Toda reforma penal debe guardar equilibrio entre protección y derechos
En Santo Domingo, la Asociación Dominicana de Profesores ha interpuesto su voz en el proceso legislativo que revisa el nuevo Código Penal, advirtiendo que la imprecisión de ciertos artículos podría convertir en delito lo que durante generaciones ha sido considerado el ejercicio legítimo de la autoridad pedagógica. El gremio no rechaza la reforma, sino que reclama el equilibrio que toda ley justa debe guardar entre la protección de los más vulnerables y el respeto a quienes los educan. En el fondo, la disputa revela una pregunta perenne: ¿dónde termina la disciplina y dónde comienza el daño?
- Miles de docentes dominicanos enfrentan la posibilidad de que actos cotidianos del aula —separar a un alumno, elevar la voz, imponer una sanción— queden atrapados en tipos penales redactados con términos demasiado amplios.
- La vaguedad de palabras como «asustar» e «ísolar» en el artículo sobre bullying genera una zona gris legal que podría usarse para procesar penalmente a maestros por medidas disciplinarias ya contempladas en la legislación educativa vigente.
- La ADP denuncia además que equiparar la responsabilidad penal del docente con la del padre o tutor ignora que la custodia escolar es temporal y acotada, una distinción que el proyecto de ley parece pasar por alto.
- El sindicato ha presentado propuestas concretas ante la Cámara de Diputados: incorporar una cláusula que exima de responsabilidad penal las medidas objetivas, razonables y legalmente fundamentadas que no busquen humillar ni dañar al estudiante.
- El Congreso Nacional revisa el texto antes de su aprobación definitiva, y la presión del gremio docente busca que esa ventana legislativa no se cierre sin que la voz de las aulas haya sido escuchada.
Santo Domingo es escenario de una tensión que se ha ido acumulando en las aulas dominicanas. La Asociación Dominicana de Profesores envió un documento formal a la Cámara de Diputados advirtiendo que varios artículos del proyecto de Código Penal podrían criminalizar medidas disciplinarias y pedagógicas que los maestros aplican a diario. La posición del gremio no es de rechazo total: los educadores reconocen la necesidad de proteger a los menores, pero exigen que la reforma guarde equilibrio con los derechos constitucionales de quienes enseñan.
El punto más delicado es el artículo sobre hostigamiento e intimidación. La ADP pide que se precisen términos como «asustar» e «aislar», cuya amplitud podría llevar a interpretar como delito acciones disciplinarias o de protección ya previstas en la legislación educativa. La solución que propone el sindicato es clara: una disposición expresa que establezca que las medidas adoptadas de forma objetiva, razonable y conforme a la ley no constituyen delito, siempre que no tengan como propósito humillar o dañar al estudiante.
Otra preocupación surge del artículo sobre abandono de menores, que equipara la responsabilidad penal del docente con la del padre o tutor. Para la ADP, esa equiparación ignora que la custodia escolar es temporal y limitada al ámbito del plantel: no es lo mismo cuidar a un niño ocho horas que criarlo. El gremio también objeta el uso del término «presión» por considerarlo excesivamente vago y generador de inseguridad jurídica.
Estas observaciones llegan mientras el Congreso Nacional revisa el proyecto antes de su aprobación definitiva. Lo que está en juego es la capacidad de los maestros para ejercer su profesión sin el temor de que acciones hoy consideradas legítimas se conviertan mañana en causa penal.
Santo Domingo despierta a una tensión que ha estado gestándose en las aulas dominicanas. La Asociación Dominicana de Profesores, que agrupa a miles de educadores en todo el país, ha levantado la voz contra un proyecto de Código Penal que, según advierte, podría convertir en delito acciones que hoy son parte legítima del trabajo docente. El sindicato envió un documento formal a la Cámara de Diputados expresando su preocupación: varios artículos de la reforma penal amenazaban con "criminalizar" medidas disciplinarias y pedagógicas que los maestros aplican cada día en sus aulas.
