almada en sus cargos no cierra la crisis. Apenas la expone con mayor claridad. Lo que comenzó como una disputa sobre la conducta de dos funcionarios policiales se ha convertido en una batalla abierta dentro de la propia corte suprema, con acusaciones de parcialidad, abuso de poder y manipulación de investigaciones. La decisión de Dino de anular la destitución mantiene a Rodrigues en su posición de autoridad sobre la Policía Federal, pero deja sin resolver las preguntas fundamentales sobre quién, si es que alguien, ha actuado fuera de los límites de la ley.