Presidente electo De la Espriella pide justicia por asesinato de María Camila Potosí

El sábado pasado, mientras el país seguía conmocionado por un crimen que había trascendido las fronteras de lo ordinario, Abelardo de la Espriella —quien en menos de dos semanas asumiría la presidencia— se dirigió a la nación a través de sus redes sociales. Su mensaje era directo: rechazaba el asesinato de María Camila Potosí y exigía que los responsables enfrentaran la justicia. No era un comunicado de rutina. Era una declaración de intención sobre cómo gobernaría.

María Camila tenía 21 años y estaba en el octavo mes de embarazo cuando desapareció el 16 de julio desde la casa de unos familiares en Cali. Las cámaras de seguridad la capturaron por última vez subiendo a una motocicleta conducida por una mujer cuya identidad las autoridades ya conocían, aunque aún no la habían localizado. Cuatro días después, su cuerpo apareció en La Buitrera, una zona rural en las afueras de la ciudad. Lo que vino después fue lo que transformó un crimen terrible en algo que sacudió la conciencia nacional: cuando su madre, Alba Rubí Gómez, fue a reclamar los restos, le confirmaron que la bebé que María Camila llevaba en el vientre ya no estaba allí.

La desaparición del feto del cuerpo de la víctima amplificó el horror del caso. Alba Rubí había creído inicialmente que su nieta permanecía junto a su hija, pero la realidad fue distinta. Un fiscal confirmó lo que la madre ya temía. El caso dejó de ser solo un homicidio; se convirtió en un símbolo de una violencia que parecía no tener límites.

De la Espriella, en su pronunciamiento, fue contundente. Calificó lo ocurrido como aberrante y prometió que una vez tomara posesión el 7 de agosto, impulsaría políticas específicamente diseñadas para proteger a las mujeres y enfrentar con mayor fuerza la violencia de género. "Nunca más estos bandidos tendrán tranquilidad e impunidad. Las mujeres son la base de nuestra sociedad y no permitiré que nadie las ataque", dijo. No eran palabras genéricas de condolencia. Eran un compromiso político anclado en un caso concreto.

Las autoridades de Cali, capital del Valle del Cauca, habían comenzado ofreciendo una recompensa de 50 millones de pesos por información que ayudara a esclarecer el crimen. El viernes, esa cifra fue elevada a 200 millones, un aumento que reflejaba tanto la urgencia de la investigación como la presión pública que el caso generaba. A pesar de esto, no se habían reportado capturas. La Fiscalía y la Policía continuaban adelantando diligencias con varias personas consideradas de interés, entre ellas la expareja de la víctima.

Lo que quedaba claro era que el caso de María Camila Potosí había trascendido los límites de un crimen local. Se había convertido en un punto de inflexión en la conversación nacional sobre violencia contra las mujeres, y en una prueba temprana de cómo el presidente electo pensaba responder a ella.