Sánchez propone primer debate en Chota ante Fujimori en segunda vuelta presidencial

Roberto Sánchez lanzó una propuesta que mezcla estrategia electoral con simbolismo político: que el primer debate de la segunda vuelta presidencial se realice en Chota, la provincia cajamarquina donde nació Pedro Castillo. La iniciativa llegó como respuesta directa a la solicitud que Keiko Fujimori había hecho al Jurado Nacional de Elecciones para organizar tres encuentros separados entre candidatos, vicepresidentes y equipos técnicos.

La elección de Chota no es casual. Castillo gobernó el país entre 2021 y 2022, y la provincia representa tanto su origen como un recordatorio de la polarización que ha marcado la política peruana en los últimos años. Cuando Sánchez declaró ante Epicentro TV que "empecemos en Chota", estaba invocando un precedente: en 2021, Fujimori misma había aceptado un desafío similar de Castillo para debatir fuera de Lima, estableciendo que los encuentros presidenciales podían descentralizarse. Sánchez ahora le pedía que honrara esa disposición.

Fujimori, por su parte, mantiene su posición sobre la estructura de los debates. Insiste en tres encuentros que permitan participación más amplia del proceso electoral, no solo de los candidatos presidenciales sino también de sus compañeros de fórmula y de los equipos técnicos que respaldan sus propuestas. Esta exigencia refleja una estrategia de visibilidad que va más allá del candidato principal.

El contexto electoral en el que ocurre este intercambio es tenso. Con el 99.98% de los votos escrutados en las elecciones generales, Fujimori lidera con el 17.17% de los votos válidos, mientras que Sánchez obtiene el 12.03%. La proclamación oficial de ambos como candidatos a segunda vuelta estaba programada para el domingo 17 de mayo, y la votación final se realizaría el 7 de junio. Pero la campaña ha estado marcada por acusaciones de irregularidades. Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima y candidato de Renovación Popular, solicitó una auditoría tras reportar demoras significativas en la votación durante los días 12 y 13 de abril.

Sánchez, sin embargo, enfrenta sus propios desafíos legales que pesan sobre su candidatura. El Ministerio Público ha solicitado una condena de cinco años y cuatro meses de prisión en su contra, acusándolo de falsas declaraciones administrativas e información financiera inexacta relacionada con los reportes del partido Juntos por el Perú. Los hechos investigados abarcan desde 2018 hasta 2021, cubriendo varios procesos electorales regionales, municipales y presidenciales, y la fiscalía también ha pedido su inhabilitación política. Estas acusaciones giran en torno a un presunto desvío de fondos hacia cuentas personales.

La propuesta de debatir en Chota, entonces, ocurre en un escenario donde ambos candidatos están bajo escrutinio pero donde Sánchez carga con la presión adicional de un proceso penal en curso. Su invitación a Fujimori es también una apuesta: demostrar que está dispuesto a llevar la campaña al territorio, a los lugares que importan simbólicamente, incluso mientras lidia con acusaciones que podrían cambiar el curso de su vida política y personal.