Primera manifestación en España contra centros de datos: 250 personas protestan en Zaragoza

Doscientas cincuenta personas recorrieron las calles del centro de Zaragoza el sábado pasado gritando consignas contra Amazon y Microsoft. Fue la primera manifestación en España organizada específicamente contra los grandes centros de datos, y la ciudad se convirtió en el escenario de una protesta que llevaba tiempo gestándose en las redes de activismo local.

La marcha fue convocada por la plataforma Zaragoza no se vende, que reunió bajo sus banderas a varios colectivos sociales preocupados por el impacto ambiental y económico de estos proyectos. Entre los asistentes había representantes políticos como Álvaro Sanz, portavoz de Izquierda Unida en las Cortes de Aragón. Los manifestantes llegaron a cortar parcialmente la línea del tranvía, una acción que subrayaba la intensidad de su descontento.

Fátima Ruberte, portavoz de la manifestación, fue clara en su diagnóstico: las autoridades estaban rodando la alfombra roja a grandes fondos de inversión y empresas tecnológicas sin analizar las consecuencias reales. Su preocupación central giraba en torno al consumo de agua y energía. Los tres centros de datos ya en funcionamiento en Aragón, explicó, tienen un apetito de recursos que ella calificó de desproporcionado. Ruberte comparó estas instalaciones con cajas de zapatos gigantes: estructuras masivas que devoran agua y electricidad sin generar beneficios económicos significativos ni empleo real para la región.

La protesta surgía en el contexto del plan de inversión anunciado por el presidente de Aragón, Jorge Azcón, que prometía 58.000 millones de euros en apenas dos años. Los centros de datos, según las proyecciones del gobierno regional, dejarían más de 300 millones de euros anuales en impuestos, dinero que Azcón argumentaba podría destinarse a reforzar servicios públicos. Pero para los manifestantes, esta ecuación era engañosa. La opacidad informativa los irritaba: hasta hace pocos meses, la mayoría de la población ni siquiera sabía qué eran estos centros de datos ni cuáles eran sus implicaciones.

Ruberte citó precedentes internacionales que alimentaban la inquietud local. En Estados Unidos y Holanda, movimientos similares habían conseguido frenar o expulsar proyectos de este tipo. En algunos pueblos, los centros de datos habían dejado a las comunidades agrícolas sin agua suficiente para riego. En otros, la contaminación hídrica fue tan grave que los residentes tuvieron que depender de cisternas para obtener agua potable. Estos casos no eran anécdotas lejanas; eran advertencias sobre lo que podría ocurrir en Aragón si el desarrollo continuaba sin regulación ni transparencia.

Lo que quedaba claro después de la marcha era que la conversación sobre los centros de datos en Aragón había cambiado de escala. Ya no era un debate técnico entre expertos y funcionarios. Era una cuestión política, ambiental y social que estaba ganando visibilidad en las calles. La pregunta que los manifestantes planteaban era simple pero fundamental: ¿qué estaba dispuesta a sacrificar Aragón por estos 300 millones de euros anuales en impuestos?