SIS: solo una clínica tiene contrato vigente para atender pacientes COVID-19 graves

A mediados de enero de 2021, el Seguro Integral de Salud lanzó una convocatoria pública invitando a clínicas privadas y mixtas a presentar propuestas para atender a pacientes con COVID-19 grave. La necesidad era urgente: los contratos que el SIS había firmado con estas instituciones durante 2020 habían expirado el 27 de noviembre, dejando un vacío crítico en la capacidad de atención especializada justo cuando la segunda ola de contagios golpeaba al país. El SIS buscaba específicamente proveedores de Unidades de Cuidados Intensivos equipadas con ventiladores mecánicos, servicios esenciales para pacientes con insuficiencia respiratoria aguda grave.

Cuando venció el plazo el 28 de enero, la respuesta fue desalentadora. De todas las clínicas privadas y mixtas del país, solo una presentó propuesta: la Clínica Javier Prado. No hubo competencia, no hubo alternativas. El SIS procedió a formalizar un contrato con esta única postulante, asegurando así al menos un punto de atención para los casos más críticos.

El contrato especificaba que la Clínica Javier Prado proporcionaría camas de UCI con ventiladores mecánicos destinadas a pacientes graves de COVID-19 referidos desde hospitales del sector público, o que llegaran directamente a través del servicio de Emergencia. Era una solución mínima para una crisis máxima. El SIS, en su comunicado oficial, enfatizó que había publicado el tarifario y los términos de referencia en su página web, dejando clara la invitación abierta a cualquier institución interesada.

La cifra que el SIS mencionó al cierre de su pronunciamiento subraya la magnitud de lo que estaba en juego: más de 23 millones de asegurados a nivel nacional dependían de esta red de atención. Con solo una clínica contratada para servicios de UCI especializada, la capacidad de respuesta era evidentemente limitada. El organismo reconoció implícitamente el problema al anunciar que en los próximos días lanzaría una sexta convocatoria, nuevamente extendiendo la invitación a todas las clínicas privadas y mixtas para que presentaran propuestas.

La situación reflejaba una tensión estructural en el sistema de salud peruano: durante una pandemia que exigía máxima capacidad, las clínicas privadas no veían suficiente incentivo financiero o institucional para participar en la red pública de atención. El SIS, en su rol como financiador, se comprometía a continuar protegiendo a sus asegurados, pero la realidad de febrero de 2021 mostraba una red de atención especializada que dependía de una sola institución privada. La siguiente convocatoria sería crucial para ampliar esa capacidad antes de que la segunda ola alcanzara su pico.