PP y Vox tramitan por urgencia una universidad privada en Mallorca entre críticas por falta de transparencia

El Parlament balear activó esta semana un procedimiento de urgencia para impulsar la creación de la Universidad de Mallorca, una institución privada cuyo trámite legislativo fue insertado de última hora en el orden del día del pleno. Los votos del Partido Popular y Vox permitieron que la proposición de ley avanzara, mientras el PSIB-PSOE optó por abstenerse. La maniobra legislativa generó inmediato rechazo de la izquierda parlamentaria, que denunció la falta de transparencia y cuestionó las prisas con que se tramitaba un proyecto que apenas una semana antes había sido registrado.

La iniciativa llega en un contexto de tensión política sobre el modelo universitario balear. El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades había emitido un informe desfavorable sobre el proyecto, cuestionando su viabilidad financiera y las garantías docentes e investigadoras que ofrecería. Ese dictamen no era vinculante, por lo que la evaluación recayó en la Conselleria balear de Educación, que inició su propio procedimiento. La Conferencia General de Política Universitaria finalmente emitió el informe preceptivo necesario para avanzar. Según denunció la plataforma Adema, este paso se produjo dieciocho meses después de que la Conselleria remitiera la memoria inicial, una demora que atribuyó a una decisión política del Ministerio.

El Govern balear ya había mostrado su apuesta por esta universidad privada en septiembre, cuando declaró el nuevo centro universitario Beato Luis Belda de Menorca, adscrito a la institución católica privada CEU San Pablo, como proyecto de especial interés estratégico. Con esa decisión, el Ejecutivo de Marga Prohens otorgaba un trato preferente a una iniciativa educativa confesional, situándola en la misma categoría que proyectos empresariales considerados esenciales para la transformación económica de las islas. El vicepresidente primero, Antoni Costa, afirmó que el Govern no pondría obstáculos al proceso de creación de estos centros privados, argumentando que la oferta de la Universitat de les Illes Balears debía ser complementada con iniciativas privadas.

Durante el debate parlamentario, la diputada del PP Ana Isabel Curtó defendió que la toma en consideración de la ley era la continuación natural de un proceso administrativo ajustado a derecho. Argumentó que la Universidad de Mallorca sería un complemento que no sustituiría a la UIB, que seguiría siendo el centro público de referencia de las islas. Según su exposición, el actual sistema universitario balear era incapaz de responder a las necesidades formativas actuales y a la demanda de nuevos perfiles profesionales que resultaban esenciales para mantener la competitividad de la comunidad autónoma.

La izquierda parlamentaria rechazó esta justificación. José María García, de Unidas Podemos, manifestó que no entendía las prisas por tramitar la norma y advirtió que la toma en consideración sin debate previo en Junta de Portavoces podía sentar un precedente preocupante. Cuestionó además varios aspectos del texto legal, como la figura jurídica de Adema, constituida como sociedad de responsabilidad limitada, y el reglamento de acceso del alumnado, expresando preocupación por cómo se establecerían las limitaciones por razón de patrimonio económico.

Més per Mallorca criticó la deriva privatizadora generalizada del sistema universitario y advirtió que la creación de la Universidad de Mallorca podría condicionar la arquitectura educativa del archipiélago durante las próximas décadas. La diputada Maria Ramon señaló que el problema no era demonizar empresas, sino que el Govern confundía una iniciativa privada con las políticas públicas. Desde Més per Menorca, Joana Gomila recriminó que se acelerase la creación de esta universidad privada mientras la educación pública funcionaba al ralentí, y lamentó la falta de transparencia y participación en el proyecto.

El PSIB-PSOE justificó su abstención argumentando que, a diferencia de la operación del CEU San Pablo, la proposición de ley de creación de la Universidad de Mallorca iba acompañada de garantías y había contado con diálogo con la comunidad universitaria. Sin embargo, la diputada Mercedes Garrido reconoció que su grupo tenía dudas y preocupaciones, y advirtió que estarían vigilantes para evitar que la nueva universidad se convirtiera en un activo financiero. Tras su toma en consideración, la iniciativa continuará su tramitación parlamentaria con un período de quince días para que los grupos recauden opiniones, seguido de la apertura de plazo de enmiendas.