Reforma eléctrica mexicana genera tensión previa al encuentro virtual AMLO-Biden

La reforma a la Ley de la Industria Eléctrica mexicana llegaba a su momento más delicado justo cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador se preparaba para su primer encuentro virtual con Joe Biden. La Cámara de Diputados había aprobado la iniciativa una semana antes de la reunión programada para el lunes, y el texto ahora reposaba en el Senado, cargado de implicaciones que trascendían las fronteras de la política energética doméstica.

La reforma privilegiaba a la Comisión Federal de Electricidad sobre las empresas privadas, en particular las extranjeras dedicadas a energías renovables. El cambio eliminaba el criterio económico que había ordenado despachar primero la electricidad más barata, independientemente de su origen. Bajo las nuevas reglas, las plantas hidroeléctricas y de combustibles fósiles de la CFE recibirían prioridad sobre las centrales privadas de ciclo combinado y energía solar y eólica. La iniciativa también permitía revisar retroactivamente los contratos previos del gobierno con particulares y modificaba los Certificados de Energía Limpia para beneficiar a las plantas antiguas de la CFE. Era, en esencia, una apuesta por revertir décadas de apertura del sector energético y recuperar el monopolio estatal.

López Obrador había justificado la medida como defensa de la soberanía nacional. En declaraciones el domingo anterior a la reunión, afirmó que el pueblo había rechazado la privatización del petróleo y la industria eléctrica, que describió como "robadera" y "saqueo" de empresas extranjeras. Pero los analistas veían el argumento con escepticismo. Emerson Segura, investigador del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques y asesor en el Senado, señalaba que el gobierno mexicano no podía invocar la soberanía para evadir compromisos internacionales. México había firmado el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá y el Acuerdo de París. No podía simplemente rechazar negociaciones en temas que no deseaba ceder, argumentaba Segura.

La tensión era previsible. Brenda Estefan, analista que había trabajado en la embajada de México en Washington, explicaba que Estados Unidos probablemente presentaría reclamos formales. La reforma tenía implicaciones directas para inversionistas estadounidenses y europeos que ya operaban en el sector energético mexicano. El Departamento de Estado ya había solicitado certidumbre para esas inversiones la semana anterior. Katherine Tai, la próxima representante de Comercio de Estados Unidos, había advertido que el cumplimiento del Tratado sería prioritario. El sector energético era uno de los seis temas contemplados en los paneles de resolución de controversias del T-MEC. Estados Unidos no estaba cuestionando decisiones internas de la CFE, sino lo que consideraba violaciones a un acuerdo comercial vinculante.

Lo que hacía más compleja la situación era el cambio de contexto político. Con Donald Trump, López Obrador había operado bajo una lógica de amenazas y concesiones. El presidente mexicano había desplegado a la Guardia Nacional en la frontera sur para detener migrantes centroamericanos, respondiendo a la presión del republicano. Ahora, con una administración demócrata más institucional, esa dinámica había desaparecido. Segura observaba que el gobierno mexicano necesitaba replantear su estrategia. Los incentivos para llegar a un acuerdo eran bajos, y el distanciamiento en temas de transición energética parecía inevitable.

Pero Estefan predecía que la reunión sería "cordial". Había coincidencias en migración y en la gestión de la pandemia de covid-19, particularmente en el acceso equitativo a vacunas. Biden no buscaba confrontación con López Obrador, y ambos presidentes tenían razones para evitar un conflicto abierto. Sin embargo, la experta también era clara: Biden estaba en su derecho de defender las inversiones estadounidenses ya realizadas en México. La reforma eléctrica, por cordial que fuera el tono de la reunión, probablemente generaría demandas en tribunales internacionales y marcaría un punto de fricción duradero en la relación bilateral.