PNP aclara intervención en tienda limeña y responde a denuncias sobre incautación de equipos

El 7 de agosto de 2026, efectivos de la Policía Nacional del Perú ingresaron a Optimus Enterprise, una tienda ubicada en el jirón Placa 162 del Cercado de Lima, para investigar la venta de productos tecnológicos de procedencia extranjera. Según la versión oficial de la institución, el operativo fue ejecutado por personal especializado en delitos aduaneros y tributarios, y se enfocó en verificar la documentación que acreditara el ingreso legal de teléfonos celulares Apple, cargadores y otros artículos al país. Los agentes otorgaron un plazo para que se presentaran los comprobantes correspondientes.

Cuando no se presentó documentación dentro del tiempo establecido, la PNP comunicó el caso al Ministerio Público y procedió a incautar los productos, que fueron internados en los almacenes de SUNAT-Aduanas conforme a la Ley 28008 de Delitos Aduaneros. La institución sostiene que todo el procedimiento contó con respaldo documental y se desarrolló dentro del marco normativo vigente, respetando los derechos de la persona intervenida.

Pero la versión del empresario Luis Herrera presenta una narrativa distinta. Herrera afirma que los agentes ingresaron inicialmente al local haciéndose pasar por compradores antes de ejecutar la intervención. Según su relato, durante el operativo fueron retirados varios artículos del establecimiento, incluyendo dos teléfonos celulares que estaban sobre su escritorio. Herrera sostiene que uno de esos dispositivos era de uso personal, no parte del inventario comercial.

Lo que amplificó la denuncia fue lo que ocurrió después. Cinco días después del operativo, Herrera utilizó una aplicación de localización en uno de los teléfonos sustraídos y observó que el dispositivo se encontraba en un punto del distrito del Rímac. Este hallazgo generó cuestionamientos públicos sobre el destino de los bienes retirados y la conducta de los efectivos policiales. Un video difundido en redes sociales llevó la controversia al espacio público, generando dudas sobre la actuación de los agentes.

La PNP respondió a través de una aclaración oficial, argumentando que las afirmaciones formuladas contra los efectivos no coinciden con los actuados documentados. La institución enfatizó que el informe del caso establece que la diligencia se desarrolló conforme a derecho y que existió comunicación permanente con el Ministerio Público durante el procedimiento. Como respaldo de su posición, la PNP citó las actas y documentos incorporados a las diligencias, así como el internamiento de los productos en los almacenes aduanales.

Ante esta confrontación de versiones, la Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú tomó conocimiento de las imágenes y cuestionamientos difundidos en redes sociales. La institución anunció que iniciará las acciones de control e investigación que correspondan dentro de sus competencias. Esta revisión permitirá determinar los aspectos vinculados con la actuación del personal policial y el desarrollo de la diligencia cuestionada, con el objetivo declarado de garantizar la transparencia y el respeto del debido procedimiento.

El caso presenta así dos narrativas enfrentadas: por un lado, la versión institucional de un operativo vinculado con productos de procedencia extranjera cuya documentación no fue presentada; por otro, los cuestionamientos públicos sobre el retiro de bienes personales y su posterior ubicación fuera de las instalaciones policiales. La investigación de la Inspectoría General quedará a cargo de determinar cuál de estas versiones se ajusta a los hechos y si la actuación de los efectivos fue conforme a los protocolos establecidos.