Prisión domiciliaria para la menor acusada de instigar el asesinato de Cecilia Lazcano

Una jueza de Garantías resolvió que la adolescente de 17 años acusada de instigar el asesinato de Cecilia Lazcano cumpla prisión domiciliaria en la casa de su madre en Santo Tomé, a unos cien kilómetros de Alvear, Corrientes. La decisión marca un giro en el caso: días antes, la misma magistrada había aceptado la imputación de la menor como coautora intelectual del homicidio doblemente agravado, pero sin ordenar su detención. Ahora, tras nuevas presentaciones, la jueza determinó que la adolescente debe abandonar Alvear, cambiar de escuela y permanecer confinada en el domicilio de su madre, con prohibición de acercarse al lugar donde murió su compañera de colegio.

Cecilia Lazcano tenía 16 años cuando fue atacada a puñaladas el 16 de julio en la estación de trenes abandonada de Alvear. Las cámaras de seguridad registraron su llegada acompañada por un adolescente de 16 años, compañero de cuarto año de la escuela media Doctor Mamerto Acuña. Las mismas imágenes mostraron al menor regresando solo por el mismo camino. Malherida, Cecilia pidió ayuda en la casa de una vecina cercana a la estación, pero la dueña del inmueble, asustada, no le abrió la puerta. Sin embargo, alertó a la policía local sobre una menor ensangrentada. Cuando los efectivos llegaron, encontraron a Cecilia y solicitaron una ambulancia. Fue trasladada primero al centro de atención local, pero la gravedad de sus heridas obligó a los médicos a derivarla al hospital de Santo Tomé. Las lesiones eran tan profundas y extensas que la víctima resultaba irreconocible. Cecilia murió tras casi doce horas de agonía.

La investigación inicial se orientó hacia la hipótesis del suicidio. Cecilia tenía lesiones autoinfligidas antiguas en los brazos, lo que alimentó esa teoría. Pero días después, el análisis de mensajes de texto y las imágenes de las cámaras de seguridad reorientaron el caso. Se determinó que había sido asesinada por su compañero de colegio. El menor, detenido casi tres semanas después del crimen, mostró su celular a los policías cuando fue apresado. En el teléfono había varios mensajes eliminados. Cuando se le preguntó por qué los había borrado, respondió que tenía novia y que ella era celosa. Sin embargo, en los mensajes que permanecían en el dispositivo se hacía referencia a grabar y fotografiar el femicidio de Cecilia y enviar las imágenes a alguien. Ese detalle abrió la puerta a la investigación de otros posibles responsables. El menor de 16 años acusado de ser el autor material del crimen permanece detenido en el Centro de Contención Juvenil de la capital correntina.

La acusación contra la adolescente de 17 años se basa en que habría instigado a su novio a cometer el asesinato. Juan Saucedo, abogado que representa a la familia de Cecilia, ya ha anticipado que presentará un recurso contra la resolución de la jueza. Su argumento se centra en los riesgos procesales: riesgo de fuga y posible entorpecimiento de la investigación. Saucedo señaló que la prisión domiciliaria no garantiza el cumplimiento efectivo de la medida, especialmente porque Santo Tomé se encuentra en una zona de frontera muy cercana a Brasil. Durante una marcha realizada el lunes pasado en Alvear, familiares, amigos y vecinos de Cecilia reclamaron que la acusada de ser la coautora intelectual quede presa bajo las mismas condiciones de detención que el adolescente procesado como autor de las puñaladas.

La familia de la víctima también acusa a dos mayores de edad de estar involucrados en el homicidio. Esa hipótesis surgió a partir de los mensajes encontrados en el celular del autor material. Además, existe una línea de investigación que apunta a la conducta del padre de la adolescente acusada de instigar el crimen. Se trata de un sargento que trabaja en la División Inteligencia de la policía de Corrientes y habría borrado pruebas que comprometen a su hija. La batalla legal continúa: mientras la defensa de la menor busca mantener la prisión domiciliaria, la querella de la familia de Cecilia insiste en que se dicte prisión preventiva. El caso expone las tensiones entre las medidas cautelares en la justicia penal juvenil y las demandas de seguridad de una comunidad que perdió a una adolescente en circunstancias que aún generan interrogantes sobre quiénes más estuvieron involucrados.