Sánchez eliminó la rebaja del IVA en combustibles tras subida del 5,9% en julio

A principios de agosto, el Gobierno de Pedro Sánchez tomó una decisión que llegaría a los bolsillos de millones de españoles en el peor momento posible. El 1 de agosto, la administración retiró la rebaja del Impuesto sobre el Valor Añadido en combustibles, una medida de alivio fiscal que había sido aprobada meses antes para contener los efectos de la volatilidad en los precios internacionales. El timing fue desafortunado: apenas días antes, en julio, los precios de la gasolina y el gasoil en España se habían disparado un 5,9%, una cifra que colocaba al país en una posición incómoda dentro de la Unión Europea.

Según los datos de Eurostat, la agencia estadística de la Comisión Europea, España ocupaba el tercer lugar en inflación de carburantes en toda la UE durante ese mes. Solo Polonia, con un incremento del 13,4%, y Alemania, con el 11,2%, superaban la subida española. Noruega se acercaba con el 5,7%, pero después de eso la brecha se ampliaba considerablemente. Francia, país vecino, había experimentado apenas un 2,3% de aumento, mientras que Portugal, otro vecino inmediato, solo sufrió un 1,7%. La comparación era reveladora: mientras que la media de los Veintisiete registraba un incremento del 4,3%, y la eurozona del 4,2%, España se encontraba 1,6 y 1,7 puntos porcentuales por encima respectivamente.

La decisión de retirar la rebaja fiscal coincidió con lo que en España se conoce como la operación salida: el inicio masivo de desplazamientos por carretera durante las vacaciones estivales. Miles de familias se preparaban para viajar en automóvil precisamente cuando los combustibles alcanzaban precios más elevados y la ayuda fiscal desaparecía. El impacto en el presupuesto de los hogares fue directo y significativo. Quienes habían planeado sus viajes contando con la rebaja de 15 céntimos por litro que había regido en julio se encontraron de repente sin esa protección.

La medida original, aprobada en junio, había contemplado una reducción escalonada del impuesto especial sobre carburantes: 15 céntimos por litro en julio, 10 céntimos en agosto y 5 céntimos en septiembre. El Gobierno había diseñado esta estructura como respuesta a las consecuencias del conflicto en Oriente Medio, que había generado presiones alcistas en los mercados energéticos globales. Sin embargo, la retirada anticipada de la rebaja en agosto significaba que los conductores españoles enfrentarían los precios más altos sin ningún colchón fiscal.

Lo que hacía más notable esta situación era que en otros países europeos, incluso aquellos que también experimentaban presiones inflacionarias, los precios habían subido menos. Italia, Lituania, Finlandia, Bulgaria y Luxemburgo incluso registraron caídas de precios en julio. La mayoría de las naciones de la UE, desde Bélgica hasta Grecia, pasando por República Checa y Austria, mostraban incrementos sustancialmente inferiores a los de España. Esto sugería que factores específicos del mercado español, o decisiones de política fiscal, estaban amplificando el impacto que los españoles experimentaban en las gasolineras.

La retirada de la rebaja fiscal en agosto dejó a los ciudadanos españoles soportando costes de combustible significativamente más elevados durante el período de mayor movilidad del año. La coincidencia entre el pico de precios, la eliminación de la ayuda y el inicio de las vacaciones de verano creó una tormenta perfecta para el bolsillo de las familias que se desplazaban por carretera durante esas semanas.