La posición del gremio no es de rechazo total. Los maestros reconocen la importancia de fortalecer la protección de menores. Lo que piden es equilibrio. En sus propias palabras, entienden que toda reforma penal debe guardar balance entre la protección necesaria de la sociedad y el respeto a los derechos y garantías que la Constitución establece. El problema, según la ADP, radica en la amplitud de ciertos términos y la falta de precisión en disposiciones clave. Esa vaguedad, argumentan, podría abrir la puerta a interpretaciones que afecten directamente el ejercicio de la función docente, además de comprometer derechos vinculados con la actividad sindical y la libertad de expresión.
Uno de los puntos más delicados es el artículo sobre hostigamiento e intimidación, comúnmente conocido como bullying. La ADP solicita que se precisen términos como "asustar", "aislar" y la referencia al "ámbito educativo". Sin esa claridad, advierten, medidas disciplinarias, pedagógicas o de protección que ya están previstas en la legislación educativa podrían ser interpretadas erróneamente como conductas delictivas. El sindicato propone una solución concreta: incorporar una disposición que establezca expresamente que las medidas disciplinarias, correctivas o de protección adoptadas por docentes, directivos y orientadores de manera objetiva, razonable y conforme a la ley, no constituyan delito siempre que no tengan como propósito humillar, hostigar o causar daño a los estudiantes.
Otra preocupación importante surge del artículo sobre abandono de menores. La ADP observa que esta disposición equipara la responsabilidad penal de los maestros con la de los padres o tutores, ignorando una realidad fundamental: la custodia que ejercen los docentes es temporal y está limitada al ámbito escolar. No es lo mismo la responsabilidad de quien cuida a un niño durante ocho horas en una escuela que la de quien lo cría. El sindicato también cuestiona una disposición que utiliza el término "presión", considerándolo demasiado amplio y generador de inseguridad jurídica. Proponen definir con mayor precisión qué conductas serían sancionables.
Estas observaciones llegan en un momento crítico. El Congreso Nacional está en pleno proceso de revisión del proyecto de Código Penal, antes de su eventual aprobación. La ADP ha presentado sus argumentos en la mesa, esperando que los legisladores escuchen la voz de quienes están en primera línea de la educación. Lo que está en juego es nada menos que la capacidad de los maestros para ejercer su profesión sin temor a ser criminalizados por acciones que, hoy, son consideradas parte legítima de su trabajo.
Notable Quotes
Como organización sindical que agrupa a miles de docentes, entendemos que toda reforma penal debe guardar un equilibrio entre la necesaria protección de la sociedad y el respeto a los derechos y garantías establecidos en la Constitución— Asociación Dominicana de Profesores
The Hearth Conversation Another angle on the story
¿Por qué los maestros sienten que esta reforma los pone en riesgo?
Porque los términos son demasiado amplios. Si dices "aislar" a un estudiante sin definir qué significa, un maestro que separa a un alumno disruptivo podría ser acusado de bullying.
Pero ¿no es importante proteger a los niños del acoso?
Completamente. El sindicato no discute eso. Lo que piden es que la ley distinga entre disciplina legítima y abuso. Un maestro que castiga no es lo mismo que un maestro que humilla.
¿Cuál es el problema específico con el artículo sobre abandono?
Que equipara a un maestro con un padre. Un padre es responsable 24 horas. Un maestro lo es solo durante la jornada escolar. No es la misma responsabilidad legal.
¿Qué temen que suceda si la ley se aprueba tal como está?
Que los maestros dejen de disciplinar por miedo a ser procesados. O que cualquier padre pueda denunciar una medida educativa como delito.
¿Tiene el sindicato una propuesta alternativa?
Sí. Que se añada una cláusula que proteja las medidas disciplinarias adoptadas de forma objetiva y razonable, siempre que no busquen humillar o dañar.
¿Creen que los legisladores los escucharán?
Eso depende de si ven a los maestros como aliados en la protección infantil, no como adversarios.